Angie Cruickshank señaló que recortes adicionales al presupuesto repercutirían en las oficinas centrales y regionales y en las labores de defensa de derechos.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, advirtió ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que los ₡6.246 millones previstos para la institución en 2027 representan, a su criterio, el monto mínimo necesario para operar y que nuevas afectaciones presupuestarias tendrían consecuencias sobre la atención que brinda la entidad.
Cruickshank compareció este miércoles 16 de setiembre ante la comisión legislativa durante el análisis del presupuesto nacional para 2027. Según explicó, cualquier reducción adicional afectaría tanto las oficinas centrales como las seis oficinas regionales y las labores de defensa y promoción de derechos que realiza la institución en el país.
La jerarca sostuvo que la Defensoría elaboró su anteproyecto presupuestario bajo criterios de austeridad y contención del gasto. Entre las medidas aplicadas durante su gestión mencionó la reclasificación de 10 plazas hacia categorías inferiores y una reducción de los puestos de dirección, que pasaron de 14 en 2023 a 11 en 2026.
La institución también reportó un aumento en su ejecución presupuestaria. Según los datos presentados por Cruickshank, la Defensoría pasó de ejecutar el 81% de su presupuesto en 2023 al 91% en 2025, con lo que superó por primera vez en ocho años el umbral del 90%.
Advierte impacto fuera del área metropolitana
Cruickshank señaló que actualmente la Defensoría dispone de un profesional dedicado a defensa o promoción de derechos por cada 50.000 habitantes a nivel nacional.
En las seis oficinas regionales, aseguró, la relación aumenta a un profesional por cada 150.000 habitantes. La jerarca argumentó que una reducción de recursos podría limitar la atención en territorios donde existen mayores barreras geográficas, económicas y tecnológicas para acceder a los servicios institucionales.
La Defensoría señaló que sus recursos financian, entre otras funciones, la atención de personas y comunidades, investigaciones sobre posibles vulneraciones de derechos, acciones sumarias, emisión de alertas tempranas, educación en derechos humanos y apoyo a la actividad legislativa como órgano auxiliar.
Cruickshank sostuvo ante las diputaciones que los ₡6.246 millones constituyen el presupuesto mínimo para cumplir con las funciones asignadas a la institución por la Ley de la Defensoría de los Habitantes y las obligaciones del país en materia de derechos humanos.
La jerarca también afirmó que la Defensoría tiene el menor presupuesto dentro de la Administración Pública costarricense. El comunicado institucional no detalló cuáles servicios o programas concretos tendrían que reducirse ante una eventual disminución adicional de los recursos.