Durante años hemos escuchado que las personas jóvenes somos “el futuro del país”. La frase parece positiva, pero también encierra una idea que deberíamos cuestionar: si somos el futuro, ¿por qué seguimos teniendo tantas dificultades para participar plenamente en las decisiones que se toman hoy?
Hablar de juventud suele ir acompañado de discursos sobre esperanza, innovación y renovación. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones, no siempre encontramos la misma apertura. Se nos invita a participar en actividades, consultas, proyectos y espacios de diálogo, pero participar no necesariamente significa tener capacidad de incidencia. Y esa diferencia es fundamental.
Costa Rica cuenta desde hace más de dos décadas con un marco legal que reconoce la participación juvenil como un componente de la democracia. La Ley General de la Persona Joven establece entre sus objetivos propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes. Además, reconoce su derecho a participar en la formulación y aplicación de políticas públicas y a integrarse en los procesos de toma de decisiones en los distintos niveles de la vida nacional.
El problema, entonces, no parece ser la ausencia de reconocimiento jurídico. El verdadero desafío es convertir ese reconocimiento en incidencia real.
Costa Rica ha creado mecanismos para que las juventudes participen. Existen los Comités Cantonales de la Persona Joven, la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y su Asamblea Nacional, además de otros espacios institucionales, educativos y comunitarios. Incluso, recientemente se aprobaron reformas legales para fortalecer la participación juvenil en estos espacios. La Ley 10.837, vigente desde enero de 2026, modificó la integración de los Comités Cantonales de la Persona Joven para promover la participación de estudiantes de secundaria.
Estos avances son importantes y deben reconocerse. Sin embargo, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué ocurre después de que una persona joven participa, propone y se pronuncia?
Porque participar no debería significar únicamente asistir a una reunión, responder una consulta o presentar una propuesta que termina archivada. Participar implica tener la posibilidad de incidir, recibir respuestas y conocer qué ocurrió con las ideas planteadas.
Una democracia participativa no puede limitarse a abrir la puerta. También debe permitir que quienes entran tengan la posibilidad de ser escuchados y de contribuir a las decisiones que se toman.
La propia legislación costarricense reconoce a las personas jóvenes como actores sociales, culturales, políticos y económicos de importancia estratégica para el desarrollo nacional. Si realmente creemos en ese principio, entonces debemos dejar atrás la idea de que la juventud debe limitarse a prepararse para asumir responsabilidades algún día.
Las personas jóvenes ya están aquí.
Estudian, trabajan, emprenden, investigan, participan en organizaciones comunales, impulsan proyectos sociales, defienden causas ambientales, participan en organizaciones políticas y construyen soluciones para problemas que afectan a sus comunidades. También enfrentan problemas concretos: acceso al empleo, vivienda, educación, salud mental, movilidad, desigualdad territorial, cambio climático y seguridad.
Por eso, la participación juvenil no puede reducirse a hablar de jóvenes cuando se diseñan políticas para jóvenes. Necesitamos jóvenes participando también cuando se discuten las políticas económicas, ambientales, educativas, sociales y de seguridad que afectan al conjunto de la población.
Si una persona joven tiene una propuesta sobre movilidad, debería poder aportar a la discusión sobre transporte público. Si tiene experiencia en temas ambientales, debería encontrar espacios donde esa experiencia sea tomada en cuenta en la formulación de políticas ambientales. Si conoce de primera mano las dificultades que enfrenta su comunidad para acceder al empleo, debería poder participar en las conversaciones sobre desarrollo económico y oportunidades laborales.
No se trata de afirmar que por ser jóvenes automáticamente tenemos la razón. Tampoco de sustituir la experiencia de quienes llevan años trabajando en las instituciones. Se trata de reconocer que la edad no debería ser una barrera para que una persona pueda aportar a las decisiones públicas.
El reto tampoco consiste en colocar a una persona joven en una fotografía institucional para demostrar que existe participación. La verdadera inclusión se mide por la capacidad de esa persona para aportar, cuestionar, proponer y ser tomada en cuenta.
Una participación meramente simbólica puede ser atractiva para las fotografías y los discursos institucionales, pero resulta insuficiente para una democracia que pretende renovarse.
