Vivimos organizados en familias, ciudades y Estados. Ninguna de las tres es un dato natural: son innovaciones humanas, formas de comportamiento que fuimos construyendo para sobrevivir mejor, convivir mejor y prosperar juntos.
La familia fue, quizás, el primer gran invento de la especie. No nació de un plan, sino de una necesidad: el infante humano no sobrevive sin cuidado prolongado, y ese cuidado se garantiza mucho mejor en pareja que en soledad. Alrededor de ese núcleo de supervivencia germinó algo más profundo. En la familia nadie puede vivir como si viviera solo: hay que ceder, limitarse, compartir. Hay compromiso, hay renuncia y hay responsabilidad, aunque nadie nos siente a explicarlo cada mañana en el desayuno. Por eso, la familia funciona, ante todo, como una escuela: la primera donde aprendemos que nuestros gustos y derechos tienen límites porque hay otros con quienes convivimos.
De ese núcleo familiar surgió la ciudad. El aislamiento se puede tolerar, pero deteriora; el intercambio, más bien, enriquece. Vivir juntos permitió que unos se especializaran en el pan y otros en el carbón, y que esa especialización multiplicara el bienestar de todos. La vida urbana fue un cambio de paisaje y también la comprobación, a fuerza de prueba y error, de que en comunidad se vive más seguro y se satisfacen mejor las necesidades que viviendo de forma dispersa.
De la ciudad al Estado hubo un salto adicional: la posibilidad de vivir de acuerdo con un pacto, en lugar de someterse a la imposición de quien tiene más fuerza. Ese pacto social es hoy, en buena parte de Occidente, una democracia sostenida por un Estado de derecho. A cambio de integrarnos a él, recibimos libertad, justicia y paz, los tres valores supremos de la vida en comunidad, además de los servicios y garantías que el Estado provee gracias a que todos contribuimos a sostenerlo.
Justo aquí está lo que a menudo pasamos por alto: la ciudadanía es, como la familia, un conjunto de reglas para la convivencia armoniosa. Con una diferencia crucial: las normas de la vida doméstica se transmiten en la cotidianidad del hogar, mientras que las normas de la vida ciudadana casi nunca se enseñan de forma explícita. Sabemos qué implica cumplir 18 años y sacar la cédula, obtener la licencia de manejo y adquirir capacidad de endeudarse. Muy pocas veces alguien nos explica, en ese umbral, qué significa realmente ser ciudadano.
Esa omisión tiene un costo medible, porque las reglas del Estado se aplican bajo el principio de erga omnes: rigen para todos por igual, sin excepción. Cuando algunos encuentran subterfugios para eludir sus obligaciones ciudadanas, degradan la calidad del Estado mismo. Al degradarse el Estado, se degradan con él los derechos, las garantías y, en última instancia, la libertad, la justicia y la paz de todos, incluidos quienes creyeron ganar algo evadiendo su parte.
La conclusión es simple y exigente: así como existen buenas prácticas para ser padre o madre —compromiso, renuncia, responsabilidad—, faltan buenas prácticas explícitas para ser ciudadano: informarnos sobre el sentido de la vida en comunidad, dialogar sobre nuestros sueños nacionales, votar y permanecer vigilantes en lugar de delegar y olvidar. Antes de dispararnos en el pie por la rabieta de la ineficacia pública, vale la pena revisar primero qué depende de nuestra propia conducta.
Ahí está el legado cívico: la civilización no es una condición dada, sino una práctica que se cultiva, generación tras generación, con el mismo esmero con que se cultiva una familia.
Artículo basado en el episodio 331 de Diálogos con Álvaro Cedeño, titulado “Erga omnes”.
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