Hay momentos en los que la política exterior de un país deja de responder a sus intereses nacionales y comienza a convertirse en una colección de gestos, simpatías ideológicas y alineamientos internacionales poco inteligentes que nada tienen que ver con las necesidades reales de su pueblo. La reciente conversación entre la presidenta Laura Fernández y Volodímir Zelensky debería provocar precisamente esa discusión: ¿qué tiene que ver Costa Rica con la agenda política y geopolítica del gobierno ucraniano?
Según lo informado, ambos mandatarios conversaron este 11 de agosto y acordaron explorar una reunión de alto nivel. Más aún, Zelensky, cuyo mandato ordinario venció en 2024, pero que continúa formalmente en la Presidencia bajo el marco constitucional ucraniano mientras rige la ley marcial y no se celebran elecciones, señaló que Costa Rica está interesada en la experiencia de Ucrania en materia de seguridad.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo Costa Rica necesita aprender de Ucrania en materia de seguridad? Un país que abolió su ejército, que construyó durante décadas una identidad internacional basada en la diplomacia y la neutralidad perpetua, activa y no armada, y que convirtió su prestigio en herramienta de política exterior, no debería estar buscando en una nación en guerra un modelo para importar.
El problema es todavía más profundo, porque la propaganda de guerra nos ha vendido durante los últimos años el discurso de que Ucrania representa la democracia pura frente al autoritarismo ruso, pero la realidad es bastante más compleja. Durante el gobierno de Zelensky se profundizó una política de ucranización que restringió el espacio institucional, educativo, mediático y cultural de la lengua rusa.
En el terreno político, en marzo de 2022 se puso en marcha la suspensión de once partidos de oposición, varios de los cuales fueron prohibidos posteriormente, bajo el argumento de tener algún tipo de vínculo con Rusia, generando observaciones de la propia Comisión de Venecia, una comisión europea para la preservación de la democracia a través del derecho. A esto se suman casos documentados de abusos durante los procesos de movilización, incluida la conducción forzosa de ciudadanos a centros de reclutamiento, ante la resistencia de una población agotada por el conflicto.
En el ámbito civil y de libertades fundamentales, la deriva institucional ucraniana incluye, además, medidas drásticas como la aprobación de la Ley 8371 por parte del Parlamento y promulgada por Zelensky en agosto de 2024, la cual prohibió las actividades de la Iglesia Ortodoxa Rusa y estableció un procedimiento que puede llevar a la disolución judicial de organizaciones religiosas ucranianas vinculadas a ella. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que algunas de estas disposiciones establecen restricciones desproporcionadas a la libertad religiosa y que podrían afectar a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
A esto se añade un problema endémico de corrupción sistémica que diversos organismos internacionales señalan de forma recurrente, ubicando históricamente a Ucrania en posiciones muy desfavorables dentro del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Los datos son públicos y pueden corroborarse fácilmente.
Cuando un gobierno enfrenta serios cuestionamientos por restricciones a la libertad religiosa, opacidad en la gestión pública y prohibiciones de partidos políticos, la retórica sobre la “defensa irrestricta de los valores democráticos” pierde sustento objetivo. Si determinados partidos son prohibidos, si se restringen medios y libros, si organizaciones religiosas pueden ser disueltas y si las elecciones no se realizan durante años, existe una situación excepcional que puede tener explicaciones jurídicas o militares, pero que también merece ser cuestionada políticamente.
Y aquí aparece la contradicción: ¿por qué Costa Rica debería convertirse en aliado de un gobierno cuya trayectoria requiere tantos matices? La respuesta parece estar en la nueva religión diplomática impuesta por Occidente: escoger, al mejor estilo de la Guerra Fría, entre “buenos y malos”. Cuestionar esa narrativa no significa defender a Rusia ni ser partidario de Putin, así como criticar la política estadounidense no implica ser antiestadounidense; significa exigir para Costa Rica una política exterior propia.