Hay señales alentadoras. En 2026, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones impulsó las elecciones estudiantiles en centros educativos de todo el país como espacios de formación cívica y democrática. Más de 120 centros educativos recibieron capacitación para fortalecer estos procesos participativos. Asimismo, el Consejo Nacional de la Persona Joven abrió en 2026 el proceso para integrar la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven para el periodo 2026-2027.
Estos esfuerzos son valiosos porque la democracia también se aprende mediante la práctica. Una persona que desde sus años de formación aprende a debatir, organizarse, votar, representar a otras personas y defender una propuesta está desarrollando capacidades fundamentales para la vida democrática.
Pero formar ciudadanía no puede terminar cuando termina una elección estudiantil o una sesión de un comité. La democracia se aprende ejerciéndola, pero también se fortalece cuando las instituciones demuestran que esa participación tiene consecuencias.
De poco sirve enseñar a las nuevas generaciones que su voz importa si, cuando intentan utilizarla, encuentran puertas cerradas.
Costa Rica tiene la oportunidad de dar un paso más: pasar de una participación juvenil simbólica a una participación juvenil con incidencia.
Eso requiere instituciones dispuestas a escuchar, pero también a responder. Requiere espacios donde las propuestas puedan convertirse en políticas públicas y donde las personas jóvenes puedan conocer los resultados de sus aportes. Requiere mecanismos de seguimiento que permitan saber qué sucedió con una propuesta después de ser presentada.
También requiere reconocer que no todas las juventudes tienen las mismas oportunidades de participar.
No enfrenta las mismas condiciones una persona joven de una zona rural que una persona que vive en el centro del área metropolitana. Tampoco tiene las mismas oportunidades quien debe trabajar mientras estudia, quien enfrenta dificultades económicas o quien no cuenta con redes de apoyo para involucrarse en espacios de participación. Si queremos una participación realmente representativa, debemos considerar esas diferencias.
La participación juvenil también debe ser descentralizada. No podemos esperar que las nuevas voces provengan únicamente de los mismos espacios de siempre. Las comunidades, los gobiernos locales, las organizaciones estudiantiles, las asociaciones de desarrollo y otros espacios comunitarios tienen un papel fundamental para acercar la democracia a las personas jóvenes.
Pero esta responsabilidad no corresponde únicamente a las instituciones.
También exige algo de las propias juventudes: informarse, organizarse, debatir con respeto y asumir responsabilidades. La participación no puede consistir únicamente en exigir ser escuchados; también implica prepararse para construir propuestas, defenderlas con argumentos y aceptar que el debate democrático requiere escuchar posiciones diferentes.
No podemos reclamar que no se nos da espacio si tampoco estamos dispuestos a prepararnos para ocuparlo.
Tampoco podemos pedir una renovación de la política si concebimos la participación juvenil únicamente como una oportunidad para ocupar cargos. La política necesita nuevas ideas, pero también personas dispuestas a trabajar, estudiar los problemas, conocer las instituciones y construir acuerdos.
La renovación generacional no debería ser una lucha entre jóvenes y adultos. Debe ser una oportunidad para que diferentes generaciones trabajen juntas. La experiencia de quienes han recorrido durante años las instituciones puede complementarse con las nuevas perspectivas de quienes están viviendo de primera mano los desafíos que marcarán las próximas décadas.
El verdadero objetivo debería ser construir una democracia en la que la edad no determine quién puede ser escuchado.
Costa Rica necesita nuevas voces, pero no solamente como espectadores. Necesita ciudadanos jóvenes capaces de participar en las decisiones y de asumir responsabilidades dentro de ellas.
Tal vez ha llegado el momento de dejar de decir que las personas jóvenes somos “el futuro de Costa Rica”. Somos el presente.
Y si queremos una democracia más participativa, representativa y capaz de responder a los desafíos del país, nuestras voces no pueden ser invitadas únicamente cuando llega el momento de hablar sobre juventud. Deben estar presentes cuando Costa Rica discute su educación, su economía, su seguridad, su ambiente, sus comunidades y su futuro.
Porque una democracia que escucha a sus jóvenes únicamente cuando habla de jóvenes todavía tiene mucho camino por recorrer.
La pregunta ya no debería ser cuándo llegará el momento de las nuevas generaciones. La pregunta debería ser por qué seguimos esperando para darles un lugar en las decisiones que ya están construyendo su futuro.