Los grandes desastres rara vez se producen por sí solos. Tienen causas que resultan de décadas de decisiones políticas, económicas, técnicas e institucionales que, de manera lenta pero constante, incrementan el riesgo hasta transformar una amenaza natural en una tragedia humana.
Las catástrofes, condiciones desastrosas en las que se alcanzan o incluso se superan las pérdidas máximas probables, rara vez sorprenden a quienes las estudian. No sucede lo mismo con quienes desconocen que, en realidad, estas se gestan lentamente durante años o incluso décadas. Cuando se materializa un terremoto intenso, la atención pública se concentra en los titulares e imágenes de la destrucción; sin embargo, la verdadera historia comenzó mucho antes, casi siempre ignorada, luego de una larga sucesión de decisiones, indecisiones, omisiones, negligencias, incompetencia y errores que fueron acumulando la vulnerabilidad hasta convertir una amenaza natural en una tragedia.
El 24 de junio de 2026, el mundo conoció, con horror, las primeras noticias del terremoto sucedido a las 18:04 horas en Venezuela. Conforme llegaba la información, aumentaban la preocupación en los medios de comunicación y la conmoción del público. Después de más de cuarenta años dedicados a la gestión del riesgo, este tipo de acontecimientos continúa siendo inaceptable por la magnitud de sus consecuencias y por la rapidez con la que, en apenas unos segundos, se transforman la vida, el hábitat y los medios de subsistencia de millones de personas, además de afectar gravemente la infraestructura y la economía de un país. Sin embargo, lo verdaderamente sorprendente no debería ser el desastre en sí, sino constatar que una parte considerable de sus consecuencias pudo haberse evitado mediante la aplicación rigurosa del conocimiento científico, de los códigos de construcción, de la planificación territorial y de una inversión pública y privada inteligente. Este caso es una catástrofe esperada y, por tanto, previsible: un desastre anunciado por las múltiples señales que se habían acumulado durante décadas.
Un terremoto es tan destructivo como las construcciones y las actividades humanas lo permiten. Al examinar las prácticas de diseño, construcción, supervisión y mantenimiento, los especialistas podrían quizás anticipar cuáles edificaciones resistirían, cuáles sufrirían daños y cuáles colapsarían, de acuerdo con el conocimiento disponible. Toda estructura comienza a definir su destino desde el momento en que se especifican las funciones que desempeñará y el sitio en donde será construida. A partir de entonces, cada decisión de diseño, cada material empleado, cada proceso constructivo y cada intervención de mantenimiento representan un paso hacia una infraestructura más segura o, por el contrario, más vulnerable. Las transgresiones a los códigos de construcción rara vez son insignificantes o generan los ahorros que se imaginan. Por el contrario, la acumulación de errores y omisiones, deliberada o no, constituye, en la mayoría de los casos, el origen de las pérdidas humanas y materiales.
En el caso de Venezuela, la tragedia resulta aún más dolorosa por tratarse de un país que cuenta con excelentes ingenieros y científicos, varios de ellos pioneros en sismología, neotectónica, ingeniería sísmica y gestión del riesgo. Venezuela fue también referente en el desarrollo de normas de diseño sismorresistente y estrategias de prevención, al menos hasta finales de la década de 1990. La creación, en 1966, del Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS) marcó un hito para la región. Asimismo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), creada en 1972, llegó a convertirse en una institución de referencia continental. Gracias a esas instituciones se generó conocimiento esencial sobre dónde y cómo construir hospitales, viviendas y otras edificaciones destinadas a albergar actividades humanas. Allí donde ese conocimiento fue respetado, el reciente terremoto demostró que los daños fueron significativamente menores o, sencillamente, no se produjeron. Desafortunadamente, buena parte de ese legado se fue debilitando con el paso de los años.
