Costa Rica tiene razones para sentirse orgullosa de lo que hizo hace más de una década frente al Alzheimer y otras demencias. En 2014 se convirtió en el primer país de América Latina en contar con un Plan Nacional para la Enfermedad de Alzheimer y Demencias Relacionadas y fue reconocido internacionalmente como uno de los primeros países de ingresos bajos o medios en adoptar un instrumento de este tipo.
Sin embargo, aquel Plan fue diseñado para el período 2014-2024. Su horizonte temporal concluyó y, a septiembre de 2026, no se identifica públicamente un nuevo Plan Nacional que lo sustituya. Alzheimer's Disease International continúa registrando para Costa Rica el Plan 2014-2024, mientras otros países de la región han avanzado hacia instrumentos más recientes. Esto no significa que Costa Rica carezca de instrumentos sobre demencias. El país cuenta desde 2017 con la Norma Nacional de Atención a Personas Adultas con Deterioro Cognitivo y Demencia, de aplicación nacional obligatoria para los servicios de salud públicos, privados y mixtos y para quienes tienen responsabilidades en la atención de esta población.
La diferencia es fundamental: una norma de atención no cumple la misma función que un Plan Nacional interinstitucional e intersectorial capaz de establecer prioridades, responsabilidades, metas, indicadores, recursos, mecanismos de coordinación y evaluación para los próximos años.
Un país que envejece aceleradamente
La discusión no puede desligarse de la transformación demográfica que atraviesa Costa Rica. Según las estimaciones y proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), las personas de 65 años y más representaban aproximadamente el 11% de la población en 2024, aumentarán al 14,4% en 2030 y superarán el 24,9% en 2050. Dicho de otra manera: hacia mediados de siglo, una de cada cuatro personas que viva en Costa Rica tendrá 65 años o más. El INEC estima, además, que la proporción de personas de 65 años y más se duplicará entre 2024 y 2044.
El envejecimiento no significa que todas las personas desarrollen demencia. La edad, sin embargo, constituye uno de sus principales factores asociados, por lo que el aumento de los grupos de edad avanzada tendrá consecuencias directas sobre las necesidades sanitarias, sociales y de cuidados del país.
Y aquí aparece otro dato que merece atención. El estudio del Global Burden of Disease, publicado en The Lancet Public Health, estimó que en Costa Rica vivían aproximadamente 32.637 personas con demencia en 2019, con un intervalo de incertidumbre de 28.575 a 37.017.
Para 2050, el mismo estudio proyecta aproximadamente 114.227 personas con demencia, con un intervalo de incertidumbre de 92.564 a 137.653. Esto representaría un aumento cercano al 250% respecto de 2019. Son estimaciones epidemiológicas, no un conteo de personas diagnosticadas. Precisamente ahí se encuentra otro desafío: Costa Rica necesita fortalecer sus sistemas de información para conocer con mayor precisión cuántas personas viven con deterioro cognitivo y demencia, dónde se encuentran y cuáles son sus necesidades de atención y cuidados.
Reconocer las demencias no equivale a tener una hoja de ruta específica
Costa Rica dio un paso importante al incorporar expresamente el tema dentro de la Política Nacional de Salud Mental 2024-2034 y su Plan de Acción 2025-2029. El documento incluso dedica un apartado específico —el 2.2.8, “Demencia vascular y Alzheimer”— a presentar información sobre casos notificados y reconoce el incremento de estas condiciones en los grupos de edad más avanzada. La propia política señala la necesidad de fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y los servicios de atención.
Esto debe reconocerse como un avance.
Sin embargo, incorporar las demencias dentro del diagnóstico de una política general de salud mental no equivale a contar con una estrategia nacional específica para Alzheimer y otras demencias. El Plan de Acción 2025-2029 estructura la respuesta mediante tres grandes ejes. El Eje 2, “Abordaje intersectorial para la prevención, detección y atención de la salud mental”, contempla prevención, detección temprana, atención, investigación, protección de derechos e inclusión social. Pero no establece una línea estratégica identificada específicamente como “Alzheimer y otras demencias”, acompañada de un conjunto propio de metas, indicadores y responsables.
