El ambientalismo nunca ha sido una corriente ideológica única. Desde sus orígenes modernos ha reunido visiones distintas sobre qué debe protegerse, por qué debe protegerse y cuáles son los instrumentos adecuados para hacerlo. Reconocer esa diversidad resulta especialmente importante para comprender la naturaleza del Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica (PCA): su pluralidad no constituye una anomalía ni una debilidad institucional, sino que refleja la propia evolución del pensamiento y de la acción ambiental contemporánea.
Una referencia clásica es la tipología de Joan Martínez-Alier, quien identificó tres grandes corrientes del ambientalismo: el culto a la vida silvestre, asociado al preservacionismo y la conservación; el evangelio de la ecoeficiencia, que confía en la innovación tecnológica, la gestión y los instrumentos económicos; y el ambientalismo de los pobres o movimiento de justicia ambiental, surgido de conflictos por la distribución desigual de costos y beneficios ambientales. El propio Martínez-Alier advierte que estas corrientes no son compartimentos estéticos, sino ramas de un mismo árbol que se entrecruzan.
Ese esquema continúa siendo extraordinariamente útil, pero la realidad ambiental del siglo XXI muestra que el árbol ha producido nuevas ramas. Una primera ampliación proviene del ecologismo indígena y territorial-relacional. Investigaciones latinoamericanas han demostrado que las reivindicaciones indígenas no pueden reducirse simplemente a justicia distributiva: incorporan autodeterminación, territorio, conocimientos propios y relaciones de reciprocidad con seres no humanos. Astrid Ulloa denomina a esta perspectiva justicia ambiental indígena relacional, precisamente porque amplía las categorías convencionales de la justicia ambiental.
También deben reconocerse las ecologías espirituales y religiosas, que asignan a la naturaleza valores sagrados, simbólicos o relacionales que no se explican únicamente mediante utilidad económica o conservación biológica. Abogan por el cuidado de la Casa Común con fuerte influencia conceptual de la Encíclica Laudato Si (ecología integral). Sin embargo, conviene diferenciarlas de otra corriente que ha adquirido identidad propia: la ética animal y la justicia multiespecie. El bienestar animal, los derechos animales y el antiespecismo colocan en el centro al individuo sintiente, mientras que la conservación tradicional suele priorizar especies, poblaciones o ecosistemas. Más recientemente, la justicia multiespecie ha comenzado a trasladar esa discusión desde la ética hacia la política pública, preguntando si los animales y otros seres vivos pueden ser también sujetos de reconocimiento y consideración dentro de decisiones ambientales.
A ello se suma el crecimiento de un ambientalismo urbano, respaldado por la ecología política urbana y la justicia ambiental urbana. Las ciudades ya no se entienden como espacios separados de la naturaleza, sino como sistemas socioecológicos atravesados por flujos de agua, energía, residuos, movilidad, alimentos y biodiversidad. Contaminación atmosférica, acceso desigual a áreas verdes, inundaciones, calor urbano, saneamiento, movilidad sostenible y hasta la convivencia con otras especies han generado agendas ambientales con actores y conflictos propios.
Por ello, una clasificación contemporánea del sector ambiental puede reconocer siete grandes familias: preservacionismo/conservacionismo; tecnoeficiencia o modernización ecológica; ambientalismo social y justicia ambiental; ecologismo indígena y territorial-relacional; ecologías espirituales; ética animal y justicia multiespecie; y ambientalismo urbano/ecología política urbana. No se trata de sustituir las clasificaciones anteriores, sino de actualizarlas para reflejar problemas, sujetos y valores que han adquirido autonomía en las últimas décadas.
Esta evolución ayuda a comprender particularmente bien al Parlamento Cívico Ambiental. Desde su creación, la Asamblea Legislativa lo concibió como un espacio de representación plural de organizaciones sociales, empresariales, académicas y ambientales. En su primera sesión plenaria de 2019 participaron distintas fracciones cívicas, entre ellas organizaciones ambientalistas, academia, reservas privadas, gestores públicos, empresarios ambientales y sector forestal. Para 2026, tiene una composición todavía más diversa, con ONG, movimientos ciudadanos, empresas, universidades, redes juveniles, organizaciones gremiales, científicas y organizaciones de afiliación religiosa. Así, sus comisiones temáticas sobre biodiversidad, bienestar animal y áreas protegidas, democracia ecológica, derechos humanos y justicia, energía y minas, asuntos marino-costeros, recurso hídrico, sostenibilidad urbanística, actividades económicas sostenibles y servicios ecosistémicos aprovechan esa diversidad.
Esa composición muestra algo importante: el PCA ya contiene institucionalmente varias de las nuevas corrientes del ambientalismo contemporáneo. Bienestar animal introduce preocupaciones multiespecie; sostenibilidad urbanística incorpora la dimensión urbana; democracia ecológica conecta con justicia ambiental; actividades económicas sostenibles hace convivir aproximaciones sociales con instrumentos de innovación y eficiencia; mientras biodiversidad mantiene la tradición conservacionista.
Por eso, pretender que un parlamento ambiental sea ideológicamente homogéneo sería contradictorio con la evolución histórica del propio ambientalismo. Su valor reside precisamente en permitir que distintas concepciones de la relación sociedad-naturaleza dialoguen, discrepen y produzcan posiciones colectivas.
La diversidad del Parlamento Cívico Ambiental no necesita justificarse como una excepción. Debe reconocerse como parte de su identidad y de su madurez. Un sector ambiental contemporáneo capaz de representar conservación, innovación, justicia social, saberes indígenas, espiritualidad, bienestar animal y problemática urbana se encuentra mejor preparado para enfrentar la complejidad ecológica del siglo XXI que uno organizado alrededor de una sola visión de lo ambiental.