Comunidad Ngäbe denunció daños en caminos e insultos durante una actividad recreativa con vehículos UTV en Coto Brus; un organizador sostiene que hubo acuerdo previo y pago para ingresar.
La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de La Casona negó este lunes que existiera un acuerdo formal para autorizar el ingreso de una actividad recreativa con vehículos todoterreno al Territorio Indígena Ngäbe-Buglé de Coto Brus, luego de que uno de los organizadores de Ride San Vito afirmara públicamente que el grupo había coordinado previamente el recorrido y realizado un pago de aproximadamente ₡700.000.
La aclaración fue emitida por Maynor Arauz Santos, presidente de la ADI de La Casona, tras los hechos ocurridos el sábado 29 de agosto, cuando decenas de vehículos UTV, conocidos popularmente como “mulas” o side-by-side, ingresaron a sectores del territorio indígena. La comunidad denunció afectaciones en caminos utilizados diariamente por familias, estudiantes, personas adultas mayores, trabajadores y habitantes de la zona.
La controversia escaló durante el fin de semana en redes sociales y medios locales. CRHoy reportó que la comunidad indígena de La Casona denunció insultos, malos tratos y daños en sus caminos tras el ingreso de más de 70 vehículos UTV durante el primer gran “ride de mulas” realizado en la zona.
“Nuestros caminos también representan el esfuerzo y la organización de nuestra gente. Si durante cinco años la comunidad ha tenido que asumir su mantenimiento, lo mínimo que se espera es respeto por ese trabajo”, indicó la cuenta en Facebook de Territorio Indígena Ngäbe-Buglé de Coto Brus.
ADI niega autorización formal
En una aclaración pública difundida desde la página del Territorio Indígena Ngäbe-Buglé de Coto Brus, Arauz sostuvo que Jimmy Fallas Romero, identificado como uno de los organizadores de Ride San Vito, no se presentó ante la ADI, no participó en una reunión formal con la organización ni acudió a su oficina para establecer un acuerdo que autorizara el ingreso de la actividad al territorio.
“Nuestra posición es clara: no existe un acuerdo formal de la Asociación que haya autorizado el ingreso de estas actividades al territorio”, indicó Arauz en el mensaje.
El presidente de la ADI también dijo que la organización desconoce el supuesto pago previo de ₡700.000 mencionado públicamente por Fallas. Según Arauz, ni él, ni la tesorera, ni los demás miembros de la Junta Directiva tienen conocimiento de quién recibió ese dinero, cuándo se habría realizado el pago, mediante qué mecanismo, bajo qué concepto o quién habría autorizado dicho cobro.
La ADI pidió que, si existió un acuerdo formal o un pago de ese monto, se presenten públicamente los comprobantes, recibos, transferencias o documentos que lo respalden.
Fotografía: Territorio Indígena Ngäbe-Buglé de Coto Brus.
La versión del organizador
La aclaración de la ADI respondió a declaraciones dadas por Jimmy Fallas Romero reproducidas por Colosal Radio & Televisión, con base en una entrevista difundida originalmente por Soy Coto Brus. En esa entrevista, Fallas afirmó que 15 días antes de la actividad se marcó la ruta, que se ingresó “donde los indígenas” y que se hizo un acuerdo para permitir el tránsito por la zona.
Según Fallas, la organización habría pagado ₡10.000 por vehículo, para un total aproximado de ₡700.000, a cambio del “libre ingreso” a la zona indígena. El organizador negó que hubiera una invasión y sostuvo que los participantes transitaron por “calles públicas de la zona indígena” y no ingresaron a fincas privadas.
Fallas también afirmó que, al momento de salir, otro grupo de personas les impidió el paso y les cobró nuevamente. Según su versión, las personas con las que se coordinó inicialmente no eran las mismas que luego les habrían negado la salida, lo que habría ocasionado el conflicto con la Fuerza Pública que se viralizó en redes.
ADI reconoce compensación posterior por daños
Arauz sí reconoció que, después del ingreso al territorio, se estableció un cobro de ₡10.000 por vehículo, pero lo presentó como una compensación por los daños ocasionados en uno de los caminos de la comunidad, no como un pago previo para autorizar el ingreso.