Existe, por tanto, una base institucional desde la cual avanzar. Lo pendiente es transformar ese reconocimiento general en una hoja de ruta específica, medible e intersectorial.
¿Por qué las demencias requieren una respuesta específica?
Porque su impacto trasciende ampliamente una consulta médica.
Una persona que vive con Alzheimer u otra demencia puede necesitar, a lo largo de varios años, diagnóstico y seguimiento clínico, medicamentos, rehabilitación, estimulación cognitiva, apoyo psicológico, adaptación del entorno, servicios sociales, cuidados de larga duración y protección jurídica.
A su alrededor existe generalmente una familia que también experimenta cambios profundos. Las personas cuidadoras pueden enfrentar sobrecarga física y emocional, pérdida de ingresos, reducción de oportunidades laborales, costos de atención y cambios importantes en su proyecto de vida.
Además, las demencias poseen una dimensión indiscutible de derechos humanos. Hablamos de autonomía, dignidad, consentimiento, capacidad jurídica, toma de decisiones, privacidad, acceso a servicios, participación comunitaria, protección frente al abandono y derecho a recibir cuidados adecuados.
Precisamente por esa complejidad, una respuesta nacional no debería reducirse a la atención médica. Necesita conectar salud, seguridad social, envejecimiento, cuidados, gobiernos locales, academia, investigación, educación, protección social y participación comunitaria.
¿Quién debe conducir ese proceso?
Costa Rica cuenta con un marco institucional claro respecto de la rectoría sanitaria. La Ley General de Salud establece que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado y asigna al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, la función esencial de velar por la salud de la población. El marco de rectoría del Ministerio comprende precisamente la articulación de políticas, legislación, planes, programas y proyectos que inciden sobre la salud.
Por ello, la conducción de una nueva hoja de ruta nacional sobre Alzheimer y otras demencias debería producirse bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Esto no significa que el Ministerio deba actuar solo.
Dentro de la estructura actual, la Secretaría Técnica de Salud Mental es un órgano técnico adscrito al Despacho Ministerial cuyo objetivo incluye abordar integralmente la salud mental desde la rectoría del Sistema Nacional de Salud, con participación de instituciones públicas y privadas, sociedad civil y comunidad académica y científica. Por ello, podría desempeñar un papel relevante en la articulación técnica del proceso.
El CONAPAM constituye un actor imprescindible desde la política de envejecimiento y la protección de los derechos de las personas mayores. La CCSS resulta fundamental para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y prestación de servicios. Las universidades pueden contribuir mediante investigación, formación profesional e innovación. Los gobiernos locales pueden acercar las respuestas a las comunidades. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen conocimiento acumulado que no debe ser considerado accesorio: conocen directamente las necesidades de las personas con demencia y de sus familias.
La sociedad civil puede impulsar, participar, aportar evidencia y ejercer incidencia, porque es precisamente en ella donde hoy se están gestando muchas formas de atención.
Costa Rica no parte de cero
El país posee capacidades y experiencias valiosas. La Clínica de Memoria del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes funciona desde 2007 y fue la primera clínica de este tipo en Costa Rica. Su experiencia ha generado información clínica e investigación nacional sobre deterioro cognitivo y demencias.
La Universidad de Costa Rica y el Hospital San Juan de Dios han desarrollado igualmente trabajo mediante la Clínica de Memoria y Envejecimiento Cerebral, combinando atención e investigación sobre enfermedades neurodegenerativas. La UCR creó en 2022 la Cátedra Envejecimiento y Sociedad, orientada al abordaje interdisciplinario de los desafíos derivados del envejecimiento poblacional. La Universidad Santa Paula mantiene un Curso de Especialización en la Atención de Adultos Mayores con Síndromes Demenciales, dirigido a profesionales vinculados con esta población.
