Cuando toda diferencia procedimental se bautiza como “golpe de Estado” o “dictadura”, terminamos vaciando de sentido las palabras que algún día podríamos necesitar de verdad.
En Costa Rica se ha vuelto costumbre echar mano, casi por reflejo, del vocabulario del catálogo autoritario. “Dictadura”, “golpe de Estado”, “golpistas”, “tiranía”: términos reservados históricamente para describir la ruptura del orden constitucional se usan hoy para calificar un fallo que no gustó, una votación que salió al revés o un trámite que se atascó.
El episodio más reciente lo protagonizó el propio Poder Ejecutivo. El 31 de julio, la presidenta Laura Fernández y 24 diputados oficialistas calificaron la decisión de “golpe de Estado” y llamaron “magistrados golpistas” a los cuatro integrantes de la Sala Constitucional que, por cuatro votos contra tres, prorrogaron de forma provisional el nombramiento de las magistraturas suplentes cuyos periodos vencieron en diciembre de 2025. La medida —que solo habilita a los suplentes para asuntos urgentes mientras la Asamblea llena las plazas— buscaba evitar que más de un centenar de expedientes quedaran sin resolver. El Gobierno anunció, además, una querella por prevaricato.
Conviene detenerse en la escena, porque es reveladora. Un tribunal resuelve un amparo, con mayoría y minoría, motivando su decisión; el Ejecutivo discrepa y anuncia que acudirá a otra instancia judicial para cuestionarlo. Es decir: el sistema de frenos y contrapesos funcionando exactamente como fue diseñado. A eso, en un mensaje desde Casa Presidencial, se le llamó “golpe de Estado”.
El fenómeno no es de un solo bando. Durante los últimos años, sectores de oposición describieron como “deriva autoritaria” o “dictadura en ciernes” prácticamente cada choque del expresidente Rodrigo Chaves con la Contraloría, la Sala IV o el Tribunal Supremo de Elecciones. Y el propio Chaves alimentó el juego desde la otra orilla cuando afirmó que el país había vivido “75 años de dictadura perfecta”, para luego corregir y hablar de “tiranía”.
La CCSS, con su junta directiva paralizada y sus listas de espera, ha sido presentada tanto como víctima de un “desmantelamiento” deliberado como de un “sabotaje”, según quién tenga el micrófono. Hasta la aprobación “en automático” del presupuesto de la República —un mecanismo que la propia Constitución contempla para cuando el Plenario no reúne los votos necesarios para tramitar la propuesta del Ejecutivo— se ha presentado como un atropello institucional, y no como lo que es: una regla del juego escrita de antemano. Cada quien tiene su golpista favorito.
El problema es que las palabras importan, y estas en particular importan mucho. Un golpe de Estado es la toma del poder por fuera de las reglas: fuerzas armadas en la calle, un congreso disuelto, elecciones suspendidas, opositores presos. Una dictadura es la supresión sostenida de esos contrapesos. Nada de eso describe a la Costa Rica de 2026, donde hubo elecciones en febrero, el poder se transfirió, la prensa publica, la oposición habla en cadena nacional y los tribunales fallan —a veces contra el Gobierno y a veces a su favor— sin que nadie termine en la cárcel por ello.
Decir esto no equivale a negar que existan problemas reales. Los hay, y son serios. Que la Asamblea haya sido incapaz de nombrar magistraturas suplentes después de once rondas de votación es una falla institucional grave. Que la CCSS opere con su junta directiva a los tumbos mientras un millón de personas espera una cita revela un deterioro de la gestión pública que no admite complacencias. Que el Ejecutivo y el Poder Judicial vivan en tensión permanente desgasta al Estado. Estas debilidades deben nombrarse con claridad, discutirse y corregirse. Pero apretar un tornillo suelto no es lo mismo que reconstruir un edificio derrumbado, y confundir ambas cosas nos deja sin herramientas para distinguirlas.
Ahí está el costo de la inflación retórica. Cuando todo es un golpe de Estado, nada lo es. El pastor que grita “¡lobo!” todos los días se queda sin voz el día en que el lobo aparece de verdad. Al calificar de “golpista” a un juez que simplemente resolvió distinto, o de “dictador” a un gobernante que perdió una votación, se erosiona el significado de esas palabras y, con él, nuestra capacidad de reaccionar ante una amenaza auténtica. Se normaliza, además, la lógica del enemigo: quien no coincide conmigo no se equivoca, conspira; no discrepa, traiciona. Esa gramática no fortalece la democracia; la envenena.
Costa Rica tiene motivos para preocuparse por la salud de sus instituciones, pero ninguno para creerse al borde del abismo autoritario. La diferencia entre una cosa y otra es, precisamente, la que se pierde cuando el debate público se salda a punta de etiquetas. Cuidar el lenguaje —reservar las palabras graves para los hechos graves— no es un gesto de corrección política: es una forma de higiene democrática. Nos conviene recuperarla antes de que, a fuerza de ver golpistas imaginarios, dejemos de reconocer a los de verdad.