Meses atrás le envié al señor viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero Pérez, una nota mostrando mi preocupación ante las intimidaciones de sus subalternos, principalmente jefes policiales y directores, así como del personal administrativo, que no aceptan las críticas que emito basándome en el marco legal de nuestro país.
En respuesta, mediante el oficio número MSP-DM-DVURFP-0707-2026, el señor Barquero me respalda y ratifica mi derecho a expresarme y a criticar la gestión de sus empleados en general.
Hay que recordarles a los funcionarios del Ministerio de Seguridad que nosotros, los ciudadanos, tenemos, según los artículos 11, 26, 28 y 29 de nuestra Constitución, el derecho y, a la vez, el deber de fiscalizar a todos los funcionarios sin excepción. Pero, al parecer, les molesta que les haga saber su ineficiencia. Como les he dicho educadamente, agradezcan que trabajan para el sector público, porque en el privado la incompetencia se castiga con el despido inmediato.
Lo más sorprendente de todo esto es que, cuando envío un oficio realizando una crítica constructiva sobre su gestión y aportando el oficio supracitado por el señor viceministro, aun así intimidan y hasta amenazan con censurar. Por lo que me doy cuenta de que, pese a que les aporto una nota emitida por su superior, al parecer creen que la firmó “Chiricuto”, como decimos popularmente en Costa Rica.
Si bien es cierto que el señor viceministro ya inició las investigaciones del caso, y lo felicito, es importante recordarles a dichos funcionarios públicos que nosotros, los ciudadanos, somos sus verdaderos jefes y que les pagamos sus salarios con los impuestos que pagamos de forma puntual.