En el análisis de la gestión pública costarricense, solemos mirar hacia ministerios o alcaldías. Sin embargo, la verdadera trinchera del servicio público ocurre en la acera: gobernar desde el territorio inmediato, respondiendo al vecino que busca ayuda, es una de las tareas más complejas del país. Es la entrega cotidiana de quienes deciden poner el pecho por su comunidad.
En ese frente están las juntas directivas de las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI). Creadas bajo la Ley N.º 3859, nacieron para dinamizar los pueblos desde sus bases. Nadie comprende mejor la realidad de un distrito que su directiva comunal: identifican al hogar vulnerable antes de que entre en una estadística y saben exactamente qué obra o espacio público urge rescatar.
Señalar desde la acera de enfrente es fácil, pero la transformación real requiere ensuciarse las manos, pasando de la queja a la propuesta y del reclamo al compromiso compartido."
Lo contradictorio es el costo de esta labor. Quienes integran estas juntas trabajan 100% ad honorem, sin salario ni dietas. A cambio, suelen recibir críticas mordaces y la exigencia implacable de una ciudadanía que demanda resultados inmediatos. Esto exige reflexionar: ¿cuándo convertimos la fiscalización en desgaste, en lugar de un puente de colaboración? Señalar es fácil; transformar requiere involucrarse.
Por fortuna, algunas municipalidades han comprendido este valor estratégico y brindan acompañamiento técnico, maquinaria o presupuestos participativos. Ese respaldo demuestra lo que es posible cuando el gobierno local y la comunidad reman en la misma dirección, aunque todavía depende de voluntades de turno y no de un sistema nacional consolidado. Una comunidad articulada logra un desarrollo superior, pero no se puede depender solo del esfuerzo voluntario.
Un compromiso con la capacitación y el crecimiento comunal
Para consolidar esta labor, resulta indispensable apostar por el capital humano. Los gobiernos locales y el Gobierno nacional deben implementar programas de capacitación robustos y continuos dirigidos a las ADI. Brindar herramientas en gestión de proyectos, administración y legislación comunal no solo dignifica el trabajo voluntario, sino que permite a los directivos fortalecer sus competencias y crecer día a día en su rol. Cuando el Estado capacita a sus líderes y la ciudadanía asume una corresponsabilidad activa, la labor ad honorem se convierte en el motor de una transformación sostenible para todos.