Según el presidente de la ADI, algunas personas realizaron ese pago y otras se retiraron sin hacerlo. Arauz indicó que en ese momento se logró reunir aproximadamente ₡150.000, dinero que, según informó, permanece bajo custodia de la tesorería de la Asociación.
“Ese es el dinero que reconocemos que fue recibido en ese momento. Los supuestos ₡700.000 mencionados públicamente son un asunto completamente diferente y, hasta este momento, nosotros como Asociación desconocemos su procedencia y destino”, señaló.
El presidente de la ADI agregó que, según lo manifestado en el sector de Puente Limón, el grupo indicó que se encontraba perdido y que desconocía que no podía ingresar de esa manera al territorio. También dijo que algunas personas ofrecieron disculpas en el sitio, pero que la situación no podía quedar ahí debido al daño denunciado en el camino.
El reclamo por los caminos
La lideresa Ngäbe Edilsa Atencio Guerra, de La Casona, narró de primera mano lo ocurrido durante el ingreso de los vehículos. En su testimonio, difundido por medios locales y páginas indígenas, Atencio denunció que el grupo de personas no indígenas ingresó al territorio con vehículos doble tracción, deteriorando aún más caminos de grava que, según describió, en algunos sectores terminan convertidos en trillos transitables principalmente por personas y animales.
La preocupación central de la comunidad es que esos caminos son utilizados diariamente por niños y niñas que van a la escuela, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, docentes, personal médico, trabajadores y familias del territorio. Durante la época lluviosa, el deterioro de esas vías puede agravar las dificultades de movilidad dentro de la comunidad.
Atencio también denunció insultos y actitudes intimidantes contra personas indígenas que reclamaron por el ingreso y los daños en los caminos. Según su relato, algunas personas participantes se identificaron como abogados y dirigieron expresiones ofensivas contra mujeres de la comunidad.
Una disculpa desde el grupo
En paralelo, la página del Territorio Indígena Ngäbe-Buglé de Coto Brus compartió un mensaje de disculpa de una persona identificada como Dixon, descrita como vecino reconocido de la región de Coto Brus por su labor de información comunitaria.
En un video difundido en redes sociales, Dixon dijo haber participado en el recorrido y reconoció que el grupo cometió un error al ingresar sin coordinar previamente con la comunidad.
Ese fue el error de nosotros, no pedir permiso, no ponernos de acuerdo, no coordinarnos”.
Dixon señaló que la actividad inició como una salida de amigos, pero que durante la semana se sumaron más personas hasta convertirse en un grupo mucho más grande de lo previsto. También dijo que participantes provenían de distintas zonas del país y defendió que la actividad generó movimiento económico en hoteles, restaurantes, panaderías y comercios de Coto Brus.
Sin embargo, reiteró sus disculpas al territorio indígena de La Casona y reconoció que, si existe una próxima actividad, deberá coordinarse previamente con la comunidad para definir por dónde se puede transitar y bajo qué condiciones.
Qué implica un territorio indígena
Más allá de la controversia sobre pagos, daños y responsabilidades, el episodio abrió una discusión sobre el régimen jurídico de los territorios indígenas en Costa Rica.
La Ley Indígena establece que las tierras indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Esa misma normativa prohíbe a personas no indígenas alquilar, arrendar, comprar o adquirir terrenos o fincas dentro de los territorios indígenas.
Además, el Decreto Ejecutivo 13568-G reconoce a las Asociaciones de Desarrollo Integral indígenas como representantes legales de las comunidades indígenas y como gobiernos locales dentro de sus territorios.
La discusión sobre si un trayecto específico corresponde a una vía pública no agota el punto de fondo. No existe, en términos generales, una regla simple según la cual cualquier persona deba pedir autorización a la ADI para todo tránsito individual por cualquier camino que atraviese un territorio indígena. Sin embargo, el caso de La Casona no se refiere a un tránsito aislado, sino a una actividad recreativa organizada, con decenas de vehículos todoterreno, dentro de un territorio indígena legalmente reconocido y sobre caminos utilizados por la población local.
La comunidad ha insistido en que no se opone al turismo ni a las visitas, pero reclama respeto, diálogo y coordinación previa con sus autoridades territoriales.