Venezuela fue perdiendo gradualmente ese liderazgo. La reducción del respaldo institucional, junto con otros factores políticos, administrativos y de opacidad en la toma de decisiones, redujo la capacidad del Gobierno y del sector privado para identificar, comunicar y corregir las vulnerabilidades acumuladas progresivamente. La supervisión técnica de las obras, el control de calidad de los materiales, la verificación de los procesos constructivos y el mantenimiento sistemático de las estructuras también fueron debilitándose. Un ejemplo elocuente es el avanzado estado de corrosión observado en los componentes metálicos de numerosos edificios colapsados en el área costera, consecuencia de una prolongada exposición al ambiente marino sin las medidas de mantenimiento requeridas. Todo indica que el apresuramiento político, el cortoplacismo y el populismo terminaron favoreciendo la construcción y financiación de edificaciones vulnerables. La devastación observada es, en realidad, el resultado de la convergencia de estos y otros factores.
Lo más preocupante es que lo ocurrido en Venezuela dista mucho de ser un caso aislado. El terremoto del 19 de setiembre de 1985 (Mw 8,1) en México destruyó, entre muchas otras edificaciones, el Hospital Juárez, un acontecimiento que llevó a numerosos profesionales a replantear profundamente su visión sobre la gestión del riesgo y, en muchos casos, el rumbo de sus propias carreras. Sin embargo, una parte importante de aquellas lecciones nunca fue plenamente incorporada en América Latina. Durante décadas continuaron construyéndose y utilizándose edificaciones sin considerar las enseñanzas dejadas por aquellas que ya habían colapsado. La pregunta permanece vigente: ¿por qué las sociedades insisten en olvidar las lecciones que los desastres les dejan?
También el terremoto del 6 de febrero de 2023 (Mw 7,8 + Mw 7,5) en el sureste de Turquía confirmó esta realidad. Numerosos edificios construidos después de la revisión del código sismorresistente de 1989 colapsaron igualmente. Ello demuestra que disponer de buenos ingenieros, recursos financieros, seguros adecuados y normas modernas constituye una condición necesaria, pero no suficiente. Sin instituciones sólidas, supervisión efectiva, transparencia y cumplimiento estricto de las regulaciones, incluso los mejores códigos terminan siendo letra muerta. Existen numerosos ejemplos adicionales que conducen a la misma conclusión.
El hecho de que la tierra tiemble no crea, por sí mismo, los grandes desastres. Lo que hace es revelar, en cuestión de minutos, la vulnerabilidad que la sociedad fue construyendo durante años o décadas. El terremoto simplemente expone aquello que permanecía oculto: edificios inseguros, instituciones debilitadas, controles inexistentes, corrupción, incompetencia y decisiones equivocadas que permitieron que una amenaza natural desencadenara el colapso de sistemas sociales enteros. La naturaleza no redacta los códigos de construcción; tampoco aprueba presupuestos públicos, inspecciona obras, combate la corrupción ni establece prioridades para el desarrollo. Todas esas decisiones pertenecen exclusivamente a la sociedad y a sus instituciones. Hay pocas excepciones en las que los responsables de estos desastres hayan sido juzgados, pues muchas veces se consideran, todavía, actos de Dios o de la naturaleza. Ya es hora de aceptar que las responsabilidades son humanas, sobre todo cuando el resultado es claramente causado por omisiones o decisiones inadecuadas que contribuyeron directa o indirectamente a la magnitud de la tragedia. Las vidas perdidas no podrán recuperarse, pero sí pueden sentarse precedentes que contribuyan a impedir que la historia vuelva a repetirse.
Mientras la vulnerabilidad continúe acumulándose, silenciosamente o a plena vista, los próximos desastres seguirán gestándose mucho antes de que sucedan el siguiente terremoto, la inundación o la erupción volcánica. El verdadero desafío de este siglo no consiste únicamente en responder mejor a las emergencias, sino en impedir que las condiciones políticas, técnicas o financieras que las hacen catastróficas continúen construyéndose día tras día.
Las catástrofes no son causadas solamente cuando la tierra se rompe. Un terremoto solo visibiliza la factura acumulada por las decisiones equivocadas. Mientras estas continúen repitiéndose, no habrá reconstrucción capaz de impedir que el próximo desastre ya esté, desde hoy, silenciosamente en formación. Los desastres no son inevitables, pero sí lo pueden ser cuando la sociedad decide ignorar el conocimiento que ya posee. La naturaleza desencadena los sismos; las sociedades deciden, mucho antes, cuántas víctimas producirá.