Costa Rica discute otra vez su arquitectura institucional, y lo hace desde dos convicciones sinceras. Hay quienes piensan que, para que el Estado sea más capaz, el Gobierno necesita más poder y más margen para actuar. Y hay quienes creen que esa capacidad debe construirse por otras vías, manteniendo el poder distribuido que ha protegido nuestra democracia durante décadas. Las dos posiciones parten de un mismo anhelo legítimo: un país que produzca mejores resultados sin renunciar a lo que lo hace estable. No me interesa aquí escoger bando. Me interesa señalar algo que ambas visiones necesitan por igual y que rara vez nombramos: sin importar cómo se distribuya el poder, nada funciona si no sabemos colaborar. Ese es el reto de fondo. Y tiene una virtud: es la misma pregunta para quien quiere concentrar el poder y para quien quiere distribuirlo.
La conversación sobre reforma institucional debería cambiar de pregunta. En lugar de discutir únicamente quién debe tener más poder, deberíamos preguntarnos cómo hacer que el Estado tenga mayor capacidad. Modernizar Costa Rica no debería significar escoger entre democracia y capacidad de ejecución, sino construir ambas. La invitación es pasar de la defensa o el rechazo automáticos de nuestras instituciones a una evaluación mucho más exigente: identificar, una por una, cuáles reglas protegen valor público, cuáles generan fricción innecesaria y cuáles debemos rediseñar.
Esa evaluación suena técnica, pero es profundamente humana. Ninguna institución la hace sola. Exige que instituciones con mandatos distintos, y a veces en tensión, se sienten a construir un “sí” compartido. La capacidad estatal es, antes que un rediseño legal, una cultura de trabajo conjunto. Podemos rediseñar cada regla del país y aun así fracasar si no sabemos colaborar para aplicarlas.
¿Qué necesita, entonces, una cultura de colaboración? Hace unas semanas escribí sobre cuatro competencias que dos académicos identificaron para trabajar bien con la inteligencia artificial y que, releídas, describen cómo se colabora bien con cualquiera. Llevadas al plano institucional, dicen bastante. Delegación: claridad sobre quién hace qué, quién decide y quién responde, lo contrario de una responsabilidad difusa. Descripción: objetivos enunciados con precisión y no en consignas grandilocuentes. Discernimiento: pensamiento crítico para evaluar resultados sin caer en el tribalismo de defender o atacar según el bando. Y diligencia: rendición de cuentas real, hacerse cargo de lo que uno produce.
A esas cuatro yo agregaría lo que ninguna regla decreta: confianza, propósito compartido y la disposición a pasar del “no” defensivo al “sí, yo respondo”. Eso no se legisla. Se cultiva.
Alguien podría preguntarme, con razón: si el problema que describo es humano y cultural, ¿por qué hablar de tecnología? Por tres razones.
Primero, porque la fricción que asfixia la colaboración en el Estado es, en buena medida, un problema de información y coordinación. Los síntomas de siempre —sistemas que no se comunican, funciones duplicadas, trámites que nadie logra rastrear— no son tanto fallas de voluntad como fallas de coordinación. Y coordinar es, en el fondo, mover información entre personas e instituciones. La capacidad estatal siempre avanzó de la mano de sus herramientas de información: el registro, el censo, el expediente. Hablar de tecnología no es cambiar de tema; es hablar del sistema nervioso de la colaboración.
Segundo, porque el costo de colaborar bajó. Durante décadas, coordinar entre instituciones fue tan caro —en tiempo, en trámites, en reuniones— que muchas veces resultó más fácil decir “no” o trabajar en silos. Hoy, por primera vez, tenemos herramientas capaces de reducir ese costo: hacer la información trazable y legible, conectar lo que estaba aislado, liberar horas humanas que se consumen en tareas que ninguna persona debería estar haciendo. La inteligencia artificial no coordina por nosotros, pero puede quitar de en medio buena parte de lo que nos impide coordinar.
Tercero, porque el momento es el momento. La ventana de modernización que el país tiene enfrente coincide con una inflexión tecnológica real. Modernizar el Estado hoy ignorando estas herramientas sería como reorganizar una oficina y negarse a instalar la luz.
Ahora, el matiz que importa: la tecnología no crea por sí sola la voluntad de colaborar; amplifica la cultura que encuentra. Aplicada sobre una cultura de “sí, yo respondo”, multiplica lo que esa cultura es capaz de lograr. Por eso la conversación técnica no reemplaza la conversación humana: la vuelve más valiosa. Y la buena noticia es que esa cultura se puede cultivar, y que hoy contamos con más y mejores herramientas que nunca para acompañarla.
La coyuntura nos da una oportunidad poco frecuente para avanzar en esto de forma concreta. Más que un debate sobre cuánto poder debe tener cada quien, tenemos frente a nosotros la posibilidad de construir, juntos, un Estado que ejecute más y con mayor impacto. ¿Con qué se empieza? Con reglas claras sobre quién responde por cada resultado; con objetivos descritos de forma que se puedan evaluar; con información compartida entre instituciones; y con herramientas que reduzcan la fricción para que el talento público —que existe y es mucho— dedique su tiempo a lo que sí es insustituible: el criterio, la relación y el acuerdo.
Ninguna de las dos visiones que conviven en el país —más poder concentrado o poder distribuido— llegará tan lejos como podría sin esa capacidad de fondo. Democracia y capacidad de ejecución no son un dilema en el que haya que escoger: se construyen juntas, y se construyen colaborando. Imaginemos lo que Costa Rica podría lograr si canaliza su enorme energía cívica hacia esa tarea común, con las mejores herramientas de nuestro tiempo al servicio de las mejores intenciones. Esa decisión no la toma ninguna máquina. La tomamos nosotros, y podemos empezar hoy.