Mientras Costa Rica enfrenta nuevas emergencias ocasionadas por lluvias, inundaciones y deslizamientos, una realidad incómoda sale nuevamente a la luz: una de las instituciones más valoradas y esenciales del país enfrenta serios problemas financieros. La Cruz Roja Costarricense continúa respondiendo cuando la ciudadanía más la necesita, pero lo hace bajo una creciente presión económica que amenaza su sostenibilidad.
Durante la última semana, la institución movilizó más de 250 cruzrojistas, 45 ambulancias y siete embarcaciones para atender emergencias en distintas regiones del país. Además, realizó más de 1.100 atenciones relacionadas con inundaciones, rescató a 190 personas y colaboró en la evacuación de más de 1.500 habitantes. Detrás de esas cifras hay familias protegidas, vidas rescatadas y comunidades enteras acompañadas en momentos de crisis.
Sin embargo, mientras la Cruz Roja cumple con su labor humanitaria, el Ministerio de Hacienda mantiene retenidos recursos que por ley deberían fortalecer su operación. Para 2026, el Ministerio de Hacienda no ha girado cerca de ₡1.800 millones provenientes de impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas, combustibles y multas de tránsito. A esto se suman ₡1.500 millones aprobados en el Presupuesto Nacional que tampoco han sido transferidos
La situación resulta difícil de comprender para cualquier ciudadano. Si existe consenso sobre la importancia de la Cruz Roja y si los recursos ya cuentan con respaldo legal y presupuestario, ¿por qué continúan sin llegar a la institución? Las consecuencias no son menores. Se trata de dinero destinado a ambulancias, equipos de rescate, capacitación, mantenimiento y atención de emergencias. En otras palabras, son recursos que se traducen directamente en capacidad para salvar vidas.
La preocupación aumenta al conocer que la Cruz Roja arrastra pérdidas financieras desde 2022, impulsadas por el incremento de los costos operativos posteriores a la pandemia. Al mismo tiempo, la demanda de sus servicios sigue creciendo. Los fenómenos climáticos extremos, los accidentes de tránsito y la violencia generan una presión constante sobre una institución que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.
Costa Rica no puede permitirse debilitar a una entidad que forma parte de la primera línea de respuesta ante cualquier desastre o emergencia. Su trabajo no distingue entre territorios, condiciones sociales o posiciones políticas. Cuando ocurre una tragedia, la
Cruz Roja está presente. Por ello, su financiamiento debería ser una prioridad nacional y no un tema recurrente de incertidumbre presupuestaria.
También es necesario abrir una discusión seria sobre mecanismos permanentes de financiamiento. La dependencia de transferencias sujetas a restricciones fiscales o retrasos administrativos expone a la institución a una vulnerabilidad innecesaria. Iniciativas legislativas que buscan ampliar y modernizar sus fuentes de ingresos merecen una valoración responsable y urgente
Apoyar a la Cruz Roja no es un acto de caridad; es una inversión en la seguridad y la protección de toda la sociedad.
Todos y todas esperamos que una ambulancia llegue cuando la necesitemos, que un rescatista acuda en medio de una inundación o que exista una respuesta inmediata ante una emergencia. Esa confianza ciudadana debe estar respaldada por decisiones políticas coherentes. Si queremos que la Cruz Roja siga estando ahí cuando más la necesitemos, el Estado debe empezar por cumplir con ella.