Y esta regla puede ser clave para el futuro de Michelle Bachelet, una figura instalada desde hace años en el escenario internacional y cuya eventual candidatura ha sido impulsada, entre otros, por el expresidente Gabriel Boric.
El pasado 30 de julio comenzó una de las etapas más decisivas del proceso. Ese día, el Consejo de Seguridad inició las primeras votaciones informales para medir el nivel de apoyo que reúne cada candidatura. Sin embargo, aquí está el aspecto más relevante: aunque el Consejo tiene 15 integrantes, solo cinco son miembros permanentes y cuentan con derecho a veto.
¿Quiénes son? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Esto significa que cualquiera de estas potencias puede bloquear una candidatura, incluso si esta cuenta con el respaldo mayoritario del resto de los países.
Por ello, para quienes aspiran a convertirse en secretario general de las Naciones Unidas no basta con acreditar experiencia o reunir apoyos internacionales. También deben evitar que alguno de estos cinco países decida impedir su nombramiento.
En el caso de Michelle Bachelet, hoy existen dos focos de incertidumbre. El primero es Estados Unidos. Un grupo de parlamentarios republicanos solicitó públicamente que ese país vete a la expresidenta chilena, principalmente por sus posiciones sobre derechos sexuales y reproductivos y por las críticas a su gestión como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este último aspecto adquiere relevancia porque no fue renovada para un segundo mandato, un hecho que puede interpretarse como una señal política y comunicacional.
El segundo foco es China, cuya posición aún no está clara y que probablemente será uno de los factores más relevantes para observar durante el desarrollo del proceso.
No obstante, es importante hacer una precisión. Hasta ahora, ni Estados Unidos, ni China, ni ninguno de los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad ha anunciado oficialmente que ejercerá su derecho a veto respecto de alguna candidatura.
Por ello, aunque el proceso ya comenzó, todavía estamos lejos de conocer quién será la próxima persona que dirigirá las Naciones Unidas. Lo que sí empieza a quedar en evidencia es qué candidaturas tienen posibilidades reales de superar el filtro más exigente de todo el proceso: el veto. Antes de que los 193 Estados miembros de la Asamblea General puedan nombrar al próximo secretario general, cada postulante debe superar, primero, el escrutinio político de las cinco potencias con derecho a veto.
En la primera votación informal, Michelle Bachelet se ubicó en el cuarto lugar, un escenario complejo y cuesta arriba. Además, pasó a integrar el grupo de candidaturas consideradas menos competitivas, junto con Macky Sall, de Senegal, y Olara Otunnu, de Uganda.
El resto del grupo lo integran Rebeca Grynspan, de Costa Rica; Carolyn Rodrigues-Birkett, de Guyana; Rafael Grossi, de Argentina; y María Fernanda Espinosa, de Ecuador.
Por ahora, la atención política y periodística se concentra en la costarricense Rebeca Grynspan, quien lidera esta primera votación informal con diez apoyos y aparece como la principal aspirante para suceder a António Guterres.
Si bien estas votaciones tienen un carácter exploratorio y no son vinculantes, cumplen una función política clave: permiten identificar qué candidaturas cuentan con opciones reales y cuáles comienzan a perder viabilidad. Habitualmente, quienes reciben menor respaldo terminan retirándose durante el proceso. Aun así, Estados Unidos ya ha señalado que la definición podría extenderse durante varios meses.