La inversión en vivienda adecuada y en el mejoramiento integral de barrios produce beneficios que trascienden ampliamente el sector habitacional. Además de proporcionar un espacio físico seguro para vivir, puede reducir enfermedades, mejorar el desempeño educativo, aumentar la productividad, disminuir el consumo energético, prevenir delitos y accidentes, fortalecer el patrimonio de las familias y reducir las pérdidas ocasionadas por desastres. Por esta razón, la vivienda puede entenderse también como una infraestructura preventiva de salud, educación, seguridad, protección social y resiliencia climática.
Uno de los antecedentes más conocidos corresponde al agua potable y al saneamiento. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud estimó que las intervenciones combinadas de agua y saneamiento generan una relación beneficio-costo mundial aproximada de $4,30 por cada dólar invertido. Estos beneficios no corresponden únicamente a ahorros en atención médica, sino también a la reducción de muertes prematuras y la recuperación de tiempo productivo. La fuente primaria es un estudio publicado por la OMS en 2012.
Resultados documentados por el Programa de Asistencia para la Climatización de Viviendas del Departamento de Energía de Estados Unidos reflejan que cada dólar invertido en rehabilitación energética de viviendas de bajos ingresos genera, en beneficios energéticos y no energéticos, un retorno combinado de aproximadamente $4,50. Los beneficios no energéticos comprenden mejoras en la salud, seguridad y confort, menores gastos médicos y menos días de trabajo perdidos; el programa reporta, además, ahorros anuales en las facturas de energía de los hogares beneficiarios.
La adaptación física de las viviendas también puede prevenir accidentes y reducir costos sanitarios. Un ensayo controlado realizado en Nueva Zelanda incorporó pasamanos, superficies antideslizantes, iluminación exterior, reparación de escalones y barras de apoyo en baños, intervenciones que redujeron aproximadamente un 26% las lesiones causadas por caídas y generaron beneficios sociales equivalentes a por lo menos seis veces su costo.
La eliminación de contaminantes presentes en la vivienda puede producir retornos aún mayores, como demostró una evaluación estadounidense sobre el control de la pintura con plomo, que estimó retornos de entre $17 y $221 por cada dólar invertido. Los beneficios considerados incluyeron menores gastos de atención médica y educación especial, prevención de trastornos asociados a la exposición al plomo, aumento del coeficiente intelectual y de los ingresos futuros, mayor recaudación tributaria y reducción de determinados costos relacionados con la criminalidad. Se trata de un rango muy amplio, dependiente de los supuestos utilizados y de las condiciones de ese país, por lo que no debe trasladarse mecánicamente a otros países; no obstante, demuestra la magnitud de los costos sociales que pueden originarse dentro de una vivienda inadecuada.
La estabilidad y calidad residencial y barrial también generan ahorros para otros sistemas públicos
El proyecto canadiense At Home/Chez Soi, uno de los mayores ensayos realizados sobre el modelo Housing First, proporcionó vivienda permanente y servicios de acompañamiento a más de 2000 personas sin hogar con necesidades de salud mental. En los participantes con necesidades altas, cada dólar invertido produjo aproximadamente $0,96 en ahorros de otros servicios públicos; entre el 10% de participantes que generaba los mayores costos antes de la intervención, el ahorro llegó a $2,17 por dólar invertido. Estos ahorros se produjeron principalmente por un menor uso de albergues, hospitales, servicios de emergencia, instituciones y sistemas policiales y judiciales. El estudio encontró también mejoras en la estabilidad habitacional, la calidad de vida y el funcionamiento comunitario.
En el ámbito del mejoramiento barrial, un experimento realizado en Acayucan, México, encontró que la pavimentación de calles produjo un aumento estimado del 54% en el valor del suelo de las propiedades ubicadas en las vías intervenidas. Al comparar las ganancias patrimoniales privadas con los costos municipales de las obras, los investigadores calcularon una relación de 1,09. Es decir, el aumento estimado del valor de los terrenos fue ligeramente superior al costo de la intervención, incluso sin incorporar otros posibles beneficios, como la reducción del polvo y el barro, la accesibilidad, el drenaje, la movilidad o el ahorro de tiempo.
La evaluación del programa “Piso Firme”, en México, analizó la sustitución de pisos de tierra por pisos de cemento; una sustitución completa se asoció con una reducción estimada del 78% en las infestaciones parasitarias, del 49% en los episodios de diarrea y del 81% en la prevalencia de anemia infantil. También se registraron mejoras de entre 36% y 96% en diferentes pruebas de desarrollo cognitivo, junto con mayor satisfacción con la vivienda y la calidad de vida y menores niveles de depresión y estrés entre las personas adultas. Aunque el estudio no convirtió estos resultados en una relación monetaria beneficio-costo, proporciona indicadores cuyos efectos económicos pueden valorarse mediante gastos sanitarios evitados y mejoras en el desarrollo y los ingresos futuros.
