La universidad instó a que el debate público sobre la violencia contra las mujeres se base en evidencia científica y estadísticas oficiales, tras el rechazo de Costa Rica en la ONU al uso de determinados conceptos relacionados con la violencia de género.
Más de 28.000 mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica durante el primer semestre de 2026, una cifra que, según especialistas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), evidencia que "miles de mujeres continúan requiriendo la intervención del Estado para proteger su vida e integridad".
En este contexto, la academia hizo un llamado a que el debate público sobre la violencia contra las mujeres se sustente en evidencia científica y en los datos oficiales que reflejan la magnitud del problema.
El pronunciamiento surge luego de que la representación de Costa Rica ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) rechazara el uso de conceptos como violencia reproductiva, masculinidad patriarcal e interseccionalidad.
De acuerdo con datos del Poder Judicial, entre enero y junio de 2026 se presentaron 28.104 solicitudes de medidas de protección por violencia doméstica, lo que representa 384 más que en el mismo período del año anterior.
La UNED detalló que la expresión más extrema de esta violencia continúa siendo el femicidio. Entre 2025 y el 10 de junio de 2026 se registraron 45 femicidios oficialmente clasificados en el país: 36 durante 2025 y nueve en lo transcurrido de 2026. Además, para esa fecha permanecían en análisis 13 de las 22 muertes violentas de mujeres registradas ese año, las cuales podrían ser posteriormente clasificadas como femicidios.
La investigadora y docente de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Ana Rita Argüello Miranda, afirmó que desconocer conceptos desarrollados por la comunidad científica no modifica la realidad que reflejan los datos:
Negar estos conceptos no modifica la realidad. La violencia contra las mujeres está ampliamente documentada por la evidencia científica y por las estadísticas nacionales, conceptos como interseccionalidad, violencia reproductiva o masculinidades permiten comprender los factores que incrementan el riesgo y orientar mejores estrategias de prevención, atención y sanción”.
Argüello subrayó que prescindir de estas categorías limita la capacidad de las instituciones para responder de manera integral a un fenómeno complejo. Explicó que estos conceptos forman parte del desarrollo académico de disciplinas como la criminología, la sociología, la psicología, las ciencias políticas y los estudios de género, además de ser utilizados por organismos internacionales y centros de investigación para comprender las causas estructurales de la violencia y fortalecer el diseño de políticas públicas.
Por su parte, la coordinadora de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, señaló que “el Estado tiene el deber de identificar los problemas que aquejan a la población. Sustentándose en la evidencia disponible, la cual es contundente respecto a la gravedad de la violencia de género en Costa Rica."
Asimismo, manifestó:
Por ello, resulta indispensable definir las acciones necesarias para mitigar la problemática, negar esta realidad, así como rechazar el fortalecimiento de las herramientas de la normativa internacional por razones conceptuales, limita significativamente las capacidades institucionales de acción”.
En la misma línea, la encargada del Instituto de Estudios de Género de la UNED, Zarelly Sibaja Trejos, sostuvo que el lenguaje técnico y los conceptos desarrollados desde la investigación científica no constituyen posturas ideológicas, sino herramientas para visibilizar desigualdades y orientar respuestas institucionales:
Nombrar las distintas manifestaciones de la violencia no crea el problema; permite reconocerlo, medirlo y comprenderlo para enfrentarlo, cuando la investigación identifica patrones y desigualdades estructurales, ofrece insumos para proteger mejor a las mujeres y las niñas".
Sibaja agregó que invisibilizar estos conceptos no elimina la violencia; por el contrario, dificulta comprenderla y limita la construcción de políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
Finalmente, las académicas coincidieron en que la evidencia disponible sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres exige fortalecer, y no debilitar, las herramientas conceptuales que permiten comprender este fenómeno desde un enfoque científico, interdisciplinario y basado en derechos humanos.
Adicionalmente, recalcaron que el debate público debe fundamentarse en evidencia para desarrollar respuestas institucionales cada vez más eficaces en la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas.