Con frecuencia, cuando se detecta un caso de contrabando, la explicación inmediata suele ser que faltan controles aduaneros. Sin embargo, los casos recientes que he tenido la oportunidad de analizar muestran una realidad más compleja y plantean una pregunta distinta: ¿el problema es realmente la ausencia de controles o la calidad de los mecanismos utilizados para identificar los riesgos?
En uno de esos casos, una empresa fue sometida a un procedimiento administrativo para el cobro de la obligación tributaria aduanera por mercancías que aseguraba no haber importado. Lo interesante es que la propia Administración Aduanera, mediante controles posteriores, logró identificar inconsistencias a partir del análisis de declaraciones de tránsito internacional terrestre, manifiestos de carga, facturas comerciales y demás documentos que respaldaban la operación. Asimismo, la investigación permitió detectar diferencias entre registros manuales de ingreso y salida de vehículos y la información existente en los sistemas informáticos. Finalmente, la mercancía fue localizada fuera del recinto aduanero y decomisada por las autoridades competentes.
Paradójicamente, pese a que el proceso penal concluyó con un sobreseimiento al no poder vincular al importador con la mercancía, la discusión administrativa continuó respecto al eventual cobro de los tributos dejados de percibir.
En otro caso, la Administración inició un procedimiento de fiscalización para determinar si varias declaraciones aduaneras correspondían realmente a mercancías propiedad del importador. Desde un inicio resultaban evidentes diferencias importantes respecto de su perfil comercial habitual: tipo de mercancías, proveedores, países de origen e incluso los actores que intervenían en las operaciones.
Estos ejemplos permiten formular una conclusión preliminar: los controles sí existen. De hecho, fueron precisamente los mecanismos de control posteriores, la revisión documental y la trazabilidad de la información los que permitieron detectar las irregularidades. El problema parece ser otro: la capacidad de identificar esos riesgos antes de que la operación irregular se concrete.
La normativa internacional, centroamericana y nacional ha evolucionado en esa misma dirección, establece modelos basados en gestión de riesgo, controles selectivos y facilitación del comercio.
No obstante, los sistemas de gestión de riesgo son tan efectivos como la información que reciben y la capacidad que tienen para analizarla. En la práctica, gran parte de las decisiones continúan dependiendo de datos transmitidos mediante declaraciones y documentos de respaldo. Cuando dicha información es falsa, inconsistente o utilizada de manera fraudulenta, la administración suele actuar de forma reactiva, una vez que la irregularidad ya ocurrió.
Por esa razón, la discusión actual no debería limitarse a aumentar controles, sino a mejorar su calidad.
Las experiencias internacionales impulsadas por la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio demuestran que el uso de inteligencia artificial, análisis de macrodatos, aprendizaje automático y sistemas de inspección no intrusiva permite fortalecer significativamente la gestión del riesgo. Estas herramientas pueden identificar patrones inusuales, detectar inconsistencias entre el perfil de un importador y las mercancías declaradas, validar documentos automáticamente, monitorear operaciones en tiempo real y generar alertas tempranas para focalizar los recursos de control.
En otras palabras, estas herramientas permiten evolucionar de un modelo reactivo a uno predictivo, aumentando la capacidad de identificar oportunamente operaciones irregulares, mejorar la precisión en la detección de posibles infractores, facilitar el comercio legítimo, reducir costos y retrasos innecesarios para los importadores y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación y el control fiscal del Estado.
Por ello, quizá la pregunta no es si existen controles aduaneros. La normativa demuestra que existen y que son amplios. La verdadera interrogante es si esos controles están utilizando plenamente la información y la tecnología disponibles para anticipar riesgos y detectar irregularidades de manera oportuna.
Si los casos analizados demuestran algo, es que el desafío actual no parece ser controlar más, sino controlar mejor.
Y en ese contexto surge una pregunta: ¿será ATENA la herramienta que permita dar ese salto hacia una aduana verdaderamente inteligente? No obstante, existe una interrogante aún más relevante: si las irregularidades logran identificarse, ¿las sanciones realmente se aplican a los responsables?