El foro ciudadano señaló que el aumento del impuesto selectivo de consumo responde a una reducción de exoneraciones aprobada desde 2022 y defendió los beneficios económicos y sanitarios de la transición.
El Parlamento Cívico Ambiental rechazó las recientes críticas del ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, a la política de descarbonización impulsada por Costa Rica y pidió al Gobierno explicar con precisión los cambios tributarios aplicables a los vehículos eléctricos.
En un manifiesto, el foro cuestionó declaraciones realizadas por Chaves el 22 de julio, cuando calificó como una de las “grandes estafas intelectuales” la política de descarbonización promovida durante la administración de Carlos Alvarado Quesada.
Durante una entrevista en Telenoticias, Chaves argumentó que la reducida contribución de Costa Rica a las emisiones globales vuelve económicamente inconveniente destinar recursos a disminuirlas y sostuvo que el país debería concentrar sus esfuerzos en adaptarse a los efectos provocados por los grandes emisores.
El Parlamento Cívico Ambiental respondió que esa valoración deja de lado beneficios que no dependen únicamente del efecto de Costa Rica sobre las emisiones mundiales, entre ellos reducir la dependencia de combustibles importados, mejorar la calidad del aire, disminuir afectaciones a la salud, modernizar el transporte público y reducir los costos asociados con la congestión vial.
La descarbonización no se justifica solamente por la cantidad de dióxido de carbono que Costa Rica pueda dejar de emitir frente a las grandes potencias. Se justifica también porque permite reducir la dependencia de los combustibles importados, mejorar la calidad del aire, disminuir enfermedades, modernizar el transporte público y recuperar el tiempo que la población pierde diariamente en las presas.
Cuestionan anuncio sobre impuesto a vehículos eléctricos
El Parlamento Cívico Ambiental también cuestionó la forma en que el Gobierno comunicó los cambios relacionados con el impuesto selectivo de consumo (ISC) de los vehículos eléctricos.
Chaves anunció el 22 de julio que había firmado un decreto para aumentar el tributo y afirmó inicialmente que los vehículos pasarían de pagar un 6% a un 30%. Durante la misma entrevista aclaró posteriormente que la tarifa que comenzaba a aplicarse era del 7,5%.
El aumento, sin embargo, no corresponde a la creación de un nuevo impuesto. La Ley 10.209, Ley de Incentivos al Transporte Verde, aprobada en 2022, estableció desde entonces una reducción progresiva de las exoneraciones aplicables al impuesto selectivo de consumo y al impuesto sobre el valor aduanero.
Delfino.cr informó en junio de 2025 que el primer ajuste contemplado por la legislación implicaba pasar de una exoneración total del ISC a una exoneración del 75%. Para los automóviles sujetos a una tarifa ordinaria del 30%, esto equivale a pagar un 7,5%.
De mantenerse el calendario establecido en la legislación, la tarifa efectiva pasará al 15% en 2028, al 22,5% en 2031 y alcanzará el 30% en 2034, cuando concluya la exoneración.
El Parlamento reconoció que los incentivos fiscales pueden revisarse conforme las tecnologías alcanzan mayor madurez, pero pidió que cualquier modificación adicional se sustente en estudios sobre sus efectos en la recaudación, la movilidad, la salud pública, las importaciones de petróleo y el sistema eléctrico.
El Parlamento Cívico Ambiental reconoce que los incentivos fiscales pueden revisarse conforme maduran las tecnologías. Sin embargo, cualquier cambio debe sustentarse en evaluaciones técnicas y considerar sus efectos sobre la recaudación, la movilidad, la salud pública, las importaciones de petróleo y el sistema eléctrico nacional.
Estudio estimó $41.000 millones en beneficios netos
Para sustentar su posición, el Parlamento citó un estudio publicado en 2020 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación RAND, la Universidad de Costa Rica y el Gobierno de Costa Rica sobre los costos y beneficios del Plan Nacional de Descarbonización.
En su escenario de referencia, el estudio estimó que la implementación del plan entre 2020 y 2050 podría generar alrededor de $41.000 millones en beneficios económicos netos, utilizando una tasa de descuento anual del 5%.
El cálculo contempla aproximadamente $78.000 millones en beneficios frente a $37.000 millones en costos. Los autores advierten que existe una incertidumbre considerable alrededor de las estimaciones, aunque concluyeron que, bajo la mayoría de los escenarios analizados, la implementación del plan produciría un beneficio económico neto.
Entre los beneficios considerados se encuentran el ahorro energético, la reducción de accidentes y del tiempo perdido en congestionamientos, menores efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud, mejoras en la productividad agrícola y ganadera y mayores servicios ecosistémicos.
El manifiesto también cita los costos económicos asociados con la congestión vial. Un análisis del Programa Estado de la Nación publicado en 2018 estimó que el costo del tiempo adicional ocasionado por las presas para trabajadores que se desplazaban entre cantones de la Gran Área Metropolitana equivalía a alrededor de un 3,8% del producto interno bruto.
Defienden complementar mitigación y adaptación
El colectivo sostuvo además que la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones no deben plantearse como políticas excluyentes.
Argumentó que Costa Rica necesita prepararse para inundaciones, sequías y otros eventos extremos, pero que simultáneamente puede aprovechar su matriz eléctrica mayoritariamente renovable para reducir el consumo de combustibles fósiles, particularmente en el transporte.
Entre sus planteamientos, pidió que la transición hacia la movilidad eléctrica no se concentre únicamente en automóviles particulares, sino que priorice autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo.
También solicitó inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica, así como mantener el papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la planificación energética pública dentro del proceso.
Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para justificar ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente de combustibles importados. La descarbonización no es un lujo ni una estafa. Es una oportunidad para construir un país más eficiente, saludable, soberano y justo.
El Parlamento Cívico Ambiental es un foro ciudadano adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa e integrado por organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas. Entre sus funciones se encuentran el análisis de iniciativas legislativas y la incidencia sobre asuntos socioambientales.
