En el ambiente político escuchamos a menudo la frase: “es la voluntad del pueblo”, pero ¿cuál es realmente la voluntad del pueblo? Por otro lado, ¿qué es democracia? Probablemente pensamos en algo bastante sencillo: cada cuatro años vamos a votar y elegimos a nuestros gobernantes. Y sí, eso es democracia, pero es solamente una parte, porque hay una pregunta que casi nunca nos hacemos: ¿Qué pasa después de que votamos?
Supongamos que un partido gana las elecciones con un 51% del apoyo de toda la población. Perfecto. Ganó. Tiene derecho a gobernar. Tiene derecho a intentar cumplir sus promesas y a impulsar sus proyectos, pero hay algo que no ganó: el derecho a hacer lo que quiera. Ese 51% no significa que el gobierno sea “el pueblo”; significa que una mayoría de ciudadanos decidió darle el gobierno durante un período determinado. El otro 49% también somos nosotros y todos seguimos viviendo en el mismo país.
Por eso, cuando un gobierno dice “nosotros tenemos el respaldo del pueblo” para responder a cualquier crítica, conviene detenerse un segundo. Ganar una elección da derecho a gobernar, no da derecho a dejar de ser vigilado. ¿Entonces, quién vigila al que gobierna? Ahí aparece algo que escuchamos muchísimo, pero que pocas veces nos explican: la institucionalidad.
Dicho de la manera más sencilla, la institucionalidad comprende las reglas y las instituciones que impiden que una sola persona o un solo grupo pueda tener todo el poder. En Costa Rica, el presidente no puede hacer las leyes que quiera. Para eso está la Asamblea Legislativa. La Asamblea puede aprobar leyes, pero existen tribunales que pueden revisar si esas leyes respetan nuestra Constitución. El Gobierno administra y ejecuta, pero existen instituciones que fiscalizan cómo se utilizan los recursos públicos. Y tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones que organiza y protege el proceso electoral.
¿Por qué tanta cosa?
¿Por qué no dejamos que quien ganó gobierne tranquilo?
Porque imaginemos por un momento que en un partido de fútbol el mismo equipo fuera jugador, árbitro y además pudiera cambiar las reglas mientras juega. Probablemente no confiaríamos mucho en el resultado. La democracia funciona de manera parecida. Quien gobierna necesita poder hacer su trabajo, pero también necesita que existan otros que puedan decirle “suave un toque”, “explique”, “demuestre”, “eso no se puede” o incluso “eso es ilegal”. Esos son los pesos y contrapesos y no están ahí para hacerle la vida difícil al Gobierno; están ahí para protegernos a nosotros.
Pero hay otra cosa que necesitamos para que todo esto funcione: información. Pensémoslo así:
- ¿Cómo sabemos si un gobierno está haciendo bien su trabajo?
- ¿Cómo sabemos cuánto dinero está gastando?
- ¿En qué lo está gastando?
- ¿Una obra pública costó realmente lo que debía costar?
- ¿Funcionó un programa?
- ¿Se cumplieron las promesas?
- ¿Quién tomó determinada decisión?
Si nosotros no podemos saber esas cosas, ¿cómo vamos a vigilar a quienes gobiernan? Por eso, el acceso a la información pública no es un asunto solamente para periodistas o abogados; es una herramienta del ciudadano. Y aquí las redes sociales nos presentan un reto enorme. Hoy podemos recibir cientos de noticias al día. Un video de 30 segundos puede indignarnos. Una publicación puede hacernos pensar que el país está en ruinas. Otra puede convencernos de que todo marcha maravillosamente. Pero una pregunta sencilla puede cambiarlo todo: “¿Será cierto?”
Antes de compartir, indignarnos o celebrar, podemos preguntarnos:
- ¿De dónde salió este dato?
- ¿Quién lo está diciendo?
- ¿Qué información falta?
- ¿Me están mostrando el hecho completo o solamente una parte?
Porque la manipulación no siempre consiste en inventar una mentira; a veces consiste en decir una verdad a medias, y aquí entramos cada uno de nosotros. La democracia no funciona únicamente gracias al presidente, los diputados, los jueces o las instituciones; funciona también gracias a ciudadanos que prestan atención. No necesitamos ser abogados, no necesitamos leer todos los periódicos, no necesitamos saber de memoria la Constitución, pero sí necesitamos algo mucho más sencillo: no entregar nuestra capacidad de pensar a nadie, ni al Gobierno, ni a la oposición, ni a nuestro partido favorito, ni a un influencer, ni a un video de TikTok, ni a una publicación que confirma exactamente lo que nosotros ya queríamos creer.
Podemos apoyar a un gobierno y cuestionarlo, podemos estar en desacuerdo con la oposición y reconocer cuando tiene razón, podemos defender una institución cuando nos beneficia y defenderla también cuando toma una decisión que no nos gusta, porque las instituciones no deberían construirse pensando: "¿Quién está gobernando hoy?”. Sino: ¿Qué pasaría si mañana gobernara alguien que piensa completamente diferente a mí?”
Y quizá esa sea una de las mejores maneras de entender para qué sirve una República democrática: la institucionalidad existe para garantizar que la mayoría pueda gobernar hoy sin impedir que otra mayoría pueda gobernar mañana. Eso debería importarnos a todos porque el Gobierno cambia, los partidos cambian, los presidentes cambian, pero las reglas que protegen nuestros derechos deberían permanecer, y por eso la democracia no es solamente ir a votar; es estar despiertos mientras otros ejercen el poder en nuestro nombre.
La República no es el Gobierno. La República somos nosotros.