La iniciativa de Esmeralda Britton plantea que el consentimiento informado pueda darse verbalmente y sostiene que exigir que conste por escrito puede convertirse en una barrera para acceder al tamizaje.
La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Esmeralda Britton González, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.785) que propone eliminar el requisito de que el consentimiento informado previsto en la Ley General sobre el VIH Sida (Ley 9797) sea un acuerdo escrito y establece que pueda otorgarse verbalmente.
La iniciativa reforma únicamente el inciso c) del artículo 2 de la Ley 9797, que actualmente define el consentimiento informado como un “acuerdo escrito” entre el personal de salud y la persona atendida.
El proyecto sustituiría la expresión “acuerdo escrito” por “acuerdo verbal” y mantendría la obligación de brindar información clara y coherente a la persona antes de obtener su autorización. Además, incorporaría expresamente la privacidad, junto con la autonomía de la voluntad, entre los principios que busca garantizar el consentimiento informado.
La exposición de motivos señala que exigir que el consentimiento conste por escrito puede convertirse en una barrera administrativa para acceder a las pruebas de detección del VIH y desincentivar a algunas personas a realizárselas.
Tras la presentación del proyecto, la diputada Britton señaló:
Actualmente la ley exige que, antes de hacerte la prueba, la persona debe firmar un "consentimiento informado" por escrito. Aunque la intención es buena, este requisito de papel genera: trámites lentos, que muchas personas no se hagan la prueba por miedo a ser discriminados (sic.) o a exponer su privacidad al tener que firmar un documento formal".
El cambio tendría un alcance mayor que la realización de pruebas de VIH. El artículo 20 de la Ley 9797 establece que el consentimiento informado se utiliza para realizar pruebas de VIH, prescribir tratamientos y medicamentos y aplicar procedimientos relacionados con la atención integral de la salud y sus efectos secundarios.
La ley también contempla expresamente el consentimiento informado para realizar la prueba de VIH a mujeres embarazadas y sus parejas. Además, exige el consentimiento informado previo para la participación de personas con VIH en experimentos o investigaciones biomédicas, de conformidad también con la legislación que regula este tipo de investigaciones.
El proyecto identifica, entre las razones para eliminar el requisito escrito:
- El temor de algunas personas a que la firma de un documento aumente el riesgo percibido de exposición de su privacidad o identidad.
- Las dificultades que el trámite puede representar para personas con problemas de alfabetización o alguna discapacidad.
- Posibles retrasos durante las consultas y en la detección temprana del VIH.
- El tiempo y los recursos que el personal de salud debe destinar a administrar y almacenar documentos físicos.
Según datos del Ministerio de Salud citados en la exposición de motivos, durante 2025 se registraron 1.083 nuevos casos de VIH en Costa Rica. El 82,3% correspondió a hombres y el 17,7% a mujeres, mientras que el 62,5% de los casos se concentró entre personas de 20 a 39 años. San José registró 314 casos y Alajuela, 146.
El proyecto señala además que entre 1993 y 2025 se registraron 17.841 personas con VIH en el país y sostiene que ampliar el acceso al tamizaje permitiría detectar casos de forma más temprana y facilitar el ingreso oportuno a tratamiento.
Tras su presentación, el expediente debe ser asignado a una comisión legislativa para iniciar su trámite correspondiente.
Proyectos dictaminados
Este martes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
Este martes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.