Costa Rica ha declarado, mediante leyes y tratados, su compromiso con la protección de la vida, la dignidad y la justicia. La Ley 10.081, que reconoce derechos de las mujeres a una atención calificada, digna y respetuosa durante el embarazo, parto y posparto, los convenios internacionales y el mandato constitucional de una justicia pronta y cumplida deberían garantizar la protección efectiva de cada mujer.
Sin embargo, cuando una madre pierde a su hija por presuntas fallas en la atención obstétrica y luego enfrenta un proceso judicial lento y revictimizante, esas garantías resultan insuficientes. Este artículo no busca señalar culpables, sino visibilizar una historia que evidencia una problemática estructural: la persistencia de la violencia obstétrica y la revictimización institucional en nuestro país.
Una madre que hizo todo bien y aun así perdió a su hija
Andre tuvo un embarazo sin complicaciones y recibió seguimiento constante, tanto en la CCSS como en servicios privados. El 19 de diciembre de 2023 acudió a un hospital público después de experimentar dolor desde el día anterior, con la expectativa de recibir atención oportuna, algo que no sucedió.
Recibió atención aproximadamente dos horas después de su llegada. Según consta en el expediente, recibió un único monitoreo fetal y registró una dilatación de apenas dos centímetros. Le indicaron que no sería atendida hasta alcanzar los siete centímetros. Confundida y aún con dolor, Andre salió del hospital sin imaginar lo que ocurriría horas después.
Más tarde rompió fuente y tuvo que solicitar una ambulancia para regresar al hospital. Al volver, comenzó una angustia que aún no logra superar: dejó de sentir a su bebé. Lo comunicó con la certeza de una madre, insistió y pidió ayuda. Sin embargo, según su relato, una doctora le dijo que la bebé “estaba dormida”. Cuando Andre solicitó una segunda opinión, recibió enojo, rechazo y abandono.
Finalmente, quedó bajo el cuidado de enfermeras, sin acompañamiento médico continuo y sin acceso a herramientas básicas —como una pelota de parto que estaba desinflada—. Posteriormente, algunos de los monitoreos que, según Andre, le realizaron no aparecieron en el expediente clínico.
Durante el proceso expulsivo, la bebé nació con tres circulares de cordón ajustadas al cuello. No lloró, presentó una coloración morada y permaneció con vida apenas unas horas. La causa de muerte consignada fue asfixia perinatal severa.
Este relato no pretende establecer responsabilidades, sino dar voz a una madre que cumplió con todo lo que debía hacer, pero que, pese a ello, perdió a su hija.
Denunciar en duelo: la fuerza que nace del dolor
Andre presentó la denuncia en febrero de 2024 ante la Fiscalía de Pavas por un posible delito de homicidio culposo relacionado con una presunta mala praxis. Posteriormente, el caso pasó al Primer Circuito Judicial.
Andre esperaba encontrar empatía, escucha y claridad, pero, según relata, no fue así. Le dijeron que “en estos casos no se puede comprobar” y que “muchos padres dejan tirado el proceso porque es desgastante”. En medio del duelo, tuvo que repetir una y otra vez lo ocurrido, reviviendo el trauma mientras cambiaban psicólogos, funcionarios y criterios, sin recibir un acompañamiento estable y sensible durante el proceso.
Aun así, decidió continuar. Lo hizo porque una madre sabe cuando algo no está bien, porque un médico le manifestó que lo ocurrido no era normal y que debía seguir adelante con la denuncia, y porque entiende que su hija merece justicia.
La revictimización que agrava el duelo: una madre que busca justicia por la muerte de su hija
La revictimización, según el relato de Andre, inició desde su primer contacto con la Fiscalía, marcado por falta de empatía, interrupciones, gritos y poca sensibilidad ante su situación. El expediente no consigna los nombres de los funcionarios que la atendieron, las partes no recibieron notificación y algunos registros que se consideran fundamentales, como los monitoreos realizados en el hospital, no aparecen incorporados. A pesar de ello, la fiscal a cargo no ha solicitado la información que se considera esencial para esclarecer lo ocurrido.
Han pasado más de dos años y el expediente continúa “en investigación”, sin avances concretos ni claridad sobre las diligencias pendientes. A Andre incluso le indicaron que un proceso de esta naturaleza podría tardar entre 10 y 15 años, un mensaje devastador para cualquier víctima cuyo caso permanece paralizado. Para una madre que busca esclarecer la muerte de su hija, además, representa una carga adicional a un duelo ya doloroso y prolongado.
La revictimización no se limita al impacto emocional. También puede manifestarse en la respuesta institucional cuando una persona debe enfrentar procesos prolongados, falta de información o actuaciones que aumentan su sufrimiento. En ese sentido, el caso de Andre plantea una pregunta más amplia sobre la capacidad del sistema para garantizar justicia sin convertir el proceso en una nueva fuente de violencia.
El hospital en silencio: respuestas que nunca llegan
El departamento de Ginecoobstetricia del hospital, según relata Andre, no le brindó acompañamiento psicológico, seguimiento ni una explicación clara sobre lo ocurrido o sobre la ausencia de registros que considera relevantes.
Los neonatólogos sí intervinieron para intentar salvar a la bebé, pero, para entonces, el daño ya era grave. La recién nacida había sufrido una severa falta de oxígeno y, pese a los esfuerzos médicos, murió pocas horas después de nacer.
Para Andre, descubrir que los monitoreos realizados durante la atención no aparecían en el expediente fue devastador. Eran las pruebas que podían explicar lo ocurrido, la señal de que algo no estaba bien, la voz temprana de su hija antes de nacer.
Costa Rica y sus compromisos: cuando la ley existe, pero no se cumple
Costa Rica ratificó tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará y cuenta con la Ley 10.081, que establece derechos para una atención calificada, digna y respetuosa durante el embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido. Además, el artículo 41 de la Constitución Política garantiza justicia pronta y cumplida. Sin embargo, cuando una madre pierde a su hija y enfrenta un proceso lento y revictimizante, esos compromisos pierden sentido.
Un Estado que firma tratados, pero permite que una mujer sea violentada en su parto y luego revictimizada al presentar su denuncia, debe preguntarse qué rumbo está tomando. La violencia obstétrica no termina en la sala de parto: puede continuar cuando el sistema de justicia no escucha, no acompaña y no actúa.
El futuro de un país se construye desde la forma en que nacemos
Un país que protege a sus mujeres protege su futuro. Costa Rica tiene leyes, tratados y obligaciones claras, pero mientras una madre como Andre siga esperando respuestas, mientras una bebé fallecida no encuentre justicia y mientras la revictimización forme parte del proceso, el Estado está fallando.
La vida, la salud, la dignidad y la integridad son derechos humanos y no son negociables. El rumbo de una nación también se define por la manera en que acompaña a quienes atraviesan su mayor dolor. Hoy, la historia de Andre nos recuerda que la justicia no puede seguir llegando tarde, porque cuando así lo hace, también puede convertirse en una forma de violencia.