El derecho a reprobar
La evaluación de los aprendizajes suele ser recordada como la gran villana en la historia educativa de todos. Posiblemente, usted recuerde muchas ocasiones en las que sintió altos grados de estrés ante un examen, la entrega de un trabajo final o una exposición, deseando con todas sus fuerzas que la evaluación no existiera. Para empezar esta reflexión, quiero compartir una lamentable historia de la vida real que le permitirá concluir por usted mismo por qué evaluar correctamente es vital.
Se trata de Lucy Letby, una enfermera británica condenada a cadena perpetua por asesinar a siete bebés e intentar matar a otros seis en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester, en Inglaterra. Letby inyectaba aire en el torrente sanguíneo de los recién nacidos, los alimentaba a la fuerza con exceso de leche o los envenenaba con insulina. Cuando los médicos notaron un aumento inexplicable en las muertes infantiles, alertaron a la gerencia, lo que desencadenó una exhaustiva investigación policial. En agosto de 2023, tras un largo juicio, un jurado la declaró culpable y el tribunal la sentenció a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.
¿Qué relación tiene una historia tan terrible con la evaluación de los aprendizajes?
Para obtener su licencia de enfermería, Letby tuvo que completar sus estudios en la Universidad de Chester. Durante su evaluación final en 2011, ocurrió un hecho crítico que salió a la luz durante las investigaciones: reprobó inicialmente su última práctica estudiantil porque su evaluadora la consideró "fría" y carente de empatía.
Su mentora, Nicola Lightfoot, una enfermera experimentada que supervisaba su práctica final, emitió un reporte muy negativo. Detalló que Letby presentaba serios problemas de comunicación, le costaba notar los signos de ansiedad o dolor en los bebés y fallaba constantemente al retener información sobre las dosis de medicamentos. Lightfoot dictaminó que la estudiante necesitaba mucha más supervisión de la normal para su nivel y se negó a firmar la aprobación de sus competencias. Esto significaba que Letby no podía graduarse ni obtener su licencia profesional.
Si esta evaluación rigurosa se hubiera respetado, seis bebés, junto con sus padres, abuelos y familias enteras, no habrían experimentado las atrocidades provocadas por Letby.
Sin embargo, aquí surge un punto controversial y digno de análisis: la figura de la apelación. Letby se quejó formalmente ante la universidad, argumentando sentirse "intimidada" por la rigurosidad de su evaluadora. A pesar de la debilidad del argumento, la institución aceptó la queja y le asignó una nueva mentora para reevaluarla.
Esta nueva evaluadora decidió aprobarla. No obstante, años después confesó en la investigación pública que se sintió profundamente dividida y en conflicto interno al otorgarle el aprobado; aun con dudas, lo hizo.
Como educadora, me sentí identificada con ambas profesionales. La primera evaluó con rigurosidad y de forma certera, pero su juicio fue descalificado ante la endeble queja de una estudiante. La segunda recibió la instrucción de un superior para reevaluar a una alumna disconforme. He estado en ambos lugares, y los dos son sumamente incómodos para quienes trabajamos en educación o evaluación. En ambos escenarios se nos somete a un juicio social y laboral sin reglas claras, donde rápidamente nos convertimos en los "villanos" de la historia, indignos de confianza. Esto es síntoma de una cultura dentro de los sistemas educativos y evaluativos donde convergen familias, estudiantes o postulantes quejosos con evidentes conflictos de interés y jefaturas que ceden fácilmente a las presiones con tal de evitar el conflicto.
En las últimas décadas, cuando un docente o un profesional en psicología o trabajo social asume el rol de evaluar —ya sea en un proceso de aprendizaje o para certificar competencias—, queda en una posición de absoluta vulnerabilidad. Uso esta palabra a conciencia: la distancia entre ser la persona evaluadora y sufrir un linchamiento social es cortísima.
En Costa Rica, el Décimo Informe del Estado de la Educación confirma que los estudiantes acumulan años en el sistema escolar arrastrando graves deficiencias de aprendizaje. En primer grado, solo el 63% de los niños alcanza el nivel de lectura esperado; en quinto grado, la cifra baja al 57%. En secundaria, tres de cada cuatro jóvenes no comprenden los textos que leen de acuerdo con su edad. El estudiantado avanza de nivel careciendo de las destrezas básicas al terminar la primaria y la secundaria. Esto se traduce en personas incapaces de interpretar su realidad, de comunicarse funcionalmente, de seguir instrucciones o respetar normas; en suma, genera adultos disfuncionales en múltiples ámbitos de la vida.
Cuando se publicaron estos datos en 2025, durante una conversación, mi hermano hizo un comentario doloroso: "Es responsabilidad de los profesores, que no evalúan bien". Me quedé en silencio. Esto rara vez me pasa, pero tuvo razón: la única forma en que un estudiante avance en el sistema sin aprender es si la evaluación carece de confiabilidad, objetividad y rigor científico.
Le invito a imaginar la siguiente realidad: un docente (de cualquier nivel o especialidad) evalúa de forma rigurosa mediante instrumentos válidos, demostrando con evidencias de desempeño quiénes adquieren los aprendizajes y quiénes no. Al final de un periodo educativo, agotado frente a su computadora, repasa la lista de reprobados. Sabe perfectamente que cada estudiante reprobado implicará un verdadero infierno: cuestionamientos irrespetuosos del estudiantado, reacciones violentas de las familias (especialmente en primaria y secundaria) y la aparición de comités de evaluación que actúan como verdugos listos para "cortarle la cabeza". A esto se suman los cuestionamientos de la jefatura, que obligan al educador a defenderse una y otra vez, de forma oral y escrita, como si enfrentara un juicio por un delito gravísimo. ¿Qué haría usted ante ese panorama?
Antes de responder, vuelva a pensar en la historia de la enfermera Lucy Letby.
Esta reflexión debe ser mucho más profunda y abierta de lo que permite un artículo de opinión, pero es urgente. En Costa Rica se están graduando profesionales "Lucy": enfermeros, docentes, abogados y médicos que causarán daño porque jamás debieron avanzar académicamente. La evaluación sirve para mejorar, pero, cuando la mejora profunda no ocurre, su función ineludible es impedir que se haga daño ostentando un título vacío de conocimientos o competencias reales.
Concluyo exaltando la importancia histórica de las evaluaciones realizadas por los colegios profesionales, las pruebas de idoneidad y los rigurosos filtros de psicología y trabajo social en los procesos de selección laboral. He constatado de primera mano su inmenso valor, así como los constantes cuestionamientos que enfrentan. Hago un llamado de atención urgente a las autoridades educativas y académicas de todos los niveles para que asuman su responsabilidad e inicien las acciones necesarias para transformar esta peligrosa realidad.