Durante las últimas décadas, el análisis del conflicto en Oriente Medio ha experimentado transformaciones en el ámbito público global. Lo que en algún momento se abordó desde marcos analíticos orientados a la diplomacia, el estudio del derecho internacional o la búsqueda de esquemas de coexistencia pragmática se ha ido desplazando progresivamente hacia el dominio de marcos ideológicos absolutos. En este entorno, la complejidad sobre el terreno suele reducirse a categorías maniqueas que simplifican las causas históricas y políticas de la región.
Un factor fundamental en esta transformación narrativa radica en la consolidación del esquema binario entre opresor y oprimido. Bajo este paradigma sociológico y político, la condición de vulnerabilidad de un colectivo se convierte en una categoría moral cerrada que condiciona la interpretación de todos los hechos geopolíticos. La responsabilidad por los acontecimientos violentos o el estancamiento institucional tiende a depositarse en un actor único, mientras las acciones del sector etiquetado como oprimido quedan eximidas del mismo nivel de escrutinio analítico.
Esta asimetría en el examen de las conductas genera el fenómeno denominado en las ciencias sociales como despojo de agencia política, porque, al asumir que la población palestina o sus liderazgos actúan únicamente de manera reactiva ante las políticas de Israel, se invalida implícitamente su capacidad para tomar decisiones estratégicas autónomas. Las determinaciones tomadas por los liderazgos regionales, sus decisiones bélicas o sus violaciones a los derechos humanos son interpretadas con frecuencia como secuelas inevitables del entorno y no como actos políticos conscientes.
El impacto de esta visión es visible en la evolución del arte y el cine documental de la región, donde producciones realizadas por cineastas como la israelí Yulie Cohen en los años dos mil intentaron explorar el trauma, la introspección personal y los puentes de diálogo interregional, con la intención de acercar a las poblaciones hacia el entendimiento y la reparación de las relaciones.
En contraste, las producciones contemporáneas de creadores como el palestino Basel Adra adoptan de forma prioritaria el lenguaje del periodismo de denuncia y el activismo de resistencia, donde el enfoque se traslada íntegramente hacia las acciones del Estado de Israel y la documentación de la ocupación territorial.
Si bien la denuncia de los abusos de poder constituye un pilar esencial del periodismo y del documental, el problema surge cuando este enfoque omite por completo los factores estructurales del liderazgo propio. Las fallas en la gobernanza de la Autoridad Nacional Palestina, caracterizada por la suspensión del ejercicio democrático y el deterioro de las libertades civiles, o las acciones del movimiento islamista Hamás en Gaza hasta hoy, suelen quedar al margen del circuito de festivales y de las producciones culturales de mayor difusión internacional.
Incluso se promueven filmes realizados con el apoyo de este tipo de organizaciones, como el documental sobre Palestina realizado por Rafael Ángel Rangel, que incluso se presenta como una película que recibió apoyo de la “Resistencia” (Hamás), mostrando de nuevo este factor de flexibilidad moral con la organización islamista.
Esta omisión de responsabilidad se manifiesta también de forma constante en informes de organismos internacionales centrados en los derechos de las mujeres o de las minorías en los territorios palestinos. En documentos técnicos, fenómenos como la violencia intrafamiliar o la impunidad en crímenes de honor son explicados mediante una supuesta cadena de frustración derivada del control israelí, por lo que, al atribuir la violencia machista a un factor externo, se diluye la responsabilidad penal y moral del agresor directo y se debilita la exigencia de reformas legales internas.
La aplicación dogmática de conceptos como la interseccionalidad ha acentuado esta distorsión analítica al jerarquizar las identidades en función del poder relativo de los grupos en conflicto. Cuando las vulnerabilidades étnicas, de género o de condición nacional se organizan en una estructura rígida, la violencia ejercida por el grupo categorizado como oprimido corre el riesgo de ser conceptualizada y romantizada como una forma inevitable de resistencia. Así, los estándares de derechos humanos pierden su carácter universal para convertirse en instrumentos condicionados por la posición política del actor.
A esto se suma la participación de ciertos sectores del activismo y de la intelectualidad israelí o judía internacional. La aparición de figuras dedicadas a un discurso de severa impugnación contra sus propias instituciones nacionales responde, en múltiples casos, a una dinámica de autoflagelación ideológica que prioriza la catarsis moral sobre la evaluación objetiva del escenario de seguridad. La disidencia interna es leída frecuentemente a través de un prisma que sustituye el debate riguroso por la búsqueda de una expiación personal.
Dentro del circuito mediático e internacional, estas posturas disidentes sufren un proceso de instrumentalización y tokenización política. La cita de autores judíos o activistas de la disidencia israelí es utilizada por diversos sectores para blindar sus propios discursos contra acusaciones de sesgo antiisraelí. La premisa retórica sostiene que la validez de un argumento se incrementa si proviene de un miembro del propio colectivo criticado, lo que conduce a la sobrerrepresentación de posturas absolutamente marginales en la sociedad de origen.
La instrumentalización del testimonio disidente altera la calidad de la discusión pública al sustituir el rigor de los datos empíricos por el argumento de autoridad moral. Al elevar la culpa identitaria al rango de prueba incontestable, se cancela la posibilidad de examinar los dilemas reales de seguridad, la inviabilidad de ciertas propuestas políticas o el papel de las potencias regionales en el sostenimiento del conflicto, transformando el debate en un espectáculo de validación ideológica.
El resultado es una parálisis de la autocrítica y un estancamiento de las soluciones viables. Una cultura política que exime a una de las partes de su responsabilidad institucional y moral no contribuye a su emancipación, sino que profundiza su dependencia de relatos externos de victimización. La construcción de un horizonte de paz requiere una aproximación madura en la que todos los actores involucrados sean reconocidos como sujetos de derecho, con plena agencia política y capacidad para asumir sus propias responsabilidades históricas.