Todo Estado, antes de transformarse, se anuncia. No lo hace necesariamente mediante decretos ni reformas constitucionales, sino a través de fenómenos más discretos y, precisamente por ello, más difíciles de rastrear e identificar en el entramado social. Por ejemplo, muy pocas veces nos detenemos a cuestionar qué se dice y, sobre todo, cómo se dice. En ese sentido, las palabras que un gobierno decide instalar en la esfera pública —y, particularmente, aquellas que decide satanizar— no son simples accesorios retóricos, sino signos capaces de producir y organizar realidades. Por lo tanto, quien quiera saber hacia dónde se dirige un Estado puede comenzar por observar las palabras que se consolidan y reproducen en su interior.
En Costa Rica, ese síntoma parece girar en torno a dos palabras: comunismo y comunista. Actualmente, ambas son utilizadas como calificativos peyorativos aplicables a prácticamente cualquiera que incomode al gobierno de turno. No obstante, conviene subrayar que, al atribuírseles este uso, dichos conceptos dejan de funcionar como categorías destinadas a describir una posición ideológica precisa y pasan a operar como etiquetas de exclusión, aplicadas a aquellos individuos o grupos señalados por el poder.
Por ende, esto supone una instrumentalización de los conceptos, tanto durante el gobierno anterior como en el actual, como parte de una operación discursiva destinada a crear la figura de un enemigo y suscitar un pánico moral. En esta línea, dichas etiquetas son empleadas como mecanismos de estigmatización para identificar y deslegitimar a diversos actores políticos y sociales, entre ellos sindicalistas, grupos estudiantiles, exfuncionarios e incluso sectores opositores al interior del propio Poder Legislativo.
Por esta razón, resulta pertinente recordar que ningún Estado se transforma de la noche a la mañana. Las transformaciones políticas suelen desarrollarse de manera gradual, a través de modificaciones sucesivas en el discurso público, palabra por palabra y enunciado por enunciado, hasta que llega un momento en que la ciudadanía advierte que, a su alrededor, se ha implantado un nuevo entorno caracterizado por la intolerancia hacia las diferencias.
Lo que ocurre actualmente en el espacio discursivo costarricense no debería ser minimizado y, mucho menos, naturalizado. Por el contrario, requiere ser analizado con especial atención, dado que las expresiones que el poder reitera, las categorías mediante las cuales descalifica a su oposición y los términos que transforma en instrumentos de confrontación constituyen indicios relevantes sobre el modo en que se configura el espacio público.
Prestar atención a estas señales no supone que se deba sobredimensionar cada controversia política, sino reconocer que, antes de que las grandes transformaciones se hagan plenamente visibles, suelen producirse modificaciones en los límites de aquello que la sociedad considera legítimo decir, pensar, cuestionar y debatir.