Cuando una institución reclama por un recorte, es fácil pensar que defiende sus intereses. Pero no todos los reclamos son exagerados. Una reducción puede eliminar un gasto prescindible o paralizar un servicio esencial. La cifra puede ser similar; las consecuencias, muy distintas.
El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 obliga a enfrentar esa diferencia. El Poder Ejecutivo presentó un plan de gastos por aproximadamente ₡12,4 billones, cerca de ₡393.000 millones menos que el presupuesto de 2026. La reducción global ronda el 3,1%, pero no se distribuye de manera uniforme. Varias instituciones recibirían menos recursos, mientras otras, entre ellas Hacienda, Salud, Obras Públicas, Vivienda y Ciencia y Tecnología, experimentarían aumentos.
El Poder Judicial tendría una disminución directa superior a ₡10.500 millones y cerca de ₡30.000 millones adicionales quedarían condicionados. Seguridad Pública y Justicia también recibirían menos. El Tribunal Supremo de Elecciones registra una reducción considerable, aunque parte se explica por las elecciones de 2026. La Contraloría, las universidades públicas y la Defensoría también han planteado objeciones.
Surge entonces una pregunta comprensible: si el Estado necesita ahorrar, ¿por qué no reducir el mismo porcentaje a todas las instituciones y rubros? La propuesta parece neutral y reduciría el espacio para premiar a instituciones cercanas o castigar a las incómodas.
El problema es que igualdad aritmética no siempre significa equidad. Los presupuestos institucionales tienen composiciones distintas. Algunas entidades destinan casi todos sus recursos a salarios fijados por ley, servicios básicos y contratos vigentes. Otras pueden posponer inversiones o reducir gastos administrativos. Aplicar un 5% idéntico puede significar menos viajes en una institución y menos investigadores, docentes, policías o defensores públicos en otra.
Por eso, el recorte lineal no debería convertirse en una fórmula automática. Pero rechazarlo tampoco puede servir como permiso para la arbitrariedad. Si los porcentajes o montos han de ser diferenciados, Hacienda debe explicar, con criterios verificables, por qué una institución pierde recursos mientras otra los recibe.
En este debate se invoca constantemente la regla fiscal, algunas veces como si ordenara recortar programas determinados. No es así. La regla establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas limita el crecimiento del gasto según la relación entre la deuda del Gobierno Central y el producto interno bruto, además del crecimiento promedio del PIB nominal. Para 2027, el crecimiento del gasto sujeto a la regla no podría superar el 4,08%.
La regla fija un techo agregado. No ordena reducir ₡10.500 millones al Poder Judicial ni aumentar el presupuesto de un ministerio concreto. Esas son decisiones tomadas durante la formulación presupuestaria. La regla explica por qué existe un límite, pero no determina cómo se distribuye el espacio disponible. Esa distribución sigue siendo una decisión política y administrativa del Ejecutivo, sometida después a discusión legislativa.
También conviene precisar la diferencia entre déficit primario y déficit financiero. El balance primario compara los ingresos con los gastos sin incluir los intereses de la deuda. Las proyecciones oficiales esperan resultados primarios positivos para 2027. Para el sector público no financiero, el escenario base estima un superávit primario cercano al 2,4% del PIB.
El problema aparece al sumar los intereses. Aunque existe un superávit antes de pagarlos, su elevado costo mantiene negativo el resultado financiero. El presupuesto destina alrededor del 40% al servicio de la deuda, 28,2% a transferencias establecidas por ley y 24,7% a remuneraciones. Apenas cerca del 7% queda para otros gastos e inversión, mientras aproximadamente el 38% del presupuesto se financiaría con nueva deuda.
La potestad de Hacienda para ajustar las solicitudes institucionales tiene fundamento constitucional y legal. El artículo 177 de la Constitución encarga al Poder Ejecutivo preparar el proyecto de presupuesto. La Ley de Administración Financiera permite a la Dirección General de Presupuesto Nacional analizar los anteproyectos y efectuar ajustes conforme a la política presupuestaria. Las instituciones proponen, pero Hacienda no está obligada a incluir cada monto solicitado.
Esa discrecionalidad es necesaria porque alguien debe conciliar solicitudes que superan los ingresos disponibles. Sin embargo, discrecionalidad no significa poder ilimitado. Las decisiones deben respetar la legalidad, la razonabilidad, las competencias constitucionales y la continuidad de los servicios. En el caso de órganos de control y otros poderes de la República, también debe preservarse su independencia funcional.
El problema surge cuando no se conoce con claridad el método utilizado para decidir quién pierde y quién gana. Si una institución recibe menos por baja ejecución, duplicidad de funciones o gastos sin resultados, Hacienda debería publicar la evidencia. Si otra recibe más porque atenderá nuevas obligaciones o una demanda creciente, debe explicarlo con igual precisión.
Costa Rica no tiene que escoger entre recortes uniformes y discrecionalidad opaca. Hacienda podría publicar una matriz que explique cada ajuste mediante criterios comunes: ejecución histórica, costo por servicio, crecimiento de la demanda, obligaciones legales, resultados, duplicidades y riesgo para la población. También debería diferenciar los gastos permanentes de los temporales y explicar las consecuencias concretas de cada reducción. Ese método permitiría comparar decisiones, detectar tratamientos inconsistentes y separar la austeridad legítima de una reducción arbitraria. Además, daría a la Asamblea y a la ciudadanía una base común para discutir las prioridades nacionales.
La disciplina fiscal es necesaria. Un país que financia una parte considerable de su presupuesto mediante deuda no puede tratar el gasto como una lista ilimitada de deseos. Pero la austeridad también necesita evidencia, prioridades y controles. De lo contrario, el recorte deja de ser una herramienta financiera y se convierte en una forma silenciosa de gobernar.