Costa Rica lleva años discutiendo la Ley de Usura y, con cada nueva discusión, siento que seguimos disparando al blanco equivocado. La conversación se polariza entre eliminar el techo o defenderlo tal como está. En lo personal, creo que un límite debe existir: los abusos que motivaron esta ley —tasas de 300% o 400% anuales, cobros con amenazas— eran reales, y ningún país debería aceptar que pedir un crédito se convierta en una trampa. Pero defender el principio no significa ignorar su efecto más incómodo: la ley, tal como está, ha empujado a buena parte de la población más vulnerable hacia el “gota a gota”. Y es ahí donde se equivoca el debate público: no se trata de subir el techo para "traer de vuelta" a esas personas al sistema formal, sino de entender por qué fueron excluidas en primer lugar.
Para entenderlo hay que ver cómo un banco decide a quién prestarle y a qué precio. Todo crédito es una apuesta sobre si esa persona va a pagar: la entidad evalúa su situación financiera para estimar la probabilidad de impago, y esa probabilidad determina la tasa. A menor riesgo, menor tasa; a mayor riesgo, mayor tasa —ese cobro extra compensa al prestamista por el riesgo que asume—. No es codicia; es aritmética de seguros: cuanto más probable el impago, más caro tiene que ser el crédito para que el negocio sea viable.
Imaginemos dos personas con perfiles casi idénticos: mismas deudas, mismas obligaciones, mismo salario neto. La diferencia es que una está en planilla, con cargas sociales al día, y la otra recibe su salario sin contrato de por medio. En teoría, el riesgo de ambas debería ser parecido; en la práctica no lo es, y la razón es puntual: al banco le sirve de poco que la persona informal gane bien, porque no hay forma legal de cobrarle si deja de pagar. A la persona formal sí se le puede embargar el salario. Esa asimetría, más que el ingreso real de cada una, es lo que termina inflando la tasa.
Ahí el techo legal deja de ser abstracto. Cuando la tasa que compensaría ese riesgo supera el límite permitido, el banco no baja el precio: simplemente no presta. Sin embargo, la persona no deja de necesitar el crédito —sigue teniendo que pagar el alquiler o el diario—, solo que ya no puede resolverlo dentro del sistema regulado. Y es ahí donde entra el gota a gota: un mercado sin regulación ni supervisión, con métodos de cobro que ninguna ley de protección al consumidor toleraría.
Y el fenómeno no es marginal. Según el OIJ, las denuncias por préstamos gota a gota subieron 21% entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025, con tasas de entre 20% y 100% y una cifra alarmante: el 95% de esos casos termina en algún tipo de agresión contra quien pidió el préstamo. El propio OIJ señala que el perfil típico de quien recurre a este mercado es el de un trabajador informal, excluido de la banca formal. Ese es el costo real de dejar sin resolver el problema de fondo.
Su origen no es un misterio: es la informalidad del mercado laboral costarricense. Según el INEC, un 38,2% de la población ocupada —más de 826.000 personas— trabaja en la informalidad. No es solo que a esas personas no se les pueda embargar el salario; también tienen ingresos más variables, sin comprobantes estandarizados ni historial en el sistema financiero formal, lo que dificulta evaluarlas con precisión. Todo eso se traduce en un perfil de riesgo alto, aunque la persona gane lo suficiente y sea tan cumplida como cualquier asalariado formal.
Es tentador concluir que la solución es, entonces, subir el techo a la Ley de Usura: si se pudiera cobrar más, más gente entraría al sistema formal. Pero esa salida solo cambia el síntoma sin tocar la enfermedad. Subir la tasa no hace a nadie más solvente ni reduce su probabilidad real de impago; solo legaliza un precio más alto para el mismo riesgo, que seguirá siendo alto mientras la informalidad no baje. Tampoco es gratis: cada punto que se le sube al techo acerca más la ley a las tasas abusivas que buscó frenar. La pregunta correcta no es cuánto cobrarle a esta población, sino cómo ayudar a estas personas a mejorar su perfil de riesgo.
Reducir esa informalidad es, para mí, la discusión estructural más importante que Costa Rica tiene pendiente, y la palanca más directa es bajar el costo de contratar formalmente: las cargas sociales que hoy hacen que formalizar a un trabajador sea, para muchas empresas pequeñas, imposible. Esa reducción por sí sola no va a erradicar la informalidad —también pesan la burocracia y la baja productividad de muchos negocios pequeños—, pero, sin lugar a dudas, la aliviará, porque ataca su causa más directa: el costo de contratar en regla. Es, sin embargo, un tema demasiado complejo para resolverlo en una columna: toca pensiones, salud pública y toda la estructura del mercado laboral, y merece una discusión nacional seria.
Solucionar este problema estructural no es tan atractivo políticamente como proponer mover un número y decir que el problema quedó resuelto. Pero mientras sigamos discutiendo cuál es el nivel óptimo de la tasa de usura en vez de buscar activamente reducir los niveles de informalidad, vamos a seguir moviendo fichas en el tablero equivocado.