El jueves participé, como un costarricense más, en el plantón por la democracia. Lo hice con alegría y esperanza. Allí había personas de edades, oficios, ideas y procedencias muy diversas. No nos unía un partido ni el rechazo a una persona, sino el amor por Costa Rica y la decisión de cuidar la democracia que recibimos de quienes nos precedieron. Estuve allí, sobre todo, para defender la dignidad y la libertad de cada persona.
Por eso quiero decirlo con toda claridad: no fui a manifestarme contra nadie. Fui a manifestarme en favor de Costa Rica.
Reconozco plenamente el resultado de las urnas. Quien gana una elección democrática adquiere el derecho y la responsabilidad de gobernar. Pero nadie recibe poder absoluto. El mandato popular está sometido a la Constitución, a las leyes, a los derechos fundamentales y a los controles que protegen a todas las personas, incluidas aquellas que no votaron por la mayoría.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También exige libertad para opinar, prensa independiente, respeto a las minorías, rendición de cuentas y separación de poderes. El Estado de derecho y la independencia del Poder Judicial, de los magistrados y de los jueces no existen para beneficiar a una institución o a un grupo: son la garantía de los derechos, la dignidad y la libertad de todas las personas. Ninguno de los poderes debe someter a los otros. Ese equilibrio no es un estorbo para impedir que un gobierno actúe: es la garantía que impide que cualquier gobernante pueda actuar arbitrariamente y sin límites.
Defender la independencia judicial no significa afirmar que los tribunales, la Fiscalía o el OIJ sean infalibles. No lo son. Como toda institución humana, pueden equivocarse, atrasarse y hasta cometer graves injusticias. Deben ser examinados, criticados y reformados. Pero una cosa es exigirles eficiencia, transparencia y responsabilidad, y otra muy distinta es desacreditarlos en conjunto, intimidarlos, dificultar su funcionamiento o pretender subordinarlos al poder político. Las instituciones se corrigen con la ley y dentro de la ley; no se destruyen desde la cólera ni se sustituyen por la voluntad de una persona.
Lo digo desde una experiencia dolorosamente personal. Entre las fallas que debemos denunciar están, muy especialmente, los abusos que puede cometer la Fiscalía con sus amplias potestades de investigación y acusación. Desde 2004 he sufrido actuaciones suyas que considero una persecución y he debido librar durante más de dos décadas una lucha judicial que ha afectado profundamente a mi familia y a mí. A pesar de ello, defiendo al Poder Judicial. No porque ignore sus fallas, sino porque sé que, sin jueces independientes y sin debido proceso, el ciudadano queda indefenso frente al poder.
Precisamente en estos días vivo otra situación que me causa enorme dolor y preocupación. Mi abogado y amigo, Cristian Arguedas, sufre ahora actuaciones de la Fiscalía que considero abusivas. Fue detenido a raíz de una denuncia que apenas comienza a investigarse y se le impusieron seis meses de prisión preventiva. Luego fue llevado a máxima seguridad y exhibido con el nuevo uniforme penitenciario, uniforme anunciado para personas acusadas de múltiples asesinatos vinculados al narcotráfico. Todo ello ocurre cuando vencía el plazo para recurrir una sentencia dictada a mi favor en un expediente de más de 112.000 folios, dejándome de pronto sin quien había conducido mi defensa durante años. Don Cristian, además, ha presentado en los últimos meses dos libros muy serios en los que propone algunas de las reformas más importantes que requiere el Poder Judicial.
No me corresponde decidir sobre la investigación contra don Cristian. Eso compete a jueces imparciales, con respeto a su presunción de inocencia y a su derecho de defensa. Pero sí me corresponde, como ciudadano, preguntar si una medida cautelar tan severa es necesaria y proporcional, y rechazar toda forma de condena anticipada o humillación pública. Defender sus garantías no contradice mi defensa del Poder Judicial: la confirma. El Estado de derecho se prueba justamente cuando protege los derechos de quien está acusado o de quien cuestiona a las autoridades.
Costa Rica necesita cambios urgentes. La inseguridad y el narcotráfico nos angustian; la educación se ha deteriorado; las filas para recibir servicios urgentes de salud se han agigantado; muchas familias no encuentran empleo digno y la lentitud de la justicia desespera. Pero ningún problema se resuelve debilitando los contrapesos, denigrando a quien piensa distinto o sembrando desconfianza contra todas las instituciones.
Las reformas duraderas nacen del diálogo y de acuerdos amplios. Nuestra democracia se construyó sumando a personas de distintas corrientes, trabajadores y empresarios, creyentes y no creyentes. Ningún grupo por sí solo hizo Costa Rica ni tiene derecho a apropiarse de ella.
Me preocupa el lenguaje que convierte al adversario en enemigo, que divide entre un pueblo supuestamente puro y todos los demás, presentados como corruptos, traidores o privilegiados. Ese método puede dar réditos políticos inmediatos, pero erosiona la convivencia y prepara el camino para el autoritarismo. El pluralismo no es una debilidad: es el reconocimiento humilde de que nadie posee toda la verdad y de que la patria nos pertenece a todos.
El plantón fue pacífico, alegre y cívico. Miles llenaron la Plaza de la Democracia y varias calles de San José; otras personas se reunieron en comunidades de todo el país. Hubo banderas de Costa Rica, blusas y camisas blancas, familias, jóvenes y adultos mayores. Cantamos el Himno Nacional, la Patriótica Costarricense y el Himno al 15 de Setiembre. Todo eso dice mucho de lo que somos.
No deseo que fracase ningún gobierno, porque su fracaso perjudica al país, especialmente a quienes tienen menos. Deseo que el Gobierno acierte, escuche y respete los límites constitucionales. Deseo también que nuestras instituciones cumplan mejor sus deberes y rindan cuentas. Defenderlas no significa congelarlas: significa mejorarlas sin arrebatarles su independencia.
Costa Rica no necesita más odio. Necesita seguridad sin abuso, autoridad sin autoritarismo, reformas sin destrucción y liderazgo sin culto a la personalidad. Necesita una ciudadanía vigilante, capaz de apoyar lo bueno, señalar lo malo y reconocer siempre la dignidad de quien piensa diferente.
Por eso participé en el plantón. No contra la presidenta, contra el Gobierno o contra quienes lo apoyan. Participé en favor de una Costa Rica donde el poder tenga límites, la justicia sea independiente, la crítica no se castigue y nadie sea considerado menos costarricense por disentir.
La democracia nunca queda asegurada para siempre. Cada generación debe cuidarla. El jueves, miles de ciudadanos recordamos, en paz y con la bandera patria en alto, que estamos dispuestos a hacerlo.