Acabo de enterrar a uno de mis hermanos mayores, a quien decidí cuidar por un par de semanas para mejorar su calidad de vida tras una larga enfermedad que lo diezmó poco a poco.
Llevarlo al hospital, entender qué le aquejaba de manera integral; organizar y verificar su horario y consumo de los medicamentos, de llevarlo a sus citas, de que comiera mejor, de que se aseara y asear su entorno, fueron algunas de las labores que realicé como un acto de solidaridad para alguien que no podía hacerse cargo de sí mismo.
Vivía solo –como muchas personas mayores de 65 años en este país--, y su familia cercana, sus hijos y hermanos, no podían hacerse cargo por las circunstancias que todos sabemos. En Costa Rica, las familias en general, deben tener dos y hasta tres trabajos para sostener a su prole, pareja, familiares o así mismas. Son personas trabajadoras sometidos a horarios que se cambian a diario, con atascos viales endemoniados y las familias cercanas y extendidas no pueden atender debidamente a familiares con salud disminuida, con discapacidades, envejecidas o gravemente enfermas. Esta realidad trastorna el entorno familiar, en general.
Sin embargo, mi duelo hoy no es solo un asunto personal sino una radiografía de la más brutal de las realidades costarricenses: el desmantelamiento silencioso de nuestro Estado Social de Derecho y el abandono absoluto de la vejez y de quienes cuidan.
En este 2026, Costa Rica atraviesa una transición demográfica tan acelerada que roza lo escalofriante, pero el país prefiere mirar hacia otro lado.
El último dato oficial disponible sitúa la tasa global de fecundidad en 1,12 hijos por mujer, mientras que más de 600.000 costarricenses superan los 65 años y representan ya más del 11% de la población total.
Sin embargo, la infraestructura estatal que debía amortiguar esta ola se desmorona. El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), ahogado por recortes presupuestarios sistemáticos y la falta de liquidez del sector público, apenas logra cubrir a una fracción mínima de los adultos mayores en extrema pobreza.
Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta el envejecimiento poblacional con menos camas hospitalarias por habitante que las que tenía hace un cuarto de siglo, atrapada en listas de espera interminables y servicios de geriatría colapsados. Solo hay que echar un vistazo en las salas de emergencias de cualquier día para constatar esta cruda realidad.
La respuesta del Estado ante este abismo ha sido tan astuta como perversa: privatizar el cuidado transfiriéndolo, en secreto, a los hogares. La realidad del cuido en Costa Rica descansa casi en su totalidad sobre los hombros desgastados de las familias y, con abrumadora frecuencia, sobre el cuerpo y la salud mental de las mujeres.
No hay salario, no hay descansos, no hay acompañamiento psicológico, no hay redes institucionales reales que sostengan a la persona cuidadora cuando el cuerpo se quiebra. El Estado se ahorra miles de millones de colones a costa del agotamiento y la salud de esta legión de personas cuidadoras.
Lo más alarmante no es lo que vivimos hoy, sino lo que nos espera a la vuelta de la esquina. En una década, para el año 2036, la generación boomer —esa masa poblacional nacida en las décadas de los 50 y 60 y de la que formo parte— habrá entrado de lleno a la vejez severa.
Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que para entonces habrá 1.186.158 personas mayores de 60 años, lo que representará un devastador 22,1% de la población total. Una de cada cinco personas en Costa Rica será adulta mayor y, por primera vez en nuestra historia, las personas adultas mayores superarán en número a las menores de edad.
Tras cuidar lo mejor posible a mi hermano, me pregunto: ¿quién va a cuidar a esa marea de personas jubiladas con las familias que solo tienen un hijo o ninguno?
¿Dónde se atenderán si la CCSS no construye ya las redes comunitarias de salud que se necesitan? ¿Qué sucederá si justo 10 años antes este tema sigue siendo ignorado por la sociedad y el Estado? Nos dirigimos –y estamos-- en un escenario de soledad masiva, familias extenuadas y de personas adultas mayores en abandono en casas vacías.
Cuidar a un ser querido hasta su último aliento es un acto de amor profundo, de solidaridad y de caridad, pero cuando se realiza en el desamparo institucional, se convierte en una condena de desgaste social.
El envejecimiento no es una sorpresa matemática ni una plaga inesperada, es el resultado del éxito de la salud pública del siglo XX, convertido hoy en una pesadilla por la apatía política del siglo XXI.
Romper el silencio sobre la crisis de los cuidados no es opcional, es la última trinchera para conservar nuestra dignidad como sociedad y es tema urgente y perentorio.
Personalmente, es un tema que he abordado seriamente con mis amistades más cercanas, porque esto va más allá de contar con la familia filial, que es cada vez más pequeña o inexistente.
Queda pensar en opciones de cohousing, compartir espacios organizados donde un grupo de amistades compartan gastos y se brinden apoyo mutuo en los años donde más vulnerables estaríamos; sin embargo, me queda claro que esto se circunscribe a grupos de personas con cierto nivel de instrucción y de ingresos vitales; vamos, una minoría.
Cabe preguntarse qué pasara con la gran cantidad de personas que carecen de jubilación, de ingresos constantes, de apoyos estatales solidarios y coordinados.
No quiero ser aguafiestas, me toca ser realista porque esto se ve venir desde hace un cuarto de siglo. Y ello no solo incumbe al Estado central, también debería ser un tema prioritario para los Gobiernos Locales. ¿Qué haremos al respecto?