Karen Jiménez Morales sostiene que la respuesta al crimen organizado debe combinar operativos policiales con educación, empleo y prevención social. El OIJ también ha advertido sobre reacomodos violentos tras la captura de líderes criminales.
La captura de cabecillas criminales puede debilitar temporalmente una organización, pero no necesariamente impide que otras personas ocupen esos espacios si persisten las condiciones que facilitan el reclutamiento de nuevos integrantes, advirtió Karen Jiménez Morales, coordinadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La criminóloga sostuvo que el fenómeno resulta particularmente preocupante por la incorporación de personas jóvenes a estructuras delictivas y planteó que las acciones policiales y judiciales deben acompañarse de políticas sostenidas de prevención social.
La realidad es que las detenciones de cabecillas no resuelven por sí solas el problema de la violencia, pueden surgir nuevos cabecillas y lo preocupante es que, de acuerdo con la tendencia que estamos observando, son personas cada vez más jóvenes”.
OIJ también ha advertido sobre reacomodos tras capturas
El planteamiento de la especialista coincide parcialmente con advertencias realizadas recientemente por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre lo que puede ocurrir después de la detención de líderes criminales.
Tras la captura el 24 de julio de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el director del OIJ, Michael Soto Rojas, explicó que este tipo de operaciones puede provocar reacomodos dentro de las estructuras.
En declaraciones a El Observador, Soto se refirió al fenómeno denominado “rebelión de las redes”: ante la ausencia de un cabecilla, integrantes ubicados en niveles inferiores pueden buscar ascender y disputar el control de territorios o actividades criminales.
El jerarca advirtió entonces sobre la posibilidad de que esas pugnas generaran nuevos episodios de violencia después de la captura de Arias.
Pocos días más tarde, el Ministerio Público informó sobre la detención de seis adultos y tres personas menores de edad durante una operación contra una estructura que las autoridades vinculan con alias “Diablo”. Los menores tenían 17, 17 y 13 años.
La participación de personas menores de edad en esa operación no demuestra por sí misma que los nuevos cabecillas sean cada vez más jóvenes, pero sí documenta la presencia de adolescentes dentro de estructuras que las autoridades relacionan con el crimen organizado.
Prevenir antes del reclutamiento
Jiménez planteó que el desafío no consiste únicamente en identificar quién podría sustituir a un líder detenido, sino en comprender las condiciones que hacen posible que jóvenes ingresen a esas organizaciones.
Si únicamente intervenimos cuando el joven ya forma parte de una organización delictiva, estamos llegando tarde, la prevención tiene que comenzar mucho antes, desde las comunidades, las familias, los centros educativos y las oportunidades que como sociedad seamos capaces de ofrecer”.
Entre las medidas que mencionó están fortalecer la permanencia de niños y adolescentes en el sistema educativo, ampliar las oportunidades de capacitación y empleo, recuperar espacios públicos, ofrecer alternativas deportivas y culturales, trabajar con las familias y reforzar la presencia institucional en comunidades con mayores factores de riesgo.
La especialista recalcó que esa estrategia no supone sustituir las operaciones policiales ni las investigaciones contra estructuras criminales.
La acción policial es necesaria y tiene una función fundamental, pero mientras la policía interviene sobre las consecuencias del fenómeno criminal, otras instituciones tienen que trabajar para reducir los factores que permiten que ese fenómeno continúe reproduciéndose”.
La posición mantiene una línea que la UNED ha planteado previamente sobre seguridad. A inicios de este año, la universidad presentó ocho ejes para enfrentar el crimen organizado derivados de un congreso realizado en 2025, entre ellos desarrollo social, coordinación territorial, políticas basadas en evidencia, prevención de la violencia y control de armas.
Para Jiménez, la respuesta requiere que las detenciones y otras acciones policiales avancen simultáneamente con políticas orientadas a impedir que una nueva generación ingrese a las estructuras criminales.