La seguridad de la tenencia constituye otra dimensión de la vivienda adecuada con efectos intersectoriales, como lo demuestra un experimento natural realizado en un asentamiento del área metropolitana de Buenos Aires, que encontró que la titulación se relacionaba con una mejora global aproximada del 37% en la calidad de las viviendas. Las familias con títulos invirtieron más en paredes, cubiertas, superficies construidas y aceras. Sus hijos acumularon alrededor de 0,4 años adicionales de escolaridad y registraron menos ausencias. Sin embargo, contrario a lo que suele creerse, el estudio no encontró mejoras significativas en el acceso al crédito, los ingresos o el empleo. Esta conclusión es importante porque demuestra que la regularización puede favorecer la inversión residencial y la educación, pero no constituye, por sí sola, una solución para la inclusión financiera o la generación de ingresos.
En cuanto al impacto del espacio público y la infraestructura en la seguridad, un experimento aleatorio realizado en conjuntos de vivienda pública de Nueva York encontró que la instalación de iluminación adicional produjo, como mínimo, una reducción del 36% en los delitos graves ocurridos durante la noche en espacios exteriores, después de considerar posibles desplazamientos del delito hacia áreas cercanas. Aunque el estudio no calculó un retorno monetario, sus resultados pueden traducirse en gastos policiales, judiciales y sanitarios evitados, reducción de pérdidas materiales y ampliación de la movilidad nocturna, particularmente para mujeres, personas mayores y trabajadores.
Resiliencia frente a vulnerabilidad ambiental y desastres
En lo que respecta a resiliencia frente a desastres, el estudio Natural Hazard Mitigation Saves, del National Institute of Building Sciences, estima que la adopción de códigos de construcción actualizados en Estados Unidos genera, en promedio, $11 en beneficios por cada dólar de costo adicional. El diseño por encima de los requisitos mínimos y la rehabilitación de edificaciones existentes producen alrededor de $4 por dólar, mientras que las subvenciones federales para mitigación generan aproximadamente $6; los beneficios incluyen daños materiales evitados, reducción de lesiones y muertes, continuidad de servicios y actividades productivas, y menores gastos de emergencia y reconstrucción.
En una escala territorial más amplia, el Banco Mundial calcula que invertir en infraestructura resiliente en países de ingresos bajos y medios genera, en promedio, $4 en beneficios por cada dólar invertido. La estimación comprende sistemas de agua y saneamiento, electricidad, transporte y telecomunicaciones; estos sistemas determinan la capacidad de los barrios para mantener el acceso a empleo, educación, salud y servicios esenciales durante y después de un evento adverso. Se estima que las interrupciones de infraestructura ocasionadas por amenazas naturales, mantenimiento insuficiente y problemas de gestión cuestan por lo menos $390.000 millones anuales a los hogares y empresas de los países estudiados.
En los ámbitos patrimonial y fiscal pueden medirse el aumento del valor de la vivienda y del suelo, la inversión de los hogares, la ampliación de la base tributaria municipal y los costos públicos evitados; en ambiente pueden utilizarse el consumo energético, las emisiones evitadas, la calidad del aire, la exposición al calor, los días de interrupción de servicios y el tiempo necesario para recuperar la normalidad. Además, deben incorporarse indicadores de estabilidad residencial, como desalojos, desplazamientos, permanencia en la vivienda y utilización de albergues. La información puede sintetizarse mediante una relación costo-beneficio que compare el valor presente de todos los beneficios económicos, sociales y ambientales con la inversión y sus costos de operación y mantenimiento. También puede calcularse un retorno fiscal intersectorial que identifique cuánto ahorran los sistemas de salud, educación, emergencias, justicia y protección social por cada unidad monetaria invertida en vivienda.
Efectos multiplicadores intersectoriales y su aplicabilidad en Costa Rica
Los multiplicadores encontrados en estos estudios no son valores universales y no deben transferirse directamente de un país a otro; cada evaluación debe establecer una línea base y un escenario contrafactual, determinar horizontes temporales y evitar la doble contabilización de beneficios. También resulta necesario distinguir entre los beneficios recibidos por los hogares, los ahorros fiscales obtenidos por el Estado y los beneficios sociales más amplios. Finalmente, los resultados deben desagregarse por ingreso, género, edad, discapacidad y condición migratoria, para determinar no solo cuánto retorno produce una intervención, sino también quién recibe esos beneficios.
Sin embargo, en conjunto, la evidencia permite sostener que la inversión en vivienda adecuada y mejoramiento integral de barrios representa mucho más que un gasto social o la creación de activos físicos: constituye una inversión intersectorial capaz —entre otros efectos— de prevenir enfermedades, fortalecer trayectorias educativas, aumentar la productividad, reducir la inseguridad, proteger el patrimonio familiar y disminuir los costos futuros de los desastres. Cuantificar estos efectos permitiría construir una justificación económica y social más completa para las políticas habitacionales y demostrar que una parte importante de sus retornos se materializa fuera de los presupuestos tradicionales del sector vivienda.