El 29 de agosto, un grupo de militares intentó tomar una instalación estratégica en Niamey, capital de Níger. La rebelión se concentró alrededor de la Base Aérea 101, ubicada en el complejo del aeropuerto internacional Diori Hamani, y terminó después de varias horas de enfrentamientos con las fuerzas leales a la junta. En la recuperación de la instalación participaron efectivos rusos del Africa Corps, un detalle que habría sido difícil de imaginar pocos años atrás.
El 4 de septiembre, el Gobierno nigerino dio al episodio una dimensión internacional al acusar a Francia de haber instigado la rebelión. Niamey asegura tener elementos para sostener la acusación. París, por su parte, rechaza cualquier implicación. Hasta ahora, no se han presentado públicamente pruebas independientes suficientes que permitan afirmar que Francia organizó el intento de golpe. Ese dato debe permanecer en el centro de cualquier análisis serio.
Pero tampoco basta con responder que, como no existe una prueba pública concluyente, la acusación carece de importancia. En relaciones internacionales, los antecedentes importan, los intereses importan y las capacidades importan. La pregunta pertinente es qué ocurrió entre Francia y Níger durante las últimas décadas y qué razones tendría París para preocuparse por el rumbo actual del país.
Níger se independizó de Francia en 1960. La separación jurídica del poder colonial, sin embargo, no eliminó la influencia francesa. París mantuvo durante décadas vínculos políticos, militares y económicos privilegiados con sus antiguas colonias africanas. En el caso nigerino, la investigación histórica de Klaas van Walraven muestra que Francia intervino durante el proceso de descolonización de 1958 para favorecer una evolución política compatible con sus intereses y debilitar al movimiento Sawaba. Ese episodio no prueba una intervención en 2026, pero sí recuerda que la relación franco-nigerina nació dentro de una marcada asimetría de poder.
A esa historia se suma un interés material. Níger posee importantes recursos de uranio y, durante décadas, la empresa francesa Orano mantuvo operaciones mineras en el país. Después del golpe de 2023, la relación se deterioró hasta convertirse en una disputa abierta. Las autoridades nigerinas tomaron el control de Somaïr, filial de Orano, y la compañía francesa recurrió a mecanismos internacionales para defender sus intereses. El uranio no demuestra que París haya promovido la rebelión; sí demuestra que Francia tiene intereses económicos concretos en Níger.
El verdadero quiebre llegó el 26 de julio de 2023. El presidente Mohamed Bazoum fue derrocado por militares encabezados por Abdourahamane Tiani. Francia exigió el retorno al orden constitucional y, después de una creciente confrontación con la junta, retiró sus tropas. Níger dejó así de ser uno de los principales puntos de apoyo de la estrategia francesa de seguridad en el Sahel.
El vacío no duró mucho. Níger profundizó sus vínculos con Rusia, siguiendo una tendencia que también se había producido en Mali y Burkina Faso. La crisis de agosto de 2026 mostró hasta dónde ha llegado el cambio: cuando la junta fue desafiada por militares rebeldes, fueron fuerzas rusas las que participaron en su defensa. La potencia que antes garantizaba parte de la seguridad del régimen había cambiado.
Sin embargo, aquí aparece una dificultad para quienes quieren explicar todo como una operación francesa. Los reportes sobre el motín apuntan también a causas internas: militares procedentes de zonas golpeadas por la insurgencia yihadista, fuertes pérdidas dentro de las fuerzas armadas y descontento por las condiciones de servicio. Existe, por tanto, una explicación doméstica suficientemente seria para entender la rebelión sin necesidad de recurrir a una conspiración extranjera.
Eso no significa que una intervención extranjera sea imposible. Una crisis puede tener causas internas y, al mismo tiempo, ser aprovechada por terceros. Pero la diferencia entre sospechar una intervención y demostrarla es, precisamente, la evidencia. No basta con establecer que Francia tenía motivos; habría que demostrar una conexión operacional entre el Estado francés y los militares que intentaron tomar la instalación.
Si esa conexión llegara a demostrarse, además, aparecería un problema jurídico. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. El principio de no intervención protege, además, la libertad de los Estados para decidir sus asuntos internos sin coerción externa. El precedente de Nicaragua es particularmente importante: en 1986, la Corte Internacional de Justicia consideró ilícitas determinadas formas de intervención y apoyo estadounidense a fuerzas que buscaban alterar por la fuerza el orden político nicaragüense.
La regla debe ser la misma para Washington, Moscú o París. Una potencia no adquiere un derecho especial a intervenir en otro Estado porque tenga intereses económicos, vínculos históricos o un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Si Francia hubiera financiado, dirigido o apoyado una operación destinada a derrocar al Gobierno nigerino, la gravedad de la conducta no dependería de quién la hubiese cometido.
Pero esa es, precisamente, la razón por la que tampoco debemos condenar a Francia antes de tener pruebas. Hacerlo convertiría un análisis internacional en una acusación política. Y eso sería particularmente desafortunado en un caso donde los intereses son evidentes y la propaganda de todos los actores es intensa.
Mientras esta disputa se desarrolla, Francia intenta redefinir su posición internacional. En marzo de 2026, Emmanuel Macron anunció una nueva etapa de la doctrina nuclear francesa, la denominada “disuasión avanzada”, y planteó una participación europea más estrecha alrededor de la capacidad estratégica francesa, manteniendo en París la decisión sobre el empleo del arsenal. Es una señal de que Francia busca conservar —y ampliar— su peso como potencia estratégica, especialmente dentro de Europa.
La paradoja es que ese esfuerzo ocurre mientras el margen de maniobra francés en el Sahel se reduce. Francia perdió presencia militar en Níger, enfrenta una disputa económica por activos estratégicos y observa cómo Rusia ocupa parte del espacio que dejó. No hace falta asumir que todo responde a un mismo plan para reconocer que París tiene mucho en juego.
Por eso, la acusación de Niamey merece ser investigada, no aceptada ni descartada por reflejo. La historia demuestra que Francia no ha sido un actor ajeno a los asuntos nigerinos; los intereses económicos demuestran que tampoco es un actor indiferente; y la geopolítica actual demuestra que su posición regional se ha deteriorado profundamente. Nada de eso constituye, por sí mismo, prueba de una operación clandestina. Sí constituye una razón suficiente para exigir que, si existen pruebas, sean presentadas y examinadas con rigor.
En última instancia, el caso de Níger plantea una cuestión que trasciende a Francia. Para países como Costa Rica, que han construido buena parte de su política exterior sobre la defensa de la soberanía, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional, importa que esas reglas sean aplicadas con independencia del tamaño o poder del Estado acusado. La no intervención no puede ser una norma para los débiles y una excepción para las grandes potencias.
Hoy no podemos afirmar que Francia organizó el intento de rebelión. Tampoco sería serio fingir que Francia carece de intereses en lo que ocurre en Níger. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo: la primera exige pruebas; la segunda ya está respaldada por la historia, los vínculos económicos y la realidad estratégica.
La pregunta, entonces, sigue abierta. ¿Estamos ante una rebelión nacida principalmente de las fracturas internas de Níger, ante una crisis aprovechada por actores externos o ante una combinación de ambas cosas? La respuesta no debería decidirla la propaganda de Niamey, Moscú o París. Deberá decidirla la evidencia.