El informe sobre Escazú, Goicoechea, Moravia y Santa Ana señala ausencia de planificación estratégica, controles débiles, problemas de integridad y poca supervisión municipal.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó brechas importantes en la gestión de los Comités Cantonales de Deportes y Recreación (CCDR) de Escazú, Goicoechea, Moravia y Santa Ana, luego de analizar durante 2025 aspectos relacionados con planificación, administración de recursos, integridad y supervisión municipal.
El informe concluyó que los cuatro comités operan bajo un modelo de gestión principalmente reactivo y de corto plazo. Ninguno cuenta con un plan estratégico que vincule sus objetivos con la administración de los recursos, las necesidades de sus comunidades y la Política Nacional del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 2020-2030.
La CGR evaluó 61 prácticas y controles relacionados con la gestión administrativa y financiera y determinó un promedio de implementación de apenas 38%. Santa Ana registró el porcentaje más alto, con 62%, seguido de Escazú con 51%; Goicoechea alcanzó 21% y Moravia quedó en 16%.
Problemas en infraestructura y manejo de recursos
El órgano contralor encontró además problemas en la administración de instalaciones deportivas. Escazú y Moravia carecen de convenios con sus respectivas municipalidades para regular el uso de la infraestructura, mientras Goicoechea y Santa Ana únicamente cuentan con acuerdos para una parte de los recintos que administran.
La falta de mantenimiento preventivo también provocó cierres temporales de instalaciones en Escazú y Goicoechea por órdenes del Ministerio de Salud, además de deterioro en recintos de Goicoechea, Moravia y Santa Ana. En Goicoechea y Santa Ana también se identificaron instalaciones ocupadas por terceros y ausencia de mecanismos suficientes de vigilancia.
Uno de los casos señalados corresponde al Polideportivo de San Francisco, en Goicoechea, donde una persona ocupante alegó derechos laborales. El CCDR fue condenado judicialmente al pago de ₡55,33 millones por ese caso.
La Contraloría también advirtió problemas en la administración de ingresos por alquiler de instalaciones, publicidad y otros servicios. Los cuatro comités presentan tarifas desactualizadas o sin suficiente formalización y carecen de un reglamento publicado que regule de manera integral su fijación, actualización y exoneración.
₡128,99 millones en aportes sin regulación integral
Durante 2025, los cuatro CCDR entregaron conjuntamente ₡128,99 millones mediante donaciones, becas, transferencias económicas y otros aportes. Sin embargo, ninguno cuenta con regulaciones que abarquen todo el proceso, desde la recepción y aprobación hasta la liquidación y rendición de cuentas.
La CGR también determinó que ninguno de los cuatro comités aplica mecanismos suficientes para prevenir conflictos de interés en la entrega de estos recursos y que tampoco existen políticas para evitar una concentración de los beneficios en determinadas zonas geográficas o disciplinas.
En materia laboral, el informe destacó especialmente la situación de Goicoechea. Entre 2023 y junio de 2026, ese comité enfrentó 25 demandas relacionadas con diferencias salariales, despidos injustificados y horas extraordinarias, entre otros asuntos, que hasta ahora han derivado en condenas por ₡113,91 millones.
Sin sistemas para prevenir riesgos de corrupción
La Contraloría encontró además una brecha generalizada en materia de integridad pública. Ninguno de los cuatro CCDR implementa un sistema de valoración de riesgos que permita identificar amenazas relacionadas con corrupción, fraude o faltas al deber de probidad.
Tampoco cuentan con normativa interna suficiente para regular conflictos de interés, relaciones con proveedores, aceptación de regalos, influencia del cargo o participación de directivos en procesos donde puedan tener intereses particulares. Escazú, Goicoechea y Moravia tampoco poseen un código de ética y conducta.
Una encuesta realizada a 87 integrantes de juntas directivas y funcionarios mostró que el 76% no recibió capacitación en ética e integridad durante el último año. Además, el 51% dijo desconocer los canales para presentar denuncias o manifestó desconfianza para utilizarlos por temor a represalias o falta de confidencialidad.
Municipalidades también quedan señaladas
El informe cuestionó además el papel de las municipalidades de Escazú, Goicoechea, Moravia y Santa Ana. La CGR determinó que ninguna ha actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de su comité conforme a los cambios legales recientes y detectó vacíos en el acompañamiento, evaluación y supervisión de la gestión.
El nivel de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las auditorías internas municipales también resultó bajo. De todas las recomendaciones formuladas entre 2023 y 2025, solo el 8% fue cumplido, el 63% continúa incumplido y el restante 29% se encuentra dentro del plazo de ejecución.
La Contraloría recordó que los CCDR son órganos adscritos a sus gobiernos locales y que su personalidad jurídica instrumental no significa que tengan autonomía absoluta. Por ello, señaló que las municipalidades mantienen responsabilidades de dirección, supervisión y control sobre el manejo de fondos públicos y la infraestructura deportiva.
Entre las principales medidas planteadas para corregir las brechas están elaborar planes estratégicos con participación ciudadana, regular el manejo de recursos y donaciones, mejorar los controles sobre activos, implementar sistemas de ética y prevención de conflictos de interés y fortalecer la supervisión municipal.
El estudio analizó principalmente la gestión correspondiente a 2025, aunque en algunos apartados incorporó información del primer semestre de 2026. Como parte del proceso, la Contraloría también visitó 36 instalaciones deportivas administradas por los cuatro comités y encuestó a funcionarios e integrantes de sus juntas directivas.