La Política Nacional de Cuidados 2021-2031 y la Ley 10.192, que crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, marcaron un cambio importante en la concepción del cuidado, ya que dejó de entenderse únicamente como una responsabilidad privada de las familias y empezó a reconocerse como parte de la protección social. Ese avance normativo es indispensable, pero también nos coloca como país frente a una pregunta concreta: ¿cómo traducir ese derecho en servicios para las personas que necesitan apoyo y cuidados todos los días?
En muchos hogares del país viven personas en condición de dependencia (pueden ser personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas que tienen una condición que amerita apoyo constante) que desean permanecer en su entorno conocido y cerca de sus redes de apoyo o familiares, pero al mismo tiempo requieren ayuda permanente para bañarse, alimentarse, movilizarse, recordar medicamentos, mantener su higiene o asistir a una cita. Estas actividades pueden parecer sencillas cuando se observan desde fuera, pero se vuelven decisivas y complejas cuando la dependencia forma parte de la vida cotidiana y limita la posibilidad de realizarlas.
Actualmente, buena parte de la respuesta a esas necesidades ha recaído en las familias, especialmente en las mujeres, ya que son ellas las que, con frecuencia, renuncian o reorganizan su vida laboral y profesional, su descanso, sus ingresos y su salud emocional para sostener los cuidados que el sistema todavía no logra cubrir de manera suficiente. Al mismo tiempo, cuando una persona requiere apoyos más intensos y no cuenta con una red familiar o la familia ya no puede sobrellevar el peso del cuidado, la institucionalización —un hogar de larga estancia o de ancianos— suele aparecer como una de las únicas respuestas disponibles.
Por esta razón, es urgente que el Estado implemente opciones intermedias entre una familia agotada y la institucionalización. Estas alternativas deben permitir a las personas en condición de dependencia permanecer en su hogar, recibiendo los cuidados necesarios para favorecer su calidad de vida, bienestar y autonomía, lo que también tiene un efecto positivo en sus personas cuidadoras familiares, pues representa un servicio de respiro (permite tomarse una pausa y descansar de las labores de cuidado).
La buena noticia es que el Estado costarricense, en el marco del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, ha dado un paso al frente y desde el pasado 3 de agosto empezó a explorar esa opción intermedia a través de un plan piloto de cuidados domiciliares que contempla actividades como preparación de comidas y apoyo en la alimentación; estímulo a la movilidad física; limpieza del hogar y de la ropa; apoyo en la rutina de baño (higiene personal, ducha); acompañamiento en citas médicas; y también puede incluir apoyos para salir al entorno cercano, caminar, acompañamiento en compras y mandados, mantener alguna actividad recreativa o sostener pequeñas rutinas que dan sentido a la vida diaria. Estos cuidados se dirigen a personas en situación de dependencia moderada o severa, previamente valoradas mediante el Baremo de Valoración de la Dependencia, y se organizan a partir de planes de atención personalizados. Esto significa que la atención y la provisión de apoyos no se definen de manera genérica, sino según las necesidades, rutinas, preferencias y condiciones de cada persona.
Esta iniciativa articula el trabajo de la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y dos Organizaciones de Bienestar Social (Asociación Josefina Ugalde Céspedes y el Hogar para Ancianos Albernia), las cuales son las encargadas del componente operativo. El propósito del plan piloto, además de brindar apoyos en el hogar, es generar evidencia sobre las condiciones de implementación, financiamiento y calidad necesarias para valorar si esta modalidad puede incorporarse de forma permanente en la oferta pública de cuidados.
La puesta en marcha de este piloto muestra que Costa Rica empieza a construir respuestas más cercanas a la vida cotidiana de las personas en condición de dependencia. Sin embargo, también recuerda que el camino apenas inicia. Ampliar coberturas, implementar nuevas modalidades de atención, garantizar calidad, formar personas cuidadoras, sostener el financiamiento y adaptar los servicios a las diferencias territoriales requerirá decisiones constantes y compromiso de largo plazo. Además, como sociedad debemos comprender que el cuidado no puede descansar únicamente en las familias ni resolverse solo desde una institución; consolidar el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos supone articular responsabilidades entre el Estado, los hogares, las comunidades, las organizaciones sociales y la empresa privada.