Hay frases que, de tanto repetirse desde el poder, deberían convertirse en una obligación moral para quien las pronuncia. “Socarse la faja” es una de ellas. La dupla Chaves-Fernández ha pregonado, como tantos otros antes que ellos, la bandera de la austeridad para justificar restricciones presupuestarias y exigir contención del gasto a las instituciones públicas y a los otros poderes de la República. El mensaje parece sencillo: «Los recursos son limitados, el país debe ordenar sus finanzas y todos deben hacer sacrificios». Ante ese planteamiento no se puede hacer más que asentir.
El problema comienza cuando el sacrificio no parece distribuirse de la misma manera. Porque la austeridad, antes que un tema presupuestario o discursivo, debe incluir una posición ética: “No se puede recortar en lo indispensable para gastar en lo trivial”. Quien exige privaciones adquiere la responsabilidad de demostrar que empieza por su propia casa. De lo contrario, aquello que pretendía presentarse como disciplina fiscal comienza a parecerse demasiado al viejo refrán: "Casa de herrero, cuchillo de palo".
Una macabra contradicción resulta evidente cuando el mismo Gobierno que dijo que haría de la educación una de sus prioridades reduce, en el proyecto de presupuesto para 2027, unos ₡19.229 millones de los recursos del Ministerio de Educación Pública respecto del presupuesto vigente de 2026. El MEP recibiría aproximadamente ₡2,752 billones y la inversión educativa continuaría alrededor del 4,9% del PIB, muy lejos del 8% establecido constitucionalmente para la educación estatal.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo propuso un crecimiento de 0% para el FEES, manteniendo en ₡593.484 millones los recursos destinados a las universidades públicas. En términos nominales, no es un recorte al FEES; en términos reales, sí lo es, pues, al contemplarse la inflación y las mayores necesidades, «congelar» significa obligar a las universidades a hacer mucho más con proporcionalmente menos recursos.
Por otra parte, Costa Rica lleva años hablando de su bache educativo. Las consecuencias de la pandemia no desaparecieron con un decreto; tampoco desaparecieron los rezagos en comprensión lectora, matemáticas, infraestructura, conectividad y permanencia escolar. Recortar la educación en una sociedad que enfrenta simultáneamente desigualdad y crimen no es solamente una decisión presupuestaria: es como esperar que el enfermo mejore mientras se le administran menos medicamentos.
El propio OIJ ha señalado que la solución de fondo a la criminalidad pasa también por el empleo, la educación y el desarrollo social. Es difícil encontrar una mejor explicación del vínculo entre ambas crisis.
Pero quizás donde la contradicción se vuelve más inquietante y oscura es en el presupuesto del OIJ y del Poder Judicial.
El proyecto para 2027 contempla una reducción de ₡205.416 millones —un 18,2%— en la función presupuestaria denominada “Orden Público y Seguridad”. El Ministerio de Seguridad Pública tendría ₡6.154,6 millones menos. El OIJ pasaría de alrededor de ₡131.623 millones a ₡127.899 millones: ₡3.725 millones menos.
Paralelamente, el Poder Judicial ha denunciado fuertes restricciones y recortes durante 2026 y en la formulación del presupuesto para 2027, y ha advertido sobre el impacto que pueden tener en la lucha contra el crimen organizado, la infraestructura, la tecnología y las capacidades operativas.
Lo anterior ocurre, nada más y nada menos, en un país que atraviesa una de las etapas más violentas de su historia moderna. A la luz del sentido común, salta la pregunta: ¿este Gobierno combate a la delincuencia o a las autoridades?
Ahora coloquemos al otro lado de la balanza lo que ocurre en Casa Presidencial y en el Ministerio de la Presidencia.
El programa de Información y Comunicación de Casa Presidencial tenía unos ₡825 millones asignados para 2026. Durante el año se aprobaron ₡70 millones adicionales para rubros que incluyen prensa, propaganda, publicidad y otros gastos, y para 2027 se propone incrementar el programa en otros ₡68,9 millones.
El contraste se amplía al observar el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves. Su presupuesto pasaría de ₡11.886 millones a ₡13.883 millones, casi ₡2.000 millones más, lo que representa un incremento del 16,8%.
