“Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear”: la parálisis como estrategia de Estado
La ofensiva contra la justicia ya no proviene únicamente de los micrófonos del Ejecutivo; hoy se ejecuta como una operación de pinza coordinada desde las curules de su mayoría legislativa".
En el argot popular costarricense, pocas expresiones sintetizan con tanta precisión la inoperancia y el obstruccionismo deliberado como el conocido refrán: "Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear". Nacida en el mundo del béisbol, la frase describe a quien, incapaz de desempeñar adecuadamente su papel, opta por impedir que los demás puedan hacerlo.
Lo que en el terreno deportivo constituye una actitud antideportiva se ha convertido, lamentablemente, en un método de acción política. Desde el inicio de la actual administración, el Poder Ejecutivo y su principal fuerza de apoyo en la Asamblea Legislativa han concentrado buena parte de sus esfuerzos no en el cumplimiento de las responsabilidades que la Constitución Política les encomienda, sino en una confrontación permanente con el Poder Judicial.
La gravedad de la situación radica en que esta ofensiva ya no se limita a declaraciones altisonantes o a las habituales conferencias de prensa. Se ha transformado en una acción coordinada que combina la presión política, la descalificación pública y el bloqueo institucional.
Mientras nuestro país enfrenta desafíos tan urgentes como el crecimiento de la criminalidad, el deterioro del sistema educativo, la crisis de la seguridad social y el costo de vida, la agenda pública parece haber quedado atrapada en un clima de confrontación constante. El oficialismo se ha instalado en la lomita, pero no para impulsar el juego democrático, sino para convertir la contienda política en un espectáculo de desgaste institucional.
El patrón es evidente. Desde el Poder Ejecutivo, y de manera temeraria, se desacredita a los magistrados, se cuestiona la legitimidad de las resoluciones judiciales y se restringen recursos esenciales para el funcionamiento de diversas instancias de investigación. Paralelamente, desde la Asamblea Legislativa, la mayoría oficialista obstaculiza acuerdos, retrasa nombramientos y devuelve nóminas con el efecto práctico de debilitar el funcionamiento de órganos fundamentales para la tutela de los derechos ciudadanos.
En términos coloquiales, la estrategia parece responder fielmente al viejo refrán: no se proponen soluciones viables («no pichan»), no se construyen consensos («no cachan»), y se impide que las instituciones cumplan con las funciones que la Constitución les ha encomendado («no dejan batear»).
Esta conducta entra en abierta contradicción con los principios fundamentales del sistema republicano. La Constitución costarricense distribuye el poder con el propósito de evitar su concentración y garantizar el equilibrio entre las instituciones. Los límites constitucionales no son obstáculos que deban ser eliminados, sino salvaguardias destinadas a proteger a los ciudadanos frente al ejercicio arbitrario del poder.
Por ello, el debilitamiento deliberado de la administración de justicia no constituye un problema exclusivo de jueces, magistrados o funcionarios judiciales. Sus consecuencias recaen directamente sobre la ciudadanía. Un Poder Judicial intimidado, desfinanciado o paralizado es un poder menos capaz de proteger derechos fundamentales, de combatir la corrupción, de defender el ambiente y de garantizar el acceso efectivo a la justicia.
La estabilidad democrática de Costa Rica se ha construido sobre la convicción de que ninguna mayoría política, por amplia o ruidosa que sea, puede situarse por encima de la ley. El equilibrio entre poderes no es una concesión graciosa del Gobierno de turno, sino una condición indispensable para la supervivencia misma del Estado de derecho.
La democracia exige competencia, responsabilidad y respeto a las reglas del juego. El país no puede permitirse que la estridencia sustituya a la gestión pública ni que el enfrentamiento permanente ocupe el lugar de las soluciones. Ha llegado la hora de abandonar la política del bloqueo y recordar una verdad elemental: quien renuncia a gobernar para dedicarse únicamente a obstruir termina perjudicando no a sus adversarios, sino a la República entera.