Imaginemos a una joven creciendo en un hogar marcado por la vulnerabilidad económica en Costa Rica, en uno de esos contextos urbanos o periféricos donde el presupuesto familiar exige malabares todos los días y la incertidumbre pesa demasiado pronto. En su casa, los recursos escaseaban y cada inicio de año escolar era una prueba de resistencia. Sin embargo, su camino estuvo sostenido por una red de protección silenciosa pero poderosa: una escuela pública con comedor escolar que garantizó su alimentación, un colegio público que le abrió las primeras puertas y, finalmente, el ingreso a una universidad pública.
Sin tener que pagar matrículas imposibles para su familia y sostenida por un sistema de becas que cubría su alojamiento, transporte, alimentación y materiales, esta joven logró convertirse en la primera profesional de su hogar. Ese fue el momento en que el ascensor social comenzó a elevarla, transformando no solo su realidad comunitaria, sino también su propio proyecto de vida: le devolvió la autonomía sobre su destino, la capacidad de planificar un porvenir digno y la certeza de que su esfuerzo valía la pena. Su historia no es un milagro aislado ni un golpe de suerte; es el testimonio viviente de un pacto social histórico. Durante décadas, el Estado costarricense comprendió que la inversión en educación pública no era un gasto administrativo, sino uno de los motores más potentes de movilidad social, dignidad humana y consolidación democrática.
Lo digo también desde mi propia historia: soy graduada de una escuela pública, de un colegio subvencionado y de una universidad pública. Sé, en carne propia, que este sistema abre puertas que antes nadie en nuestras familias había podido cruzar. Por eso, defenderlo no es una consigna abstracta para mí, sino una responsabilidad profundamente humana con quienes todavía esperan su oportunidad.
Los datos respaldan esta intuición colectiva: históricamente, el sistema educativo y las universidades públicas han permitido que muchos estudiantes universitarios provengan de hogares de los quintiles de menores ingresos, abriendo oportunidades allí donde más se necesitan para romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. Además, las instituciones públicas de enseñanza no solo han entregado títulos; también han cumplido un rol transformador a través de la acción social, conectando las aulas con las realidades de las comunidades más excluidas. Han sostenido, además, buena parte de la investigación científica y humanista del país, permitiendo que Costa Rica piense su propio desarrollo desde la dignidad, el bienestar y la vida concreta de su gente.
Hoy, este modelo comienza a mostrar señales que deberían llamarnos la atención. Los discursos cortoplacistas y los recortes presupuestarios han afectado la infraestructura, debilitado programas de apoyo y puesto en duda la sostenibilidad del financiamiento educativo. Este retroceso nos aleja del 8% del PIB consagrado en nuestra Constitución, una cifra que no debe leerse solo como una meta presupuestaria, sino como el compromiso ético y político que asumimos como sociedad para hacer de la educación una piedra angular del Estado social de derecho. En lugar de normalizar la precarización de nuestras instituciones educativas bajo la excusa del ajuste fiscal, el debate nacional debería centrarse en honrar ese pacto, fortalecerlo y actualizarlo para que el ascensor social no empiece a fallar justo cuando más personas lo necesitan.
Costa Rica no necesita debilitar su educación pública; necesita actualizarla con urgencia para responder a las demandas del presente y asegurar que el ascensor social siga funcionando. El primer paso es avanzar hacia un modelo de educación continua a lo largo de la vida. En un mercado laboral donde la automatización avanza con rapidez, un título universitario ya no puede entenderse como la meta final, sino como el inicio de un proceso permanente de aprendizaje, recertificación y adaptación.
También es urgente mejorar de manera decidida la experiencia del estudiantado. Reducir la brecha digital, garantizar conectividad, fortalecer la salud mental en las aulas y asegurar becas suficientes no son beneficios accesorios: son condiciones básicas para que las personas puedan permanecer estudiando. Cuando una persona joven queda fuera del sistema porque no tiene internet, porque la beca no alcanza o porque no encuentra apoyo oportuno, el ascensor se detiene a mitad de camino y la desigualdad se profundiza.
Finalmente, los planes de estudio deben transformarse sin perder su esencia crítica y humanista. Es urgente formar a las nuevas generaciones en competencias vinculadas al cambio tecnológico, la inteligencia artificial, la transición ecológica y la gestión de datos, asegurando que el talento costarricense no quede rezagado frente a la economía global, sino que lidere los procesos de innovación.
Apostar por la educación pública es apostar por el futuro del país. No dejemos que los recortes apaguen poco a poco ese ascensor que todavía puede abrirle camino a miles de jóvenes para estudiar, crecer y construir una vida con dignidad. Defenderlo es una responsabilidad que nos toca hoy: con las generaciones que ya están en las aulas y con las que todavía esperan su oportunidad de educarse, capacitarse y transformar su propio destino.