Una carta anónima acusa al órgano controlado por el PPSO de generar un clima de miedo; Yara Jiménez negó haber detectado hostigamiento y ofreció contratar un estudio externo.
Una carta anónima atribuida a funcionarios y funcionarias de la Asamblea Legislativa denunció un supuesto ambiente de acoso laboral, hostigamiento y persecución política dentro de la institución desde que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) asumió el control del Directorio Legislativo. El señalamiento llegó este jueves a la reunión de jefaturas de fracción, donde representantes de tres bancadas solicitaron investigar el clima organizacional del Congreso.
El documento no identifica a sus autores, no incluye firmas ni precisa cuántas personas respaldan sus afirmaciones. Sus remitentes justificaron el anonimato por el temor a perder sus nombramientos, sufrir traslados, quedar incluidos en procedimientos administrativos o enfrentar represalias por sus posiciones políticas e ideológicas.
La carta atribuyó al Directorio decisiones, instrucciones y solicitudes de información que, según sus autores, generaron un "verdadero clima de miedo" dentro de la administración legislativa. También afirmó que algunas dependencias reciben pedidos extensos con plazos difíciles de cumplir y que, cuando las jefaturas advierten sobre esas limitaciones, las autoridades cuestionan su capacidad y profesionalismo.
Se está gobernando con miedo. Y un Parlamento democrático no puede permitir que sus propios funcionarios trabajen bajo esa lógica".
Los remitentes también sostuvieron que cualquier duda, inconformidad o queja puede terminar en una solicitud de información, una investigación preliminar o un procedimiento administrativo, aunque finalmente no se determine responsabilidad. Según la carta, esa situación provoca desgaste, angustia, afectaciones psicológicas y temor a perder el trabajo, aunque el documento no aportó estadísticas de incapacidades, expedientes concretos ni otros elementos para comprobar esos señalamientos.
La denuncia agregó una supuesta dimensión política e ideológica. Sus autores afirmaron que funcionarios que no simpatizan con el Gobierno sienten que las autoridades los observan y presionan de manera distinta, mientras las solicitudes de listados de personal despiertan temor sobre eventuales sustituciones, concursos o movimientos administrativos.
Existe una percepción generalizada de que la persecución no es únicamente laboral, sino también política e ideológica".
La carta cuestionó además el uso de nombramientos por periodos cortos y aseguró que esa inestabilidad dificulta que las personas objeten órdenes, denuncien irregularidades o defiendan sus criterios profesionales. También acusó a la Auditoría Interna de utilizar sus informes como mecanismos de presión y reprochó al sindicato UTRALEG su supuesto silencio ante las preocupaciones del personal.
El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez Bogantes, llevó el asunto a la reunión de jefaturas y pidió una acción del Directorio. Ramírez también expresó preocupación por las condiciones del personal que atiende el plenario durante jornadas prolongadas, especialmente ujieres y agentes de seguridad que salen de noche, utilizan autobús y, según dijo, no siempre reciben alimentación adecuada.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, rechazó que las jornadas constituyan explotación laboral y aseguró que la institución respeta los horarios y paga las horas extraordinarias. La diputada del PPSO afirmó que las sesiones terminaron, como máximo, alrededor de las 8:20 p. m., aunque aceptó revisar la situación de quienes consideran peligroso desplazarse a esa hora.
Yo no siento que sea una cosa tan delicada salir a las ocho de la noche de acá. Es lo más que hemos salido, ocho, ocho y veinte".
Jiménez comparó esas condiciones con las de trabajadores de empresas privadas y otras instituciones públicas que salen a las 9 o 10 de la noche. La presidenta recordó que durante su juventud también utilizó autobús a esas horas y señaló que nunca sufrió un incidente, pero posteriormente manifestó disposición para revisar los horarios y las condiciones del personal.
La jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, explicó que recibió el correo anónimo y remitió un oficio a Jiménez para advertirle sobre la denuncia. Gordienko dijo que los remitentes describieron persecución, acoso, miedo y una presión mayor contra quienes no pertenecen al "movimiento predominante", en referencia al PPSO.
Jiménez respondió que necesita identificar personas y acciones concretas antes de abrir investigaciones preliminares o procedimientos sancionatorios. También dijo que las gerencias y la mayoría del personal ya trabajaban en la Asamblea antes de que el actual Directorio asumiera sus funciones, por lo que cuestionó que sus integrantes puedan perseguir políticamente a funcionarios.
Yo no he logrado identificar este hostigamiento. Vean que, de hecho, no hemos movido absolutamente ninguna gerencia".
La presidenta reconoció, sin embargo, que algunos gerentes le plantearon problemas dentro de sus dependencias y aseguró que ya revisaba uno de esos casos. Gordienko aclaró que no solicitaba procedimientos disciplinarios, sino un análisis general del clima laboral, porque el anonimato de los denunciantes podría responder precisamente al temor a represalias.
Yo no sé quiénes firmaron la carta anónima, pero yo, como mínimo, siento que sí, que si un grupo de funcionarios detalla todo esto, se lo envía a varias diputaciones, algo está pasando".
Jiménez ofreció revisar la disponibilidad presupuestaria para contratar, mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), una empresa externa que realice un estudio sobre el clima organizacional de la Asamblea Legislativa. La presidenta también invitó a los funcionarios a acercarse y exponer directamente sus preocupaciones.
Ramírez respaldó esa propuesta y afirmó que varias personas se acercaron a las diputaciones para comunicar su temor a presentar denuncias individuales. La jefa de fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles Camargo, agregó que la carta describe un ambiente hostil, con vigilancia y falta de espacios seguros para denunciar, además de posibles afectaciones psicológicas e incapacidades laborales.