Hay causas de muerte que nunca van a aparecer en una autopsia. La bronconeumonía, sí. El choque séptico, también. La deshidratación severa, raramente, pero sí. La indiferencia, esa sí no va a aparecer. Y, sin embargo, a veces es la causa que une a todas las anteriores, especialmente cuando hablamos de poblaciones que, como sociedad, hemos invisibilizado.
Una investigación del OIJ dada a conocer esta semana indica que entre 2016 y junio de 2026 murieron 37 niños y adolescentes en la zona cafetalera de Los Santos, en su mayoría migrantes indígenas Ngäbe-Buglé provenientes de Panamá. Veintitrés eran menores de un año.
Sería un grave error pensar que estamos descubriendo el agua tibia. Lo nuevo es la información que se reporta; la realidad no lo es. Desde hace décadas existen denuncias y reportes sobre las condiciones de salud, vivienda y trabajo que enfrentan las familias Ngäbe-Buglé durante la cosecha en la zona sur del país y en Tarrazú. Lo nuevo de la investigación del OIJ no es la existencia del problema, sino tener nuevamente frente a nosotros muertes concretas, con causas y circunstancias que nos obligan a hacer preguntas sobre estas desafortunadas realidades.
Como salubrista, eso sí, también creo que tenemos la obligación de poner los números en contexto, incluso cuando el contexto resulte algo menos espectacular que el titular. Veintitrés muertes de menores de un año en aproximadamente diez años equivalen a, digamos, dos por año. En Costa Rica mueren alrededor de 500 niños y niñas menores de un año cada año. Dicho muy crudamente, esas dos muertes representarían alrededor del 0,4% de todas las muertes infantiles del país.
Hagamos otro ejercicio, todavía más burdo epidemiológicamente hablando. Si tomamos la estimación más alta de unas 20.000 personas Ngäbe-Buglé que ingresan anualmente para las cosechas, estaríamos hablando también de alrededor del 0,4% de la población de Costa Rica. Las dos proporciones, sorprendentemente, no están tan alejadas. Está bien, esto no es una tasa de mortalidad infantil comparable. Para calcularla necesitaríamos conocer el número de nacidos vivos entre estas familias, dato que no estamos ni cerca de tener. Además, las poblaciones tienen estructuras de edad muy distintas y las personas migrantes están en el país solo por unos meses. Sería irresponsable utilizar este ejercicio para afirmar que existe, o no, una sobremortalidad.
Pero poner el número bajo esta perspectiva no significa que quiera minimizarlo. Al contrario, la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles que tenemos sobre las condiciones sociales en las que vive una población. Que quede claro: no toda muerte de un bebé es prevenible ni toda muerte evidencia una inequidad. Pero cada una merece ser examinada, mucho más cuando aparecen causas que pueden responder a prevención, vacunación, diagnóstico oportuno y acceso real a servicios de salud. Ahí las preguntas que debemos hacernos cambian bastante. ¿Dónde estaba viviendo esa familia? ¿En qué condiciones? ¿Qué barreras encontró para acceder al sistema de salud? ¿Qué oportunidades de prevención se perdieron?
Ese es, quizás, el punto. La respuesta correcta no es ser alarmista, sino estudiar contextualmente cada muerte lo suficiente como para evitar la siguiente. El país debe volver a ese principio que durante muchos años guió el quehacer institucional.
Tuve el privilegio de conocer al Dr. Pablo Ortiz Rosés y de trabajar bajo su visión cuando viví en Coto Brus. Durante décadas, él entendió que detrás de una neumonía o una desnutrición hay historias mucho más largas, donde se entrecruzan la pobreza, la exclusión, la distancia, el idioma, las condiciones laborales y relaciones profundamente injustas de poder.
Por eso preocupan algunos comentarios que han aparecido atribuyendo estas muertes a “la cultura” de las familias indígenas. Claro que existen barreras culturales y, precisamente por eso, necesitamos servicios interculturales. Pero la cultura no explica un bache sin agua potable o electricidad. No explica por qué una vacuna nunca llegó o por qué a una enfermedad no se le dio seguimiento. Tampoco explica la ausencia de opciones de transporte o de una alternativa segura de cuido para la niñez indígena migrante. Convertir la cultura en la explicación final desplaza la responsabilidad desde las instituciones y actores con capacidad para transformar esas condiciones hacia quienes tienen mucha menos capacidad para hacerlo.
Y tampoco ayuda construir narrativas sencillas buscando al “malo de la película”, como les ha pasado también a los finqueros que han sido víctimas de ataques en redes sociales. En las comarcas indígenas de Panamá, alrededor de nueve de cada diez niños viven en pobreza multidimensional. Esa es parte de la realidad que impulsa a familias enteras con altos niveles de vulnerabilidad a migrar. Por otro lado, sé bien que muchos pequeños productores costarricenses apenas logran cerrar sus números al finalizar la cosecha. Dos precariedades pueden coexistir una al lado de la otra. Reconocer una no borra la otra.
Lo frustrante es que, como país, sabemos hacer mucho mejor las cosas. Costó años de discusión, pero finalmente se construyó un modelo especial de aseguramiento para recolectores de café y sus familias, con participación de la CCSS, el ICAFE y otras instituciones. Un paso adelante, aunque en la práctica la cobertura no siempre se traduce en acceso. Las Casas de la Alegría, nacidas en Coto Brus, demostraron también que cooperativas, productores, instituciones públicas, organizaciones sociales, cooperación internacional y comunidades indígenas pueden trabajar juntas. Otro paso, aunque su cobertura todavía no alcanza a toda la niñez migrante que podría requerirla. Son modelos que funcionan. Pero no por eso debemos usarlos para tapar el sol con un dedo, sino preguntarnos por qué todavía no llegan a todas las personas que los necesitan.
Parte de la respuesta está en la plata —o en la falta de ella, en este caso—. La inversión social ha venido perdiendo espacio y, en 2025, la ejecutada desde el Gobierno Central representó apenas el 9,4% del PIB, su nivel más bajo de la última década.
Los hallazgos recientes de Coffee Watch en Coto Brus y ahora los del OIJ en Los Santos deberían obligarnos a mirar con más atención hacia otros lugares donde quizá no hemos mirado lo suficiente. La institucionalidad, las cooperativas y las asociaciones de productores y finqueros tienen aquí una oportunidad para abrir aún más las puertas a las organizaciones sociales y trabajar de manera menos fragmentada. Es hora de dejar de repartir culpas y asumir responsabilidades proporcionales a la capacidad que cada actor tiene para cambiar las cosas.
Porque si dentro de diez años volvemos a contar niños muertos por las mismas causas, ya no podremos decir que no sabíamos. Sabíamos. Y esa será una causa de muerte mucho más difícil de consignar en un certificado.