Hay una escena que se repite con la puntualidad de un ritual administrativo: cada cierto número de años, el Ministerio de Hacienda anuncia un ajuste, y ese ajuste, con una regularidad que ya debería inquietarnos más de lo que nos inquieta, aterriza sobre el Ministerio de Cultura y Juventud y, dentro de él, sobre el Parque La Libertad.
En julio de este año, la Fundación Parque Metropolitano La Libertad confirmó lo que ya se sabía: una reducción del 9,5% en su presupuesto para el 2026 y de un 13,38% adicional para el 2027, decidida por el propio Ministerio de Cultura. El resultado inmediato fue la salida de 15 personas y un ajuste salarial provisional para otras 30, en un intento —así lo describió su fundador, Marcos Fernández— de "conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo".
No es la primera vez. En 2022, un recorte de 182 millones de colones ya había puesto en riesgo los programas del Centro de Tecnologías y Artes Visuales; en 2023, veintiséis organizaciones se opusieron públicamente a un ajuste de 4.000 millones de colones al Ministerio, y la propia ministra de entonces, Nayuribe Guadamuz, admitió que se había enterado del recorte cuando el proyecto de presupuesto ya estaba en la Asamblea Legislativa, decidido, según sus palabras, "desde Hacienda" y no desde su despacho.
Conviene detenerse en esa reiteración. No estamos ante un hecho aislado ni ante una anécdota presupuestaria menor, sino ante un patrón: una y otra vez, cuando el Estado costarricense necesita ajustar cuentas, la cultura —y dentro de ella, de manera especialmente simbólica, un parque construido sobre una antigua fábrica de cemento en uno de los cinturones de mayor vulnerabilidad social del Gran Área Metropolitana— aparece como la partida prescindible. Ese gesto, repetido, no es solo fiscal; es también un enunciado sobre lo que un país considera esencial y lo que considera accesorio. Y ahí es donde el episodio deja de ser una nota de coyuntura para convertirse en un síntoma que merece una lectura más detenida.
El ministro de Hacienda de Costa Rica sintetizó en 2023 la lógica que sostiene estos recortes con una frase que vale la pena examinar: el recorte, dijo, era "un castigo por guardar la plata en la gaveta"; los ministerios que no ejecutan su presupuesto no reciben más recursos porque, preguntó retóricamente, ¿de qué sirve un colón que no se ejecuta? Es un razonamiento impecable en su lógica contable y profundamente empobrecedor en su lógica política. Convierte la subejecución, que en instituciones culturales suele deberse a trámites, rigideces administrativas o falta de personal técnico, no a falta de necesidad, en prueba de innecesariedad. Traduce un problema de gestión en un veredicto sobre el valor social de una función pública.
Wendy Brown ha descrito con precisión este desplazamiento en su análisis de la racionalidad neoliberal: cuando toda esfera de la vida social pasa a evaluarse según criterios de eficiencia, rendimiento y retorno medible, aquello que no produce un indicador inmediato de ejecución o rentabilidad queda estructuralmente en desventaja frente a lo que sí lo produce. La cultura, cuyos efectos —cohesión comunitaria, prevención de violencia, formación de capacidades, sentido de pertenencia— se despliegan en temporalidades largas y resisten la cuantificación trimestral, pierde sistemáticamente esa competencia. No porque sea menos importante, sino porque el lenguaje mismo con el que se decide qué importa ya viene calibrado para no verla.
Esa gramática del ajuste tiene, además, una segunda característica que el caso costarricense ilustra con nitidez: la difusión de la responsabilidad. La ministra de Cultura de 2023 aseguró que la decisión no salió de su despacho; el Ministerio de Hacienda respondió que solo aplicaba criterios técnicos de ejecución presupuestaria. Cada actor institucional puede, legítimamente, señalar que no fue quien decidió el número exacto. Y, sin embargo, el recorte ocurre. Esta dilución de la autoría es también un rasgo que la teoría política contemporánea —pienso en los trabajos sobre gubernamentalidad que retoman a Michel Foucault— ha identificado como propio de las administraciones tecnocráticas: el poder se ejerce a través de procedimientos y fórmulas que nadie parece decidir del todo, pero que producen efectos muy concretos sobre la vida de comunidades específicas.
Para entender lo que está en juego no basta con mirar las cifras; hay que mirar la función. El Parque La Libertad no es un centro cultural convencional, de esos que podrían leerse como amenidad urbana para públicos ya formados y con tiempo libre disponible. Es, por diseño, un dispositivo de desarrollo humano situado en el corazón de un territorio que involucra ciudades como Desamparados, La Unión, Curridabat, Alajuelita y San José, marcado por la pobreza, el desempleo y la violencia. Sus programas de formación técnica, artística y ambiental no compiten con la educación formal; la complementan en el punto exacto donde el sistema suele fallar, ofreciendo a jóvenes que ni estudian ni trabajan una vía de reinserción que no pasa por la vigilancia ni el castigo, sino por la creación.
Aquí resuena con fuerza el planteamiento de Amartya Sen y Martha Nussbaum sobre el desarrollo como expansión de capacidades. Para ambos, el desarrollo no se mide únicamente por el ingreso disponible, sino por el conjunto de oportunidades reales que una persona posee para construir la vida que le parece digna de ser vivida. Un taller de animación 3D, un curso de análisis de datos o un espacio de alfabetización digital no son lujos culturales superpuestos a las necesidades "verdaderas" de una comunidad vulnerable; son, en el vocabulario de Sen, ampliaciones concretas de la libertad sustantiva de quienes los reciben. Recortar ese tipo de programa no es simplemente reducir un gasto; es, con toda propiedad, reducir el horizonte de posibilidades de las personas a las que estaba destinado.
Pierre Bourdieu ofrece una clave complementaria. Su noción de capital cultural explica por qué la desigualdad no se reproduce solo a través del ingreso, sino a través del acceso desigual a los códigos, saberes y credenciales simbólicas que permiten moverse con soltura en el mundo social. Las instituciones culturales públicas, cuando están bien diseñadas —y el Parque La Libertad lo estuvo desde su concepción como alianza público-privada orientada a comunidades específicas—, funcionan como uno de los pocos mecanismos capaces de compensar, aunque sea parcialmente, esa distribución desigual del capital cultural heredado. Debilitarlas no afecta por igual a toda la sociedad; afecta de manera desproporcionada a quienes menos alternativas tienen para adquirir ese capital por otras vías, sea la escuela privada, el viaje formativo o la biblioteca familiar.
Existe una intuición muy extendida, incluso entre quienes no tendrían intención de defenderla en voz alta, según la cual la cultura pertenece al orden de lo prescindible: viene después de la salud, después de la seguridad, después de las carreteras. Néstor García Canclini ha dedicado buena parte de su obra a desmontar esa jerarquía, mostrando cómo en América Latina las políticas culturales han oscilado entre el mecenazgo elitista y el abandono, sin lograr instalarse como lo que efectivamente son: infraestructura social. García Canclini insiste en que la cultura no es un adorno posterior al desarrollo, sino una de sus condiciones de posibilidad, en la medida en que es a través de ella que las sociedades procesan simbólicamente sus conflictos, construyen identidad compartida y —esto es crucial en el caso que nos ocupa— generan alternativas de sentido para poblaciones jóvenes que, de otro modo, encuentran esas alternativas en la economía informal o en la violencia.
Antonio Gramsci, casi un siglo antes, ya había señalado que ninguna transformación social duradera ocurre solo en el plano económico; requiere una batalla en el terreno de la hegemonía cultural, es decir, en el terreno de qué relatos, símbolos y prácticas logran instalarse como sentido común. Un espacio como el Parque La Libertad, ubicado deliberadamente en un territorio históricamente excluido de la oferta cultural capitalina, puede leerse en esa clave: como un intento, modesto pero real, de disputar ese terreno simbólico a favor de comunidades que rara vez son protagonistas de la narrativa cultural nacional. Cuando ese tipo de espacio se debilita, no solo se pierde infraestructura física o programática; se cede, otra vez, ese terreno simbólico a quienes ya lo ocupaban.
