En los últimos días hemos escuchado una expresión tan grave como preocupante: “golpe de Estado judicial”. Se ha dicho que la Sala Constitucional dio un golpe al extender temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes, ante meses de bloqueo político en la Asamblea Legislativa. Se ha anunciado incluso que no se acatarán sus sentencias y que se denunciará penalmente a los magistrados. Mientras tanto, el Poder Judicial denuncia recortes presupuestarios que amenazan su funcionamiento. Conviene preguntarnos con calma: ¿qué es realmente un golpe de Estado y qué papel juega la independencia judicial en una democracia?
Un golpe de Estado, en sentido básico, es una ruptura ilegítima del orden constitucional para concentrar el poder en pocas manos. No es cualquier conflicto entre poderes ni cualquier sentencia incómoda. Es una decisión o conjunto de decisiones que destruyen los mecanismos normales de división de poderes y control recíproco. Por eso es tan grave utilizar ese término: porque nombra la muerte de la democracia. Usarlo de manera ligera, para describir simplemente un fallo que no nos gusta, debilita el significado de la palabra y confunde a la ciudadanía.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene diciendo desde hace años que la independencia judicial es uno de los pilares del debido proceso y del acceso a la justicia. La Corte ha llegado a considerar que las normas sobre independencia judicial tienen carácter de regla imperativa: deben respetarse siempre, porque sin ellas los demás derechos quedan en el aire. Cuando una persona acude a un tribunal, tiene derecho a que la escuche un juez competente, independiente e imparcial. Eso significa que el juez no puede decidir por miedo a represalias políticas, por cálculos partidistas ni por presión de actores económicos poderosos.
La independencia judicial no es un privilegio de los magistrados; es un derecho de la gente. Si los jueces saben que pueden perder el presupuesto, el cargo o la reputación por dictar sentencias incómodas, ¿quién se va a atrever a frenar un abuso de poder? Un Poder Judicial que no puede trabajar con tranquilidad es un Poder Judicial que deja de ser un contrapeso efectivo. Y cuando desaparecen los contrapesos, la democracia se convierte en un decorado: hay elecciones, pero no hay límites reales al poder.
Por eso preocupa el clima actual. Se acusa a la Sala IV de “golpe de Estado” por adoptar una medida para asegurar su funcionamiento ante un bloqueo político en los nombramientos. Se anuncia que no se acatarán sus resoluciones. Se recorta el presupuesto del Poder Judicial en porcentajes que dificultan seriamente la investigación y el juzgamiento, precisamente en un momento de alta violencia y complejidad social. Todo eso dibuja un patrón en el que el poder político intenta restar fuerza al poder judicial, no al revés.
La sentencia que se ha criticado podrá gustar más o menos, como ocurre con todas las decisiones judiciales. Es legítimo debatir si la solución escogida es la mejor, si se ajusta correctamente a la Constitución, si había alternativas. Pero hay una frontera que no deberíamos cruzar: la descalificación global del Poder Judicial como enemigo político y la amenaza abierta de desobedecer sus fallos. Un gobierno puede y debe criticar, pero no puede negar la propia lógica del Estado de derecho, que se basa precisamente en que todos, también el Ejecutivo y la Asamblea, están sometidos a la Constitución y al control de los tribunales.
La experiencia internacional muestra que los ataques sistemáticos a la independencia judicial suelen ser una señal temprana de retroceso democrático. No siempre se produce un golpe clásico, con tanques y cierres del Congreso. A veces lo que hay son “golpes presupuestarios”, campañas de desprestigio, reformas apresuradas para controlar nombramientos o limitar competencias, amenazas de procesos penales contra jueces incómodos. El resultado, al final, es parecido: un Poder Judicial debilitado y una ciudadanía con menos herramientas para defender sus derechos.
Defender hoy la independencia judicial en Costa Rica no significa estar de acuerdo con todas las sentencias ni idealizar a los magistrados. Significa recordar que, sin jueces que puedan decir “no” al poder cuando la Constitución lo exige, los derechos humanos se vuelven promesas en papel. Los primeros afectados por un Poder Judicial intimidado no son los jueces, sino las personas y comunidades que necesitan que alguien detenga un abuso, investigue una corrupción, frene una reforma inconstitucional.
El lenguaje importa. Si llamamos “golpe de Estado” a cada fallo que incomoda, cuando llegue un verdadero intento de romper el orden constitucional quizá ya no tengamos palabras ni instituciones fuertes para nombrarlo y resistirlo. Por eso es urgente bajar el volumen de la confrontación y recuperar algo básico: en una democracia, los conflictos entre poderes se resuelven con argumentos, recursos y respeto a las reglas, no con descalificaciones que erosionan la confianza en quienes deben proteger nuestros derechos.