Gobierno pretende bajar la tasa de 16,8 a 15,3 homicidios por cada 100.000 habitantes al 2030; una reducción lineal durante el cuatrienio dejaría alrededor de 30 asesinatos menos que durante la administración Chaves Robles.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, defendió este miércoles como "muy ambiciosa" la meta de reducción de homicidios incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2027-2030, pese a que el objetivo plantea disminuir la tasa en apenas 1,5 puntos durante cinco años y mantenerla muy por encima de los niveles que el propio documento considera aceptables.
El PNDIP, presentado el martes por el Gobierno, utiliza como línea base una tasa de 16,8 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes en 2025 y establece como objetivo llegar a 15,3 en 2030. La diferencia representa una reducción de 1,5 puntos, equivalente a aproximadamente un 8,9% respecto del indicador inicial.
Fernández respondió este miércoles a una consulta de la prensa sobre la magnitud de esa reducción y aseguró que el objetivo supone un desafío considerable para su administración:
Bueno, precisamente es una meta muy ambiciosa de mi parte, donde me la estoy jugando el todo por el todo, por la seguridad nacional, asumiendo responsabilidades sobre una meta nacional con un poder de la República, el Poder Judicial, que ni siquiera quiere dialogar al respecto con la Presidente, ni conmigo, ni con doña Yara Jiménez".
La mandataria agregó que la meta obliga a las instituciones vinculadas con la seguridad a realizar un esfuerzo importante, pero volvió a condicionar su cumplimiento a cambios dentro del Poder Judicial:
Pero evidentemente esa meta o cualquier otra en materia de seguridad no la vamos a cumplir si el Poder Judicial, reitero, no se moderniza, no se actualiza, no pone las barbas en remojo con toda esta masacre que está ocurriendo en el país".
Traducida a cantidad de víctimas, la meta del gobierno tampoco supondría regresar a los niveles de homicidios que Costa Rica registraba antes de la escalada iniciada durante la administración de Rodrigo Chaves Robles. Con una población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de aproximadamente 5,3 millones de habitantes para 2030, una tasa de 15,3 equivaldría a unos 811 homicidios durante ese año.
La cifra representaría alrededor de 62 homicidios menos que los 873 registrados en 2025, dato que el propio PNDIP utiliza en su diagnóstico. El documento reconoce que el país registró niveles críticos durante los últimos tres años, con 907 homicidios en 2023, 880 en 2024 y 873 en 2025, aunque algunos de esos números han variado posteriormente por actualizaciones en los registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La dimensión de la meta también puede compararse con el número de homicidios acumulado durante la administración Chaves Robles. Tomando los datos actualizados del OIJ disponibles al cierre de ese gobierno, unos 3350 homicidios ocurrieron entre el 8 de mayo de 2022 y el 7 de mayo de 2026: 448 durante los meses de 2022 correspondientes a esa administración, 905 en 2023, 876 en 2024, 873 en 2025 y alrededor de 248 entre enero y el 7 de mayo de 2026.
El nuevo PNDIP no establece metas nacionales anuales para la tasa de homicidios, sino únicamente una disminución "paulatina" desde 16,8 en 2025 hasta 15,3 en 2030. Sin embargo, si esa reducción se distribuyera linealmente —0,3 puntos por año—, las tasas serían de aproximadamente 16,2 en 2027, 15,9 en 2028, 15,6 en 2029 y 15,3 en 2030.
Al aplicar esas tasas a las proyecciones de población del INEC, Costa Rica registraría alrededor de 849 homicidios en 2027, 837 en 2028, 824 en 2029 y 811 en 2030. El acumulado rondaría los 3322 homicidios durante los cuatro años, apenas unos 28 menos que los aproximadamente 3350 ocurridos durante el gobierno anterior.
La meta resulta además llamativa frente a los propios parámetros utilizados por Mideplan para construir el plan, pues en el capítulo de escenarios futuros, el PNDIP clasifica una tasa de homicidios superior a 11,63 por cada 100.000 habitantes como un "escenario negativo"; entre 10 y 11,63 como un escenario intermedio, y una tasa inferior a 10 como un escenario positivo.
Pese a ello, el objetivo oficial para 2030 es de 15,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, por lo que la propia meta nacional terminaría dentro del rango que el documento define como escenario negativo. El PNDIP señala, inmediatamente después de presentar esos parámetros, que la materialización del escenario positivo constituye la hoja de ruta que orienta las metas e intervenciones públicas para el periodo 2027-2030.
La meta también contrasta con la que fijó la administración Chaves Robles en su Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Aquel documento pretendía reducir progresivamente los homicidios hasta unos 521 casos anuales en 2026, después de proyectar 545 para 2023, 533 para 2024 y 524 para 2025. El objetivo quedó ampliamente incumplido: 2023 cerró con 905 homicidios, 2024 con 876 y 2025 con 873.
El comportamiento de 2026 muestra hasta ahora una reducción respecto del año anterior. Según datos del OIJ con corte al 24 de agosto, el país acumulaba 520 homicidios frente a 570 durante el mismo periodo de 2025, es decir, 50 menos. La reducción, sin embargo, perdió fuerza durante agosto, mes que hasta esa fecha registraba 65 homicidios frente a 49 en igual periodo del año anterior.
Fernández insistió durante la conferencia en atribuir parte de la responsabilidad por los niveles de violencia al funcionamiento del sistema judicial y afirmó que existen personas detenidas reiteradamente que permanecen en libertad. Como ejemplo, aseguró que una persona habría sido detenida 411 veces por policías costarricenses sin permanecer una noche en prisión.
La presidenta sostuvo que, pese a esas condiciones, las fuerzas policiales del Ejecutivo mantendrán los operativos contra organizaciones criminales y defendió que la reducción planteada en el Plan Nacional de Desarrollo constituye una meta desafiante para su administración.