Dentro de ese presupuesto, la partida de bienes duraderos pasa de ₡447,1 millones a ₡1.882,3 millones. Se contemplan siete vehículos, equipos de comunicación, 50 computadoras, radios, cámaras y un dron de vigilancia. Además, se presupuestan nueve plazas temporales para fortalecer el Viceministerio de Asuntos Parlamentarios.
¿Por qué la tijera de la austeridad parece encontrar con tanta facilidad dónde recortar cuando se trata de aulas, tribunales e investigadores judiciales, pero, cuando llega a las estructuras próximas al Poder Ejecutivo, o se queda sin filo o la guardan en la gaveta?
La misma reflexión vale para los escoltas.
Una presidenta debe ser protegida. Laura Fernández ha denunciado amenazas contra ella y su familia, y sería irresponsable sostener que debe renunciar a un dispositivo de seguridad adecuado. La Unidad de Protección Presidencial tiene precisamente la obligación institucional de proteger a la mandataria, a su familia y a otros jerarcas.
Rodrigo Chaves también conserva un esquema de seguridad cuya dimensión y costo actuales Casa Presidencial ha decidido no divulgar por razones de seguridad.
Reconocer ese derecho no elimina el cuestionamiento lógico: ¿acaso la única seguridad que importa en Zapote es la de Chaves y Fernández? ¿No es eso ser “ticos con corona”?
En 2025 se documentó que solamente los salarios y las horas extraordinarias de 80 funcionarios destacados en la Guardia Presidencial rondaban los ₡58,7 millones mensuales, más de ₡700 millones al año. Esa cifra ni siquiera incluía, entonces, la escolta personal del presidente.
El asunto no consiste en pedir que la presidenta viaje sola, aunque extraño aquellos tiempos no tan lejanos en los que el presidente se desplazaba sin tanta fanfarria. El asunto es comprender la enorme distancia simbólica entre la gobernante que observa el país detrás de un dispositivo de seguridad financiado por el Estado y el ciudadano que espera un autobús, abre su pulpería, manda a sus hijos al colegio o cruza cada noche un barrio tomado por narcotraficantes sin más blindaje que la suerte y la venia de Dios: sus únicos escoltas.
Allí la discusión deja de ser contable y se vuelve moral.
El contrato social existe porque el ciudadano paga impuestos, acepta leyes y cede parte de su libertad al Estado a cambio de bienes que individualmente no puede garantizarse: seguridad, justicia, educación e infraestructura. Si el Estado protege extraordinariamente bien a quienes lo gobiernan mientras reduce los instrumentos que protegen al gobernado, el contrato social queda en duda y se deteriora.
Kant sostenía, en esencia, que una regla moral solo puede pretender legitimidad cuando quien la formula está dispuesto a vivir bajo ella. Aplicado a la política presupuestaria, esto significa que, si la austeridad es la regla, debe comenzar en la casa de quien la exige y no imponerse únicamente a los demás. En otras palabras: «predicar con el ejemplo» —aunque duela a la nueva élite—.
Por eso, el problema no es simplemente cuánto gastan Chaves y Fernández, sino la evidencia de que la comida de Casa Presidencial es muy diferente de la de los comedores escolares. El problema es la coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.
Recortar recursos para un aula mientras crece la maquinaria comunicativa no significa automáticamente corrupción. Reducir recursos judiciales mientras se compran vehículos tampoco prueba despilfarro. Pero ambas decisiones, juntas, envían un mensaje político sobre las verdaderas prioridades. En política, los presupuestos suelen decir mucho más que los discursos, porque el presupuesto es, en primera y última instancia, una declaración moral escrita en números sobre la visión del Gobierno: indica qué considera urgente, qué está dispuesto a hacer y quién debe soportar el costo.
Laura Fernández prometió continuidad con Rodrigo Chaves y es innegable que, en particular, sí la ha cumplido; pero ella, desde Casa Presidencial, y él, desde Hacienda y el Ministerio de la Presidencia, tienen la obligación de explicar por qué el ciudadano debe “socarse la faja” mientras determinadas estructuras cercanas a Zapote usan pantalones elásticos.
Porque la austeridad que solo se exige a los demás, pero no a uno mismo, deja de ser virtud para convertirse en privilegio de los nuevos “ticos con corona”.