En Costa Rica, nuestros gobernantes parecen haber redefinido el significado de un “golpe de Estado”. Bajo esta nueva interpretación, para quebrantar la estabilidad democrática ya no se necesitan tanques, soldados insurrectos, bombas ni la suspensión de procesos electorales. Según el oficialismo, bastaría, aparentemente, con que un tribunal dicte una resolución contraria a sus intereses para denunciar una supuesta alteración del orden democrático. La paradoja es evidente, pues se acusa de subvertir la institucionalidad precisamente a un órgano jurisdiccional que ejerce sus competencias bajo el imperio de la Constitución y la ley. Difícilmente los manuales de teoría política ofrecerían un ejemplo más contradictorio que presentar como una amenaza al orden constitucional el ejercicio mismo de los mecanismos creados para preservarlo.
Este episodio de la historia costarricense no debe analizarse como una simple riña entre poderes. Forma parte de una narrativa estratégica más amplia que busca presentar al Poder Judicial como una élite corrupta que impide gobernar y, por contraste, al oficialismo como intérprete privilegiado de la voluntad popular. Esta lógica es bien conocida en la ciencia política. Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser describen precisamente el núcleo del populismo como una división moral entre “el pueblo puro” y “la élite corrupta”. Cuando todo contrapeso se convierte en enemigo del pueblo, la separación de poderes deja de entenderse como una garantía democrática y comienza a retratarse como un estorbo.
Precisamente ahí es donde el discurso oficialista revela una de sus mayores contradicciones. Mientras se presenta como una fuerza que pretende “devolverle el poder al pueblo”, parece incomodarse cada vez que la judicatura ejerce su función constitucional de limitar al poder político. El problema, entonces, no pareciera ser únicamente cómo funciona el Poder Judicial, sino que este conserve la capacidad de actuar con independencia frente al Gobierno. Una justicia lenta merece reformas. Una justicia sometida, en cambio, merece preocupación.
Esta estrategia resulta políticamente conveniente porque permite convertir cualquier decisión adversa en evidencia de persecución, una investigación incómoda en conspiración y un límite institucional en una afrenta contra la voluntad popular. Bajo esa lógica, la legitimidad de la justicia deja de depender de la Constitución y comienza a medirse según su grado de coincidencia con los intereses del oficialismo.
Por eso, la sed oficialista por el Poder Judicial no debe reducirse a una disputa por nombramientos ni a una coyuntura legislativa. Lo que está en discusión es algo mucho más profundo y obliga a preguntarnos si aceptamos que el poder político tiene límites incluso cuando cuenta con respaldo electoral. Ganar elecciones concede legitimidad para gobernar, pero no una patente para deslegitimar, capturar o intimidar a las instituciones llamadas precisamente a controlar a quienes ejercen ese poder.
Tampoco podemos obviar una verdad incómoda. Defender la independencia judicial no significa desconocer la necesidad de una reforma estructural del Poder Judicial. La lentitud de los procesos, la percepción de impunidad y una burocracia excesiva son problemas reales que no pueden minimizarse. La oposición debe reconocer esas deficiencias y trabajar en reformas profundas que permitan recuperar la eficiencia, la confianza y la legitimidad del sistema judicial.
A partir de lo anterior, resulta indispensable recordar la enorme diferencia entre reformar una institución y someterla a intereses particulares. En este contexto, la oposición también enfrenta su propia prueba de madurez. Defender la institucionalidad probablemente implique revisar posiciones históricas e incluso respaldar decisiones que, en otro escenario político, habrían sido cuestionadas. El Frente Amplio es un ejemplo de ello respecto de la discusión sobre las magistraturas. La democracia tiene estas incómodas particularidades y, en ocasiones, obliga a defender principios aun cuando su aplicación concreta no resulte políticamente conveniente. De poco servirían los principios democráticos si únicamente los defendiéramos cuando favorecen nuestras preferencias.
Costa Rica conserva, afortunadamente, una división de poderes profundamente arraigada. Sin embargo, ninguna institución es indestructible. La confrontación permanente, la deslegitimación del adversario y la transformación de todo control institucional en una afrenta política pueden erosionar, poco a poco, una cultura democrática construida durante décadas.
Como ciudadanos debemos exigir mucho más del Poder Judicial. Debemos reclamar una justicia pronta, transparente, eficiente, sometida a la rendición de cuentas y capaz de enfrentar la corrupción y el crimen organizado.
Desde la fundación de la Segunda República, la democracia costarricense no ha sido ajena a los conflictos entre poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no fueron diseñados para complacerse mutuamente. Fueron diseñados para controlarse entre sí.
Quizás por eso la sed de poder nunca termina de saciarse. Siempre queda un contrapeso que incomoda. Y precisamente por esa razón, en democracia, algunos vasos deben permanecer fuera del alcance de quien gobierna.