Hay problemas que no deberían convertirse en una disputa de banderas políticas, porque detrás de ellos existen personas, familias y comunidades que enfrentan diariamente una realidad que transforma sus vidas.
La enfermedad renal crónica no tradicional (ERCnT) es una de esas realidades.
Cuando una problemática de salud pública llega a la discusión nacional, a una mesa de la Asamblea Legislativa y a los espacios donde se construyen políticas públicas, no estamos frente a un acto de “politiquería”. Estamos frente al ejercicio democrático de buscar respuestas ante una situación que afecta la salud, la dignidad y la calidad de vida de las personas.
La enfermedad renal crónica no entiende de partidos políticos. No distingue ideologías ni colores partidarios. Tiene rostros concretos: personas trabajadoras del campo, familias de comunidades rurales, pacientes que deben modificar completamente su rutina y seres queridos que acompañan procesos médicos complejos.
Costa Rica debe comprender que esta enfermedad no puede verse únicamente desde una perspectiva clínica. Es un tema de salud pública, de prevención, de protección social y de derechos humanos.
La enfermedad renal crónica atraviesa diferentes etapas. Desde los primeros estadios, en los que una detección temprana puede marcar una diferencia significativa, hasta etapas avanzadas en las que algunas personas requieren terapias de sustitución renal, como la hemodiálisis o la diálisis peritoneal.
Pero detrás de cada etapa existe una historia humana.
Existe una persona que puede enfrentar limitaciones laborales, cambios en su alimentación, dependencia de tratamientos constantes y una reorganización completa de su vida. Existe una familia que acompaña, que se preocupa, que muchas veces asume cargas económicas y emocionales que no aparecen reflejadas en los números y que, además, enfrenta impactos psicológicos profundos, desgaste físico constante y, en muchos casos, la ausencia de condiciones básicas en el hogar para hacerle frente a la enfermedad con dignidad.
Por eso, hablar de enfermedad renal crónica es hablar también de las comunidades donde esta realidad ha tenido un impacto importante, especialmente en zonas rurales.
Costa Rica no puede ignorar las condiciones en las que muchas personas desarrollan sus labores. El acceso al agua, la prevención del estrés térmico, las condiciones laborales adecuadas, la educación sanitaria y la detección temprana forman parte de una discusión necesaria para proteger la vida de las personas.
La prevención debe ser la prioridad. No podemos construir un sistema que únicamente responda cuando la enfermedad ya avanzó. Debemos fortalecer la atención primaria, la vigilancia epidemiológica, la investigación científica y las políticas públicas que permitan identificar factores de riesgo antes de que las personas lleguen a situaciones más complejas.
Y la salud pública no puede verse como “politiquería”. Resulta preocupante que, cuando se intenta colocar una problemática de esta magnitud en la agenda nacional y en una comisión tan importante como la de Derechos Humanos, algunas figuras políticas pretendan reducirla por no ser de su interés político o, meramente, por oponerse a una propuesta debido al partido político que la impulsa.
La discusión pública sobre una enfermedad que afecta a ciudadanos costarricenses no es politiquería. La verdadera responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos es escuchar, investigar, fiscalizar y proponer soluciones.
La Asamblea Legislativa, como institución democrática, tiene precisamente la función de analizar los problemas que enfrenta la sociedad y buscar herramientas para mejorar la vida de las personas, muchas de las cuales dieron su voto con la esperanza de ser escuchadas.
Cuestionar una iniciativa es parte del debate democrático. Pero descalificar la discusión de una enfermedad que afecta a pacientes y familias como un simple interés político significa alejarse de quienes realmente necesitan respuestas.
Pero cuando la vocación de servicio se pone al lado de las personas, la esperanza nace. Que una mujer, independientemente del partido político que represente, con experiencia dentro del sector salud y como servidora pública, decida impulsar la discusión de esta problemática demuestra la importancia de que las instituciones estén conectadas con las necesidades reales de la población.
La joven diputada Karol Matamoros ha llevado este tema al espacio legislativo desde una perspectiva vinculada a la salud, buscando que la enfermedad renal crónica no tradicional sea abordada con la seriedad que merece.
Más allá de cualquier diferencia política, lo importante es reconocer cuando una persona en una función pública decide escuchar a quienes enfrentan una realidad difícil y buscar caminos para mejorar sus condiciones de vida. Porque la política tiene sentido cuando está al servicio de las personas.
Porque esta población necesita mucho más que un tratamiento médico.
Hablar de enfermedad renal crónica no puede limitarse únicamente al acceso a una máquina de diálisis o a una consulta médica. Las personas pacientes necesitan una respuesta integral que comprenda la complejidad de vivir con una enfermedad que transforma su cotidianidad.
Esta población requiere políticas públicas que no lleguen únicamente cuando el daño ya está avanzado, sino que acompañen todo el proceso: desde la prevención y la detección temprana hasta el tratamiento, la rehabilitación y el apoyo permanente a las familias.
Muchas personas pacientes enfrentan dificultades que van más allá de su condición médica. En las comunidades rurales, las distancias hacia los centros de atención, los costos de traslado, la imposibilidad de mantener una jornada laboral regular —lo que limita el ingreso de recursos económicos al hogar— y la dependencia de sus redes familiares representan desafíos que deben considerarse dentro de la respuesta del Estado.
No basta con atender la enfermedad; también es necesario proteger la dignidad de quienes viven con ella.
Se requiere fortalecer los programas de acompañamiento psicológico, apoyo social y educación para pacientes y cuidadores, porque la enfermedad renal crónica no impacta únicamente un órgano del cuerpo humano: impacta proyectos de vida, familias completas y comunidades.
Una persona paciente no debería sentirse sola frente a una enfermedad que requiere un compromiso permanente del sistema de salud y de las instituciones públicas.
La prevención salva vidas, pero la protección integral garantiza dignidad.
Porque cuando un paciente necesita respuestas, cuando una familia necesita apoyo y cuando una comunidad necesita soluciones, el deber del Estado es actuar. No esperar a que el daño sea irreversible.
Costa Rica tiene la oportunidad de fortalecer una respuesta integral frente a la enfermedad renal crónica no tradicional.
Esa respuesta debe incluir prevención, educación, investigación, acceso oportuno a los servicios de salud y políticas que protejan especialmente a las poblaciones más vulnerables.
No se trata de señalar culpables sin evidencia. Se trata de reconocer una realidad y actuar con responsabilidad.
Porque ningún país puede llamarse solidario si espera a que las personas lleguen a las etapas más avanzadas de una enfermedad para empezar a reaccionar.
La enfermedad renal crónica no es politiquería. Son pacientes, son familias, son comunidades, son seres humanos.
Es una realidad que golpea a Costa Rica y que exige una respuesta a la altura de la dignidad de las personas.