Cuando pensamos en Costa Rica, se nos viene a la mente nuestra histórica tradición de solidaridad y refugio. Desde 2018, miles de personas han cruzado nuestra frontera huyendo de la persecución política y el deterioro de los derechos en Nicaragua. Sin embargo, si miramos lo que ocurre hoy, nos encontramos con una distancia enorme entre el compromiso de proteger y la realidad que viven estas personas día a día.
Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) son contundentes: para finales de 2024, el país sumaba más de 233.000 personas con necesidades de protección internacional, de las cuales el 87% son nicaragüenses. Pero detrás de esos números hay un drama silencioso: acumulamos más de 200.000 solicitudes pendientes reportadas ante el Examen Periódico Universal, lo que significa que una persona puede esperar hasta cuatro años solo para que revisen su caso por primera vez.
Esa espera se convierte en un limbo desesperante. Aunque la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764) dice que quienes buscan refugio tienen derecho a trabajar, la realidad es otra: la tramitología, los costos y las trabas burocráticas terminan cerrando las puertas del empleo formal. Sin una vía expedita para regularizarse, la informalidad se convierte en la única alternativa de subsistencia, dejando a estas personas expuestas a la vulnerabilidad y al abuso laboral.
Como exfuncionaria del sistema de salud pública, lo vi de cerca todos los días. Los retrasos en la documentación impiden que miles de personas solicitantes de refugio logren afiliarse a la seguridad social, levantando barreras para recibir atención médica regular y de seguimiento, lo que precariza aún más la vida de familias enteras. El asilo no puede ser solo un sello en un papel o un asunto de control migratorio; se trata de garantizar condiciones básicas de dignidad para quienes construyen su vida en nuestro país.
Costa Rica no puede permitir que su sistema de protección se ahogue en el papeleo. Necesitamos reaccionar pronto, inyectar presupuesto a la institucionalidad migratoria, agilizar los trámites mediante una digitalización accesible y emitir permisos de trabajo de forma rápida. Ayudar a integrarse a quienes buscan un refugio seguro no solo honra nuestros compromisos internacionales, sino que fortalece la economía y la convivencia de toda nuestra sociedad.