Si la pregunta es política —y creo que lo es—, mi respuesta sería: Costa Rica no la salva una persona. La salva su capacidad de impedir que alguien llegue a creerse su salvador.
Durante mucho tiempo hemos considerado —y quizás la idea sobreviva todavía como uno de esos buenos recuerdos de familia— que uno de los rasgos más valiosos de la tradición costarricense reside en sus instituciones relativamente fuertes, sus elecciones competitivas, la alternancia en el poder y, sobre todo, la existencia de límites para quien lo ejerce.
Pese a los cambios de humor, los nervios colectivos, las pugnas por el poder y los demás accidentes de nuestra geografía política, Costa Rica continúa siendo una democracia. Una democracia imperfecta, desde luego, y hoy sometida a tensiones que sería irresponsable minimizar. Enfrentamos una violencia creciente asociada al narcotráfico, bajos niveles de confianza política y tensiones institucionales más que palmarias.
Pero quizá el peligro mayor no se encuentre únicamente en esos problemas, sino en la manera en que empezamos a reaccionar frente a ellos.
Las democracias comienzan a extraviarse cuando una parte de la ciudadanía llega a convencerse de que las instituciones estorban, que los procedimientos son obstáculos, que los contrapesos impiden gobernar y que, frente a una situación excepcional, hace falta también una persona excepcional a quien permitirle hacer aquello que las reglas ordinarias no permiten.
Es entonces cuando aparece la figura del salvador.
No necesariamente llega anunciando el fin de la democracia. Al contrario: suele presentarse como quien viene a rescatarla. Promete devolverle el poder al pueblo, acabar con los privilegios, derrotar a los enemigos, poner orden donde otros produjeron caos y hacer rápidamente aquello que las instituciones, con su desesperante lentitud, no han conseguido hacer.
El problema comienza cuando, para salvar al país, hay que debilitar precisamente aquello que hizo posible que el país no dependiera nunca de un salvador.
Considero que, como costarricenses responsables, no debemos perder de vista que nuestra democracia no fue construida sobre la esperanza de encontrar periódicamente a la persona correcta. Fue construida sobre una sospecha mucho más sabia: que ninguna persona, por correcta, popular o bien intencionada que parezca, debe disponer de demasiado poder.
De ahí los controles, los contrapesos, los jueces, la prensa, la oposición, los organismos electorales, la fiscalización y hasta esa incómoda lentitud institucional que tantas veces desespera. Todos pueden equivocarse. Todos pueden y deben ser criticados. Pero su función última consiste precisamente en impedir que la voluntad de uno termine convirtiéndose en la voluntad de todos.
Por eso resulta paradójico escuchar, cada cierto tiempo, la pregunta acerca de quién podrá salvarnos.
Tal vez seguimos formulando mal la pregunta. Y quizás Costa Rica no necesite encontrar a alguien sobrenaturalmente fuerte para salvarla. Necesita conservar instituciones suficientemente fuertes para que ningún gobernante tenga que hacerlo.
Y si alguna enseñanza merece permanecer de aquel viejo recuerdo de familia es precisamente esa: las repúblicas no sobreviven gracias a hombres providenciales. Sobreviven cuando sus ciudadanos comprenden que incluso aquel gobernante en quien más confían debe encontrar límites.
Porque al final la respuesta sigue siendo mucho menos espectacular que cualquier caudillo, pero bastante más democrática:
¿Quién salva a Costa Rica? Costa Rica.
Mientras tenga la lucidez de desconfiar de quien pretenda salvarla.