La violencia homicida y el narcotráfico han crecido de manera alarmante. El Estado debe responder con firmeza: más policías, mejor inteligencia, investigación eficaz, cooperación internacional, equipo adecuado y una justicia capaz de condenar a los culpables y absolver a los inocentes sin mora judicial. También con una política carcelaria que promueva la reincorporación del delincuente a la sociedad, como la que introdujo mi hermano Gerardo Rodríguez cuando terminó la construcción de La Reforma y realizó el traslado de los privados de libertad para cerrar La Penitenciaría y acabar con esa vergüenza nacional.
Pero firmeza no significa militarización. Menos aún en Costa Rica.
En 1994, cuando fui diputado, impulsé el proyecto que se convirtió en la Ley General de Policía, N.° 7410. Desde la abolición del ejército en 1949, nuestra policía había conservado tradiciones militares impropias de su función: acuartelamiento, grados castrenses y una organización que facilitaba que cada cambio de gobierno convirtiera buena parte de la Guardia Civil y del Resguardo Fiscal en botín político.
La Ley 7410 creó el Estatuto Policial para dar estabilidad y profesionalizar a los servidores. La transición fue deliberadamente gradual: cada administración incorporaría al régimen estatutario un 25% de la fuerza, hasta completar el cuerpo permanente. Así se evitaba también que un solo partido escogiera a toda la policía inamovible. El ingreso exigía pasar por la Escuela Nacional de Policía.
Al asumir la Presidencia, comprobamos que la reforma avanzaba muy lentamente. La Escuela graduaba pocos policías; subsistían el régimen de cuartel y los grados militares; no se exigía suficiente preparación académica; faltaban incentivos y apoyo jurídico para los oficiales; y los altos mandos podían escogerse sin un escalafón profesional que limitara la discrecionalidad política.
La herencia militar iba más allá de los nombres. La policía vestía uniformes semejantes a los de un ejército; parte de su entrenamiento se realizaba en instalaciones militares extranjeras y, con frecuencia, dependía de donaciones de excedentes militares. Durante nuestro gobierno eliminamos esas prácticas. Queríamos una policía equipada y preparada para proteger a las personas y hacer cumplir la ley, no una imitación de las fuerzas armadas de otros países.
Por eso eliminamos por decreto el acuartelamiento y la nomenclatura militar, y presentamos el proyecto que llegó a ser la Ley de Fortalecimiento de la Policía Civilista, N.° 8096, de 2001. La ley prohibió expresamente incorporar grados de naturaleza militar; creó escalas y procedimientos de ascenso basados en estudios, capacitación, experiencia, mérito y concurso; estableció un escalafón de oficiales superiores del cual debían salir los principales directores; fortaleció los incentivos por riesgo e instrucción; y creó la Dirección Policial de Apoyo Legal, integrada por abogados policías.
Ahora el Poder Ejecutivo propone borrar aquella prohibición y sustituir comisario, comisionado, comandante, intendente, subintendente, inspector y agente por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”. Reconozco con exactitud lo que hace y lo que no hace el proyecto: mantiene los requisitos académicos, los concursos, el escalafón y la subordinación al poder civil. Su argumento es que solo cambia nombres.
Pero los nombres también expresan una doctrina institucional. El propio proyecto afirma que “los símbolos importan” y que los nuevos grados procuran imponer respeto y fortalecer la disciplina. Precisamente por eso debemos preocuparnos. Si fueran palabras inocuas, no se propondría cambiar la ley. En una Costa Rica sin ejército, llamar coroneles, mayores, subtenientes y rasos a nuestros policías no mejora una investigación, no descubre una ruta del narcotráfico, no sigue el dinero ilícito ni resuelve un homicidio. Sí altera el imaginario, la cultura y la relación que se quiere construir entre la Fuerza Pública y la ciudadanía.
Además, puede ser el primer paso para regresar a prácticas que ya superamos. Hoy se restauran los grados; mañana alguien podrá invocarlos para justificar uniformes, armamento, entrenamiento y donaciones de naturaleza cada vez más militar. Ya hemos visto la ostentación de policías con armas largas propias de escenarios bélicos. Las instituciones también cambian por acumulación de símbolos y precedentes. Es prudente cerrar esa puerta desde el inicio.
La experiencia internacional no aconseja abrirla. La intervención militar puede derrotar o contener una guerrilla, como ocurrió en Colombia, pero no ha eliminado el narcotráfico. En 2023, Colombia llegó a 253.000 hectáreas de coca y a una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína. En México, décadas de creciente participación militar tampoco acabaron con los carteles ni con su violencia. En febrero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la seguridad ciudadana corresponde a policías civiles debidamente organizadas y capacitadas, y recomendó evitar estrategias militarizadas y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.
Ese fue nuestro camino. Ante el tráfico marítimo internacional de drogas que ya nos amenazaba, no pedimos crear una marina de guerra. Propusimos a Estados Unidos el acuerdo de cooperación para suprimir el tráfico ilícito marítimo, conocido como Convenio de Patrullaje Conjunto, con la Guardia Costera de ese país, una fuerza especializada en vigilancia marítima y aplicación de la ley. Y mediante la Ley N.° 8000, de mayo de 2000, creamos nuestro Servicio Nacional de Guardacostas como un cuerpo policial integrante de la Fuerza Pública. Cooperación internacional, sí; militarización, no.
Nuestra policía necesita mayor presupuesto, formación continua, salarios dignos, tecnología, inteligencia financiera, protección, respaldo legal y coordinación con fiscales, jueces, guardacostas y policías de otros países. Necesita autoridad nacida de la ley, la capacidad y la confianza ciudadana, no del simbolismo castrense.
Costa Rica abolió el ejército no solo para eliminar una institución, sino para afirmar una aspiración nacional de paz: vivir sin militares ni ejércitos y resolver nuestros conflictos mediante el derecho y las instituciones democráticas. Enfrentemos sin titubeos al narcotráfico y al crimen organizado, pero hagámoslo fortaleciendo la policía profesional y civilista que hemos construido durante décadas, no desandando ese camino.