Existe una distinción fundamental, tan sutil como decisiva, entre el espectáculo que entretiene y la obra que edifica la memoria colectiva. Mientras la producción técnica o el mero oficio artesanal dominan el arte de ejecutar fórmulas probadas, la creación opera en un plano distinto: cuestiona, documenta, interpela y construye la soberanía cultural de un país.
Cuando el Estado celebra el arte desde la vitrina, pero desatiende los marcos jurídicos e institucionales que le otorgan sostenibilidad, la cultura deja de ser un derecho ciudadano para convertirse en una puesta en escena institucional.
En Costa Rica, el discurso público sobre la creación nacional suele vestirse de gala. En la conferencia de prensa de este 12 de agosto, el Gobierno celebró por todo lo alto la próxima celebración del Día del Artista Nacional entre aplausos y anuncios de restauración patrimonial, como la remodelación del Cine Variedades, que, si bien son valiosos para la conservación arquitectónica de San José, pertenecen al ámbito inmobiliario y no a la dinamización del tejido creativo contemporáneo.
Lo paradójico es que, detrás de esa narrativa festiva donde ni siquiera se mencionó al sector audiovisual, existe una realidad técnica y financiera que contrapone la elocuencia de las palabras con la parálisis administrativa y el desmantelamiento institucional.
Escribo esta reflexión a título personal; no pretendo arrogarme la representación de un sector tan amplio y diverso como el de las artes audiovisuales, la animación y los videojuegos. Me remito, con estricta rigurosidad, a una cadena de hechos verificables.
Mientras el sector era omitido en el discurso oficial de este miércoles, los datos y los logros recientes del cine costarricense demuestran una vitalidad indiscutible. Hace apenas dos semanas, el Costa Rica Festival Internacional de Cine, un programa del propio Centro de Cine, convocó a casi 15.000 asistentes. Asimismo, proyectos documentales costarricenses destacaron en la primera edición del Festival CentraDoc, iniciativa liderada por mujeres centroamericanas que tuvo su sede este año en Guatemala. En el plano internacional, lejos de dinámicas de consumo ajenas a nuestra realidad, el trabajo nacional cosecha reconocimientos históricos: este año, la cineasta Valentina Maurel estrenó Siempre soy tu animal materno en el Festival de Cannes, donde además obtuvo un galardón, y apenas la semana pasada se anunció que será la película de apertura de la prestigiosa sección Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián. De igual forma, en días recientes se confirmó que Amor es el monstruo, dirigida por Neto Villalobos, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, entre otros muchísimos logros del sector.
El sector, en general, se mueve con dinamismo, produce empleo a través de muchos encadenamientos y coloca el nombre del país en los espacios más competitivos a nivel global; lo que falta es el reconocimiento, el respaldo normativo y la sostenibilidad financiera desde el Gobierno.
A pesar de esta proyección, el marco legal que sostiene a la industria permanece paralizado. El 8 de abril de 2025 se publicó en La Gaceta la Ley de Cinematografía y Audiovisual (Ley 10.657). La legislación otorgó un plazo de seis meses calendario para que el Poder Ejecutivo emitiera su respectivo decreto reglamentario. A la fecha, este marco normativo acumula diez meses de retraso sobre el plazo vencido, o dieciséis meses de inacción desde la promulgación de la ley. En el derecho administrativo costarricense, el principio de legalidad impone a las autoridades la obligación de actuar sometidas al ordenamiento jurídico y cumplir con los mandatos normativos dentro de los plazos establecidos. La omisión continuada en la emisión de un reglamento no es un detalle burocrático trivial ni un asunto de trámite secundario; constituye una falta al deber legal que vulnera la seguridad jurídica y desarma institucionalmente al Centro Costarricense de Cinematografía y Audiovisual.
Esta parálisis reglamentaria, sumada a la asfixia presupuestaria, genera consecuencias operativas graves sobre la comunidad creadora:
- Inseguridad jurídica y económica en la producción. Como ejemplo de procesos detenidos, los proyectos beneficiarios de la undécima edición del Fondo El Fauno, cuyo proceso de evaluación técnica por jurados internacionales culminó en julio de 2026, permanecen en una pausa indefinida ante la imposibilidad de contar con un Consejo debidamente constituido conforme al reglamento, que ratifique los fondos. Las casas productoras y las coproducciones amparadas, entre otros, al Convenio de Coproducción Audiovisual Iberoamericano, ven comprometida su viabilidad financiera, sus alianzas internacionales y la imagen del país como socio confiable.
- Desmantelamiento financiero y asfixia operativa. La omisión reglamentaria coincide de forma alarmante con un recorte severo a la institucionalidad del cine. Según consta en el oficio MCJ-DM-0681-2026, remitido recientemente por el Ministerio de Cultura y Juventud a la Asamblea Legislativa, la proyección presupuestaria para el subprograma del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual para el ejercicio 2027 se fijó en apenas ₡898 600 000 millones. Al contrastar este monto con el presupuesto autorizado para 2026, que ascendía a ₡1 722 000, se evidencia una drástica reducción de casi el 48%. Reducir a la mitad los recursos operativos y de fomento del Centro de Cine compromete de forma crítica la ejecución de programas de estímulo, la realización del CRFIC y el cumplimiento de las obligaciones legales asignadas a la institución.
- Inestabilidad en la gobernanza institucional. La ausencia de un marco reglamentario vigente mantiene vacantes los nombramientos de la Dirección General del Centro de Cine y de la Cinemateca Nacional, forzando el recurso a figuras administrativas excepcionales para justificar la continuidad de los servicios mínimos.
- Procedimientos atropellados e indefensión. Tras diez meses de inacción posterior a la consulta pública del reglamento realizada en septiembre de 2025, el Ministerio de Cultura y Juventud emitió en julio de 2026 una convocatoria express concediendo apenas siete días hábiles para la conformación de ternas ante el Consejo, proceso que fue llevado a cabo bajo protesta formal por diversas asociaciones del sector debido a los vicios de procedimiento. El audiovisual costarricense es una industria cultural estratégica, generadora de empleo especializado, conocimiento e identidad. Cuando la política pública omite estructurar el estatuto legal de sus industrias creativas y, simultáneamente, desmantela su presupuesto, vacía de contenido la noción misma de desarrollo cultural.
La inquietud respetuosa dirigida a la Presidencia de la República busca la coherencia entre el discurso republicano y la gestión: si el arte y la cultura son pilares fundamentales del modelo de desarrollo costarricense, ¿por qué la firma del Reglamento a la Ley 10.657 permanece entrampada en algún despacho del Ejecutivo mientras se aplica un recorte cercano al 50% a la institución encargada de velar por el sector? ¿ocupa la creación audiovisual un lugar secundario en la visión de Estado de esta administración?
Lo único que solicitamos es el respeto a los plazos que la propia ley fijó y la garantía de recursos mínimos para la operatividad del sector. La firma del reglamento no representa un acto de generosidad política, sino el cumplimiento estricto de una obligación legal que garantice la transparencia, el estado de derecho y el futuro de una comunidad artística que también construye la memoria del País.