Costa Rica atraviesa un momento decisivo. Durante décadas, el país construyó una institucionalidad sólida que permitió avances extraordinarios en educación, salud, estabilidad democrática y movilidad social. Sin embargo, hoy enfrentamos una realidad distinta, amplios sectores de la población sienten que el Estado ya no responde a sus necesidades, que las oportunidades son cada vez más escasas y que el progreso económico está reservado para unos pocos. La creciente frustración ciudadana no surge de la nada. Es el resultado de años de incapacidad por parte de los partidos políticos de atender problemas estructurales.
La razón de esta situación es un problema profundo que siempre me ha costado entender y aceptar, y es que Costa Rica carece de una verdadera visión de Estado. Debatimos intensamente sobre el quehacer de gobiernos, partidos y actores políticos, pero no sobre el país que queremos construir en los próximos veinte o treinta años. Tampoco hemos logrado definir con claridad el papel que deben desempeñar el sector público, la empresa privada y la sociedad civil en la agenda de desarrollo..
Durante demasiado tiempo hemos caído en falsas dicotomías. Unos defienden que el Estado debe resolver prácticamente todos o muchos de los problemas. Otros consideran que el mercado puede hacerlo mejor. Aunque se ha hablado mucho de alianzas público privados poco hemos avanzado en este campo. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil suelen quedar relegadas a un papel secundario, a pesar de su rol crítico en mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, y la protección del medio ambiente.
Costa Rica necesita un Estado fuerte, pero diferente. No necesariamente más grande, sino más costo-efectivo. Un Estado capaz de concentrarse en aquello que solo él puede hacer. Esta transformación no puede depender de un solo gobierno. Requiere acuerdos nacionales amplios y sostenidos en el tiempo. Requiere que los partidos políticos sean capaces de anteponer el interés del país a la lógica electoral. Requiere construir consensos mínimos sobre temas críticos para el desarrollo del país.
Este es precisamente uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. La fragmentación política dificulta la construcción de acuerdos. La relación entre gobierno y oposición se encuentra marcada por una confrontación permanente que, aunque genera réditos políticos de corto plazo, reduce la capacidad del país para impulsar reformas profundas.
La mejor defensa de la democracia consiste en demostrar que puede resolver problemas reales. Consiste en construir una gran coalición nacional capaz de impulsar las transformaciones que el país necesita. Una coalición que no se una únicamente para frenar a una persona o a un gobierno, sino para ofrecer una alternativa creíble de futuro. Esto ya lo ha hecho Costa Rica en el pasado.
La ciudadanía demanda resultados. Demanda empleos de calidad, mejores servicios públicos, seguridad, oportunidades para sus hijos y una esperanza razonable de progreso y bienestar. Si las instituciones son incapaces de responder a esas expectativas, la polarización continuará creciendo y las tensiones políticas se profundizarán, comprometiendo la democracia.
Costa Rica conserva una institucionalidad robusta, un pueblo que ama su país y una tradición democrática admirada internacionalmente. Pero estas fortalezas no son permanentes. Deben renovarse mediante una transformación profunda del Estado que permita responder con mayor eficacia a los desafíos del siglo XXI.
Esa transformación debería comenzar, al menos, por cinco prioridades nacionales:
- Modernizar la gestión pública para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
- Simplificar trámites y eliminar duplicidades institucionales.
- Fortalecer la educación y la formación para el empleo como principal mecanismo de movilidad social.
- Impulsar alianzas público-privadas que aceleren la inversión y la generación de oportunidades en todo el territorio.
- Establecer sistemas rigurosos de evaluación de resultados que garanticen que cada colón invertido genere mayor valor para la ciudadanía.
Ha llegado el momento de que los liderazgos políticos, empresariales, sociales y académicos asuman una responsabilidad histórica, como convocar a un nuevo pacto social para Costa Rica. Un pacto que redefina el papel del Estado, del mercado y de la sociedad civil; que establezca prioridades nacionales compartidas a mediano plazo; y que coloque el bienestar de las personas en el centro de toda política pública.
La pregunta que debemos hacernos no es qué país heredamos, sino qué país estamos construyendo para nuestros hijos. Porque la verdadera defensa de la democracia no consiste en preservar las instituciones tal como son, sino en transformarlas para que sigan siendo capaces de responder a las necesidades y aspiraciones de su pueblo.