Otro aspecto deliberadamente incómodo es la relación entre el nacionalismo ucraniano exaltado por el gobierno de Zelensky y figuras históricas controvertidas como Stepan Bandera y la Organización de Nacionalistas Ucranianos, marcadas por episodios de colaboración con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y de violencia étnica. Sin caer en la irresponsabilidad de llamar “nazis” a todos los nacionalistas ucranianos, tampoco se pueden borrar las dimensiones fascistas presentes en esos movimientos. Un dato revelador ocurrió el pasado mes de junio de 2026, cuando el presidente polaco Karol Nawrocki anunció la revocación a Zelensky de la Orden del Águila Blanca debido a que este autorizó que una unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas llevara el nombre “Héroes de la UPA”. En Polonia, la UPA está asociada con las masacres cometidas contra población polaca durante la Segunda Guerra Mundial.
Polonia no es Moscú, es uno de los principales aliados de Kiev, y aun así su gobierno consideró inaceptable la reivindicación de la UPA. ¿Qué relación tiene esto con la defensa de la democracia y los valores que defiende Costa Rica? Ya que aquí son tan beligerantes en esos temas contra ciertos países, resulta paradójico que, en este caso, se pasen por alto estos detalles. Esto muestra un doble rasero, así como el desinterés real por la defensa de aquellos valores. Es pura retórica.
Vamos al grano con realismo: ¿qué gana Costa Rica metiéndose en ese berenjenal? Resulta legítimo preguntarle al gobierno costarricense cuál es el interés nacional en este acercamiento. No basta con repetir consignas sobre “democracia” o “valores occidentales”. Ese cuento ya nadie lo cree. ¿Qué inversión, qué comercio, qué cooperación, qué seguridad, qué transferencia tecnológica, qué beneficio diplomático o ventaja estratégica obtiene Costa Rica de un país profundamente afectado por una larga guerra?
Si la respuesta es que se busca aprender sobre seguridad, el cuestionamiento es aún más serio. Costa Rica no necesita el modelo de una guerra de alta intensidad, necesita desarrollar su propia estrategia adaptada a la realidad centroamericana: narcotráfico, crimen organizado, fronteras vulnerables, puertos, corrupción y violencia urbana. Nuestro problema no es la falta de drones militares para enfrentar a una potencia extranjera, sino la falta de capacidad para combatir organizaciones criminales dentro del territorio nacional.
Costa Rica no es Ucrania: no limita con Rusia, no integra la OTAN, no tiene disputas territoriales con Moscú ni es una potencia militar. Al contrario, hemos mantenido históricamente relaciones diplomáticas con Rusia. Nuestro mayor activo internacional ha sido la diplomacia, la paz, la negociación, la neutralidad diplomática y el Derecho Internacional.
No necesitamos importar las guerras culturales de Europa o Washington, ni convertir a Zelensky en héroe o a Putin en demonio para demostrar nuestra identidad democrática o para que nos vuelvan a ver con respeto en el mundo. Por el contrario, ese tipo de actitudes demuestran inmadurez política y una necesidad de protagonismo innecesario. Tenemos la posibilidad histórica de hablar con casi todos los actores globales, y ese patrimonio no debe dilapidarse para obtener aplausos externos. La presidenta Laura Fernández debe explicar hacia dónde lleva la política exterior del país.
Cuando se afirma que el país busca la experiencia ucraniana en seguridad, estamos ante una orientación que exige explicaciones públicas: ¿estamos cambiando nuestra doctrina de seguridad, abandonando la tradición diplomática o adoptando una visión alineada con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y Europa?
Estas no son preguntas prorrusas, sino interrogantes costarricenses. Defender la democracia costarricense significa tener criterio propio, poder cuestionar tanto a adversarios como a aliados y recordar que el mandato presidencial proviene del pueblo costarricense, no de Washington, Pekín, Moscú, Bruselas o Kiev.