Costa Rica atraviesa un tiempo de incertidumbre social, económica y política. En medio de ese clima, se ha instalado en la conversación pública una pregunta que merece una respuesta serena, pero firme: ¿para qué sirve hoy la Asamblea Legislativa? Con frecuencia se acusa al Parlamento de bloquear, de estorbar o de convertirse en el freno de un país que necesita resultados. Sin embargo, reducir su función a esa caricatura desconoce el papel esencial que cumple dentro de nuestra democracia.
La Asamblea Legislativa es, ante todo, el espacio donde conviven la mayoría y la oposición que el pueblo eligió. El resultado electoral definió responsabilidades distintas, pero igualmente legítimas: a unos les corresponde ejercer el gobierno y a otros fiscalizar, señalar, proponer y construir alternativas. Esa función de control no es un capricho ni una concesión de la mayoría; es parte del equilibrio democrático. Una democracia sana no se mide únicamente por la capacidad de un gobierno para ejecutar sus decisiones, sino también por la posibilidad real de que exista una oposición con voz, con derechos y con capacidad de disentir.
Por eso, perder una elección no puede significar perder la voz. La minoría de hoy puede convertirse, legítimamente, en la mayoría de mañana. Esa alternancia es una de las garantías más importantes de cualquier sistema democrático. Cuando se desprecia al Plenario o se presenta a la oposición como un estorbo, se debilita precisamente el mecanismo que evita que el poder quede concentrado en las mismas manos y sin contrapesos efectivos.
La Asamblea es también el lugar donde el país debe resolver sus diferencias con argumentos y con votos, no con descalificaciones. En tiempos de alta polarización existe la tentación de trasladar las grandes decisiones a otros espacios: al decreto, a la conferencia de prensa convertida en sustituto del debate político o a la judicialización de asuntos que deberían encontrar primero una respuesta en la deliberación democrática. El Parlamento debe seguir siendo el centro de esa conversación nacional, porque allí la voluntad popular se expresa de manera plural y cada decisión queda respaldada por votos públicos y responsabilidades concretas.
También debemos defender algo que, en medio de la urgencia, suele confundirse con ineficiencia: el tiempo que requiere la democracia para tomar buenas decisiones. El debate, la consulta y la obligación de escuchar a quien piensa distinto no existen para paralizar al país. Existen para reducir errores, corregir excesos y evitar que decisiones trascendentales se adopten al calor de una emoción pasajera. Costa Rica necesita instituciones capaces de responder con agilidad, sí, pero también con prudencia. La rapidez no puede convertirse en una excusa para eliminar la deliberación.
Esto no significa justificar atrasos innecesarios ni renunciar a la búsqueda de acuerdos. Por el contrario, la Asamblea tiene la responsabilidad de producir resultados. La presidenta de la República planteó una tregua entre el gobierno y el Parlamento para avanzar en los asuntos que el país no puede seguir postergando. El diálogo es necesario y debe ser recibido con disposición. Pero una tregua verdadera no puede significar que la oposición calle su función de control para que la mayoría gobierne sin observación. Eso dejaría de ser diálogo y se convertiría en una renuncia al mandato que recibimos de la ciudadanía.
La tregua que Costa Rica necesita es otra: que el gobierno gobierne con la Asamblea y no contra ella; que las diferencias se tramiten con respeto; que fiscalizar deje de confundirse con boicotear; y que la oposición entienda, al mismo tiempo, que su tarea no termina en señalar, sino que incluye proponer y contribuir a construir soluciones. El país requiere un trabajo legislativo serio, responsable y capaz de alcanzar acuerdos sin pedirle a nadie silencio ni obediencia.
Entonces, ¿para qué sirve hoy la Asamblea Legislativa? Sirve para que todas las voces representadas por la ciudadanía tengan un espacio. Sirve para darle a Costa Rica el tiempo que una buena decisión necesita. Sirve para controlar el poder, corregir, debatir y construir acuerdos. Y sirve para demostrar que es posible trabajar juntos sin renunciar a las responsabilidades que el pueblo le encomendó a cada fuerza política.
Fiscalizar no es obstaculizar. Disentir no es impedir que el país avance. Una democracia madura no le teme al debate ni a los contrapesos; los necesita. Esta Asamblea no es el obstáculo de Costa Rica: es, todavía, el lugar donde la democracia se defiende a sí misma.