La billonaria deuda del Estado —o, específicamente, del Ministerio de Hacienda— con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no solo se traduce en mayores tiempos de espera para cirugías y citas con especialistas, problemas de infraestructura, escasez de personal médico calificado y desabastecimiento parcial de suministros y medicamentos. También tiene consecuencias humanas que rara vez aparecen en las estadísticas: dolor y sufrimiento para los usuarios y, potencialmente, la muerte prematura de amigos, vecinos y familiares.
Poco después del anochecer del sábado 8 de agosto ocurrió un accidente de tránsito en mi comunidad, ubicada en la zona sur de Costa Rica[i]. El conductor del vehículo que llevó la peor parte fue trasladado por sus familiares a la clínica del Área de Salud correspondiente, ante la falta de ambulancias disponibles, y posteriormente al principal hospital de referencia de la región Brunca. En el servicio de emergencias examinaron al paciente y sus radiografías, suturaron las lesiones sufridas y lo enviaron a su casa con analgésicos y antiinflamatorios. El diagnóstico de egreso fue una fractura sin desplazamiento de la clavícula izquierda.
Sin embargo, durante los dos días siguientes, nuestro vecino continuó empeorando. Presentaba dolor torácico intenso, dificultad respiratoria progresiva y palidez acompañada de cianosis, por lo que solicitó nuevamente atención médica. En el Hospital Escalante Pradilla y, posteriormente, en la clínica del Instituto Nacional de Seguros (INS) de Pérez Zeledón, le repitieron las radiografías de tórax y le realizaron exámenes de laboratorio.
Don Eduardo, nuestro vecino, falleció el martes 11 de agosto, después de las dos de la tarde, mientras esperaba la autorización de un especialista para ser trasladado al Hospital del Trauma del INS, en San José.
Desconocemos los detalles de su condición clínica al momento de su ingreso al servicio de emergencias y, por tanto, no podemos determinar, a partir de este relato, si las decisiones médicas adoptadas fueron correctas. Sin embargo, el caso plantea preguntas que merecen una respuesta: ¿qué ocurrió durante la atención de don Eduardo en el Hospital Escalante Pradilla? ¿Se identificaron oportunamente las posibles complicaciones de su trauma? ¿Era necesario mantenerlo hospitalizado bajo observación?
Estas preguntas son particularmente relevantes porque un paciente con trauma torácico puede desarrollar complicaciones potencialmente graves después de la evaluación inicial. La necesidad de observación hospitalaria, estudios adicionales o intervención especializada depende de la naturaleza y gravedad de las lesiones y de la evolución clínica del paciente. Por ello, corresponde a las autoridades sanitarias y a los especialistas determinar, mediante una investigación objetiva, si en este caso se cumplieron los protocolos y estándares de atención aplicables.
El financiamiento de los servicios de salud de la CCSS, correspondientes al Régimen de Enfermedad y Maternidad, se sustenta en un modelo tripartito de cotizaciones obligatorias. El patrono aporta un porcentaje de los salarios, al igual que los trabajadores, mientras que el Estado realiza las contribuciones que le corresponden conforme al marco legal vigente. Asimismo, el Estado asume el costo del aseguramiento de las personas y familias en condición de pobreza y las cuotas patronales correspondientes a los funcionarios públicos que laboran para los ministerios y dependencias del Gobierno Central.
No obstante, el incumplimiento o atraso en el pago de las obligaciones del Estado con la CCSS ha generado durante años una deuda de enormes dimensiones. Según las cifras que se han señalado públicamente, esta deuda asciende actualmente a alrededor de ₡4.434.400 millones y continúa creciendo a un ritmo estimado en aproximadamente ₡55.000 millones mensuales[ii].
Más allá de las cifras, la pregunta fundamental es qué consecuencias tiene esta situación sobre la capacidad de la CCSS para brindar servicios oportunos y de calidad.
La falta crónica de financiamiento adecuado contribuye a que los servicios de emergencias de los hospitales de la CCSS enfrenten una creciente saturación. La falta de camas disponibles en los salones de hospitalización, la escasez de personal calificado —incluidos médicos especialistas, enfermeras y personal de apoyo—, la elevada cantidad de pacientes que consultan por condiciones que podrían atenderse en el primer nivel de atención, el déficit de determinados equipos y el eventual faltante de medicamentos son algunos de los problemas más visibles de una crisis que se ha agravado con el tiempo.
La crisis también golpea directamente al personal de los servicios de emergencias. Las jornadas extenuantes y la falta de descanso adecuado provocan saturación y sobrecarga laboral. El déficit de personal y especialistas obliga a los trabajadores disponibles a asumir jornadas adicionales. Los atrasos e inconsistencias salariales asociados a problemas en las plataformas de gestión de planillas generan frustración e incertidumbre. A ello se suma el desgaste emocional producido por pacientes insatisfechos o desesperados ante la imposibilidad de obtener una respuesta oportuna a sus necesidades de salud.
Todo esto configura un entorno en el que el agotamiento físico y emocional puede aumentar el riesgo de errores y afectar la calidad de la atención. Los profesionales de la salud, por supuesto, siguen teniendo la responsabilidad de brindar una atención adecuada; pero tampoco puede ignorarse que las condiciones estructurales en las que trabajan influyen sobre la capacidad del sistema para responder de manera segura y eficiente.
La negligencia institucional puede entenderse como el incumplimiento del deber de cuidado y de las obligaciones que corresponden a una institución respecto de las personas bajo su responsabilidad. Desde esta perspectiva, el incumplimiento sistemático de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS no debería analizarse únicamente como un problema contable o presupuestario. Sus consecuencias, en realidad, se trasladan al funcionamiento cotidiano de los servicios de salud y, finalmente, a la vida y el bienestar de las personas.
El caso de don Eduardo nos obliga a mirar más allá de las cifras. Su muerte no puede atribuirse automáticamente a la deuda del Estado con la CCSS ni a una eventual falla específica en la atención médica sin una investigación que establezca una relación causal. Pero tampoco deberíamos aceptar que una muerte posiblemente evitable quede reducida a una estadística más.
Por eso es necesario investigar qué ocurrió, identificar las responsabilidades que correspondan y determinar si las limitaciones estructurales del sistema contribuyeron de alguna manera al desenlace. Porque cuando un sistema de salud pierde capacidad de respuesta, las consecuencias no siempre aparecen inmediatamente en los informes financieros. A veces tienen rostro, nombre y familia. Y esas son las muertes silenciosas que una sociedad responsable no debería permitir que permanezcan en silencio.