También existen experiencias comunitarias en los territorios. El Centro Diurno El Tejar de El Guarco desarrolló una Clínica de Memoria en 2014 y, posteriormente, un Centro Comunitario de Estimulación Cognitiva, además de impulsar experiencias de unidades comunitarias de memoria. También muchos otros centros diurnos ofrecen formas de atención a partir de programas de estimulación cognitiva, esfuerzos valiosos que se realizan a pesar de limitaciones presupuestarias.
Desde la sociedad civil, organizaciones como la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (ASCADA) han desempeñado históricamente un papel en acompañamiento, sensibilización e incidencia y participaron activamente en el proceso que condujo al Plan 2014-2024. Otras organizaciones, como FundAlzheimer, desarrollan programas especializados y mantienen alianzas de formación con universidades públicas como la UNA, el TEC y la UNED.
Todo esto demuestra que el problema de Costa Rica no es la ausencia absoluta de conocimiento, experiencia o iniciativas.
El problema es otro: necesitamos conectar esas capacidades bajo una estrategia nacional común.
Del esfuerzo disperso a una política articulada
Un nuevo Plan Nacional podría responder preguntas muy concretas:
¿Cuántas personas viven con demencia en Costa Rica? ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo transcurre entre los primeros síntomas y el diagnóstico? ¿Qué capacidad posee el primer nivel de atención para detectarlas? ¿Qué servicios existen en cada territorio? ¿Qué apoyo reciben las personas cuidadoras? ¿Cuántas personas necesitan cuidados de larga duración? ¿Qué formación requieren los profesionales? ¿Cuáles derechos se están vulnerando? ¿Qué presupuesto necesita el país para responder?
Sin indicadores nacionales y responsabilidades claramente asignadas, resulta difícil saber cuánto avanzamos.
Por ello, Costa Rica debería promover la construcción participativa de un nuevo Plan Nacional para el abordaje del Alzheimer y otras demencias, liderado desde la rectoría del Ministerio de Salud y construido mediante mesas técnicas interinstitucionales e intersectoriales. En ellas deberían participar, entre otros actores, el Ministerio de Salud, la CCSS, CONAPAM, OPS/OMS, universidades, gobiernos locales, organizaciones profesionales y sociedad civil.
Pero falta todavía una participación esencial: las propias personas que viven con demencia y sus familias deben estar sentadas en la mesa desde el inicio, no ser consultadas únicamente cuando el documento esté terminado.
Costa Rica ya demostró que puede hacerlo
Hace más de una década, el país tomó una decisión que lo colocó a la vanguardia regional.
Hoy las condiciones son incluso más contundentes.
Tenemos una población que envejece rápidamente. Tenemos evidencia científica. Tenemos servicios con experiencia. Tenemos universidades investigando y formando profesionales. Tenemos organizaciones comunitarias y de la sociedad civil trabajando en el territorio. Tenemos una Norma Nacional específica desde 2017 y una nueva Política Nacional de Salud Mental que reconoce expresamente el Alzheimer y las demencias.
Precisamente por eso resulta razonable dar el siguiente paso. No se trata de comenzar de cero. Se trata de articular lo que Costa Rica ya tiene, identificar lo que todavía falta y definir hacia dónde queremos avanzar durante la próxima década.
El Alzheimer y otras demencias no deben quedar diluidos dentro de estadísticas generales ni esperar a que la transformación demográfica haga evidente lo que hoy ya podemos anticipar. Costa Rica fue pionera una vez. Puede volver a serlo.
Pero esta vez el reto no consiste únicamente en tener un documento denominado “Plan Nacional”. El verdadero desafío es construir una hoja de ruta con responsabilidades, presupuesto, indicadores, participación social, evaluación y continuidad.
Porque el envejecimiento poblacional no espera. Las demencias tampoco. Y la dignidad y los derechos de quienes viven con ellas —y de quienes acompañan y cuidan— merecen una respuesta nacional a la altura del desafío.