David Harvey, desde una perspectiva más estructural, ayuda a nombrar el fenómeno de fondo: lo que él denomina "acumulación por desposesión" no ocurre únicamente en la privatización de tierras o recursos naturales, sino también en el desmantelamiento paulatino de infraestructuras públicas que alguna vez se consideraron parte del contrato social básico. Cada recorte, tomado aisladamente, parece razonable, técnico, incluso prudente en tiempos de estrechez fiscal. Sumados a lo largo de una década —2022, 2023, 2026—, dibujan una trayectoria: la de un Estado que va soltando, pieza por pieza, su compromiso con la formación cultural de las poblaciones más vulnerables, sin que exista jamás un momento único, dramático, en el que esa decisión se tome de manera explícita y se asuma como tal ante la ciudadanía.
Boaventura de Sousa Santos ha insistido en que buena parte de las crisis contemporáneas son, antes que nada, crisis de imaginación: la incapacidad de concebir que las cosas podrían organizarse de otro modo. Aplicado a este caso, el punto no es negar que Costa Rica atraviesa restricciones fiscales reales ni sostener ingenuamente que la cultura debería quedar exenta de todo escrutinio sobre su ejecución presupuestaria. El punto es otro: preguntarse por qué, entre todas las partidas posibles, es una y otra vez la cultura —y dentro de ella, instituciones que trabajan específicamente con juventud en riesgo social— la que aparece primero en la lista de lo ajustable. Esa recurrencia no es un accidente estadístico; es la expresión de una jerarquía de valores que rara vez se declara abiertamente, pero que el patrón de los recortes deja leer con claridad.
El propio director de la Fundación, al reaccionar al recorte de este año, optó por un lenguaje conciliador: confianza en el liderazgo gubernamental, disposición a construir una estrategia conjunta para recuperar capacidades. Es una respuesta comprensible desde la posición institucional que ocupa, pero también revela algo incómodo: la normalización de un ciclo en el que las instituciones culturales deben, periódicamente, rogar por la restitución de lo que ya tenían, en lugar de que su financiamiento se considere una base estable sobre la cual construir. Zygmunt Bauman hablaría aquí de la precarización como condición estructural, no excepcional, de nuestro tiempo; también las instituciones, no solo las personas, viven hoy en un régimen de provisionalidad permanente.
Para finalizar, ningún ensayo puede sustituir la discusión técnica sobre ejecución presupuestaria ni pretender que existe una fórmula sencilla para resolver la tensión entre austeridad fiscal y política cultural. Pero sí puede —y quizás deba— insistir en una distinción que la discusión pública tiende a diluir: una cosa es exigir eficiencia en el gasto público y otra muy distinta es tratar la inversión cultural como un lujo posponible cada vez que las cuentas aprietan. Lo primero es una exigencia legítima de cualquier ciudadanía hacia sus instituciones. Lo segundo es una decisión de fondo sobre qué tipo de sociedad se quiere ser, tomada casi siempre sin ese nombre, bajo la apariencia neutral de una cifra porcentual.
El Parque La Libertad seguirá, probablemente, encontrando la manera de sostenerse, como ha ocurrido antes: con voluntariado, con captación de fondos propios, con la resiliencia administrativa que tantas veces se le exige a lo público cuando lo público deja de ser prioridad. Pero cabe preguntarse cuánto tiempo puede una institución —y, con ella, las comunidades que dependen de ella— sostenerse a partir de la resiliencia antes de que la resiliencia misma se convierta en la justificación tácita para seguir recortando. Esa es, en última instancia, la pregunta que cada nuevo recorte deja pendiente y que ningún comunicado institucional, por conciliador que sea, alcanza a responder.