Hay palabras que no desaparecen tras ser pronunciadas. Quedan en el ambiente, entran en las conversaciones, llegan a las escuelas, a los hogares y a las redes sociales. Cuando esas palabras provienen de quienes gobiernan o de líderes religiosos, su peso es aún mayor. El poder no solamente administra recursos, dicta leyes o toma decisiones: también educa, aun cuando no se lo proponga.
Costa Rica atraviesa un momento en el que la confrontación entre quienes representan los poderes de la República ha adoptado un tono que debería preocuparnos. No me refiero al desacuerdo, que es indispensable en una democracia, sino a la descalificación, el insulto, la burla y esa forma de hablar del adversario que termina por convertirlo en enemigo. En esta lógica, el discurso oficial convierte en enemigo a quien no lo aplaude, mientras quienes lo celebran y respaldan pueden recibir recompensas que van desde un almuerzo hasta una embajada.
La democracia necesita discursos que inevitablemente entran en conflicto; lo que no necesita es convertirlos en desprecio, odio y descalificación.
León XIII advertía en Rerum Novarum que la sociedad no está llamada a un “perpetuo duelo” entre grupos, porque el acuerdo produce armonía y orden, mientras que la persistencia de la lucha conduce a la confusión. Más de siete décadas después, Juan XXIII, en Pacem in Terris, recordó que una convivencia digna debe asentarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. No son palabras ingenuas. Son una advertencia política y moral sobre el tejido social que trasciende los tiempos y los lugares.
También existe aquí una pregunta: ¿qué clase de ciudadanos estamos formando? Sartre, filósofo existencialista, sostuvo que el hombre está condenado a ser libre y, precisamente por ello, es responsable de lo que hace, independientemente de su posición social. Por lo tanto, la libertad no consiste solamente en poder decir cualquier cosa; implica responder por aquello que nuestra palabra provoca: un insulto requiere una disculpa responsable. El poder debe proteger justo lo que menciona Pacem in Terris: la libertad en todos sus extremos; pero, sin respeto, esta se extingue entre el humo del insulto.
Los jóvenes observan. Aprenden de la familia, de la escuela, pero también de quienes aparecen a diario en sus pantallas. Si una autoridad convierte el insulto en un recurso político, puede contribuir a normalizarlo, y precisamente la normalización de las costumbres es la norma moral de los pueblos. No sería serio afirmar que cada expresión ofensiva produce automáticamente una conducta agresiva; pero tampoco sería prudente desconocer el poder del ejemplo. Incluso el tono de la corrección fraterna debe modularse.
Una sociedad no se vuelve violenta únicamente por las palabras de sus gobernantes. Sin embargo, puede aprender de ellas qué considera permitido. Por eso deberíamos exigir algo más que la legalidad a quienes gobiernan: altura moral.
La pregunta no debería limitarse a si un gobernante tiene derecho a decir algo. Deberíamos preguntarnos qué está transmitiendo al decirlo y qué conducta está legitimando con su manera de expresarse. Porque el lenguaje no se reduce a las palabras: también comunica el tono con que se pronuncian, el contexto en el que se utilizan y la expresión corporal que las acompaña. Todo ello conforma un mensaje que puede transmitir respeto, serenidad y autoridad, o bien sus opuestos.
Porque la paz social no significa la ausencia de diferencias. Significa mucho más: aprender a convivir con ellas sin perder el respeto por la persona que piensa distinto.
Y quizá esa sea una de las responsabilidades menos visibles del poder: recordar, mediante su propia conducta, que el adversario político puede ser combatido en las ideas sin destruir su dignidad.